El gobierno de Pedro Castillo convocó al mismo tiempo a la Iglesia católica y a la policía para solucionar un largo conflicto entre campesinos quechuas de los Andes y una de las minas de cobre más grandes del mundo, cuya producción está paralizada desde hace casi 50 días.

El jefe de la Región Policial Apurímac, Roger Pérez, señaló que los comuneros de Fuerabamba (Challhuahuacho) -uno de los grupos que protesta contra Las Bambas- se han quedado solos en su medida de lucha y anunció que las autoridades realizarán una intervención para su desalojo.

“Hay comuneros en Challhuahuacho que se han dedicado a hacer empresa y ellos viven prácticamente de la actividad minera. Entonces, ellos no están de acuerdo con el grupo de comuneros (de Fuerabamba) que han paralizado la empresa, no todos están en un mismo sentido”, señaló Pérez a RPP.

Aseveró que los comuneros de Fuerabamba, prácticamente, se han quedado aislados y solos. “Es por eso que ya no tienen intención de seguir entrando (a territorio de Las Bambas). El problema actual es en la zona de Huancuire, distrito de Coyllurqui”, precisó.

Con la finalidad de restablecer el diálogo con las comunidades de Las Bambas tras el conflicto interno que se vive en la región Apurímac, la comitiva del Ejecutivo viajará hasta esta zona para buscar consensos que permitan el restablecimiento de la actividad minera en esta localidad.

Ante esto, el ministro de Justicia, Félix Chero, anunció que este 7 de junio llegarán a dicha región con una comitiva conformada por miembros del Ejecutivo tales como los ministros de Comercio Exterior, Roberto Sánchez; de Transportes, Juan Barranzuela; del Ambiente, Modesto Montoya; y las ministras de la Mujer, Diana Miloslavich, y Energía y Minas, Ale­ssandra Herrera.

Consultado sobre el contingente policial en la zona, Roger Pérez indicó que se tiene el número adecuado de efectivos para restablecer el orden. “No les puedo dar la cantidad para evitar aprovechamiento de información, pero si estamos seguros que será un éxito”, acotó.

“Está en cuenta regresiva (el desalojo), ya falta poco. El día que iniciemos ya se comunicará los éxitos de este trabajo y empezaremos, nuevamente, a buscar que la empresa minera reactive sus actividades”, explicó la autoridad policial.

Asimismo, Pérez aclaró que primero se mandará a un grupo de avanzada para conversar con los comuneros y tratar de que abandonen el lugar. “Es el protocolo que realizamos antes de restablecer el orden para decirle a los dirigentes que desistan de actitudes violentas, y si existe una reacción violenta recién imponemos el principio de autoridad”, finalizó.

Como se recuerda, ayer martes 7 de junio, se cumplió un mes de la declaratoria de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, lugares que atraviesan por un conflicto social con la empresa minera MMG Las Bambas.

La Iglesia católica dijo el martes en un comunicado que fue convocada por Castillo, pero al mismo tiempo la policía anunció que trabajan un plan para desalojar a los campesinos de la comunidad de Huancuire. “Tenemos necesariamente que disolver está agrupación de personas, sin llegar a lesionar”, dijo el general Roger Pérez jefe de la policía de Apurímac, la región donde está ubicada la mina.

"Primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos”, añadió el jefe policial a la radio local RPP.

Los campesinos muestran escepticismo frente a la actitud del gobierno de convocar al mismo tiempo a la iglesia y a la policía. “Parece que los mensajes del Estado son contradictorios”, dijo a The Associated Press el abogado Luis Muñoz, quien asesora a una de las comunidades en conflicto llamada Fuerabamba.

Perú acumula 209 conflictos en todo su territorio, de los cuales el 63% son de origen socioambiental ligados a actividades extractivas incluida la minería, según la Defensoría del Pueblo. El conflicto en Las Bambas se fue acumulando a lo largo de los años sin que los últimos gobiernos lo hayan resuelto.

Félix Chero manifestó que hay seis comunidades de las Bambas que enviaron un documento formal a fin de solicitar que nuevamente se abra el diálogo en esta región. Es por ello y en respuesta al pedido, la comitiva del Ejecutivo esta viajando a esta ciudad.

