La empresa minera Aruntani solicitó formalmente a los nuevos titulares de los ministerios del Interior (MININTER) y de Energía y Minas (MINEM) la urgente intervención de las autoridades correspondientes, a fin de que adopten las acciones necesarias para permitir la liberación de la vía de acceso bloqueada y se retome la normalidad del tránsito de personal, insumos y productos desde y hacia la ex unidad minera Jesica - Arasi.

El pasado 1° de mayo desconocidos, cerca de la Comunidad Campesina de Chañi, en la región Cusco, bloquearon, ilegalmente, una vía de acceso vecinal.

Dicho bloqueo impide el ingreso de insumos, materiales y personal hacia la citada unidad minera que no extrae minerales desde el año 2019, los mismos que son necesarios para continuar con las actividades de cierre de minas, proceso que, según el artículo 61 del Reglamento de Cierre de Minas, recae en la Dirección General de Minería del MINEM.

En ese sentido, el bloqueo a la vía que se radicalizó el pasado 20 de mayo y aún no ha sido resuelto por parte de las autoridades del gobierno Central, genera una situación de elevado riesgo y contingencia ambiental, ya que afecta el abastecimiento de los insumos necesarios para el normal funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Ácidas de la unidad minera.

La empresa informa que esta situación afecta el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los instrumentos gestión ambiental, normativa ambiental e incluso de los mandatos ordenados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ya que su cumplimiento está condicionado por la falta de acceso de insumos, materiales y del propio personal de la empresa.

Por ello, además de haber informado a los titulares del MININTER y MINEM, la empresa cumplió en alertar al OEFA y a la Autoridad Nacional del Agua, para que procedan de acuerdo a sus atribuciones.

Aruntani señala que a la fecha cuenta con un stock de insumos que solo permitirá sostener el funcionamiento normal de las plantas de tratamiento de aguas ácidas por cuatro días y, a partir de dicho plazo, la operación y funcionamiento de las plantas se paralizará de forma progresiva.

Por lo cual, de no darse una solución a este problema, podrían darse incidentes que afecten al medio ambiente y la salud de las 1.500 personas que viven en las comunidades aledañas a la unidad minera.