Tras esto, el ministro de Justicia añadió que están invitando a la empresa y a los actores de la sociedad civil para que también estén presentes y puedan escuchar las exigencias de los dirigentes de estas comunidades.

Al ser consultado si es que se levantará el estado de emergencia, una de las exigencias de los pobladores para continuar el diálogo, el funcionario manifestó que eso lo coordinará con ellos, ya que el último acuerdo que tuvieron es que ellos consultarían a sus comunidades la pertinencia de levantar toda acción de protesta y, en contrapartida, se levantaba la medida restrictiva.

LOS IMPACTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO QUE TENDRÁ APURÍMAC POR EL CONFLICTO EN LAS BAMBAS

JONATHAN TERRANOVA/GESTIÓN

La expectativa de una pronta solución a los conflictos que se han producido en Las Bambas es poca, pues no hay disposición por parte del Estado para encontrarla, y esto es muy peligroso, en particular, para Apurímac. No se está poniendo sobre la balanza las pérdidas que todo esto trae, señaló Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP).

La minera Las Bambas está paralizada desde el 20 de abril debido a protestas, muchas de ellas violentas, bloqueos de la carretera e invasiones y ataques a las propiedades de la empresa por parte de las comunidades Fuerabamba y Huancuire de Apurímac. Este es un problema relevante para la región, que anteriormente la llevó a que se contraiga durante el cuarto trimestre de 2021, periodo en el cual Las Bambas se paralizó (entre el 18 y 30 de diciembre), debido a este tipo de conflictos.

Parodi mencionó que el primer impacto es por el canal del empleo, porque está comprometiendo el futuro de muchos puestos de trabajo derivados de la actividad minera, la cual tiene un peso importante en el PBI del departamento.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el PBI de Apurimac pasó de alrededor de S/ 2,630 millones en el 2015 a S/ 6,343 millones en el 2016 (año en que Las Bambas entró en operación). Las cifras se mantuvieron por encima de los S/ 7,000 millones en los años siguiente hasta el 2020 (año de las restricciones el COVID-19). Asimismo, el PBI percápita de la región de Apurímac es de S/ 15,000 en contraste al registro del 2007 que estaba alrededor de S/ 4,200.

“Las Bambas ha venido invirtiendo millones en comprar insumos a proveedores tanto de Apurímac como en Ayacucho y Cusco (S/ 1,495 millones en adquisición de bienes y servicios entre el 2016 y 2021, según la minera). De continuar el conflicto, además de la pérdida de empleos directos, muchas pequeñas empresas se quedarían sin su principal demandante. Mas o menos el 78% del Producto Bruto Interno (PBI) de Apurímac se debe a Las Bambas. Entonces, en términos de producción, el departamento se vuelve insignificante si las operaciones siguen paradas”, apuntó Parodi.

En el mismo sentido, Flavio Ausejo, director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, indicó que el efecto en el empleo directo e indirecto es importante para la región. Destacó que un empleo en el sector minero genera otros seis puestos indirectos dentro y fuera del departamento.

“El impacto en Apurímac se sentiría rápido, pues se está hablando de una paralización (de Las Bambas) de golpe, lo que resta dinámica a la economía de la región. En la medida que la minera vaya tomando decisiones para reducir la inversión, habría un efecto inmediato en los bolsillos de las personas. Cuanto más tiempo pase, los efectos se van asentando más, lo que empeora las expectativas asociadas a gasto e inversión de muchos de los negocios en Apurímac”, anotó.

Parodi mencionó que Las Bambas es la principal fuente de recaudación tributaria del gobierno regional de Apurímac y sus pares locales, a través del canon. Ante ello, la paralización de las actividades implica dejar de captar recursos para ejecutar obras públicas y cerrar brechas.

Cabe indicar que, según un informe de Macroconsult, desde el inicio de operaciones de la minera hasta el 2020 se entregó S/ 1,115 millones por transferencias de regalías constractuales, las cuales llegaron a todos los gobiernos subnacionales de la región, además de las dos universidades nacionales que alberga.

Asimismo, la entidad señaló que en el distrito de Challhuahuacho (donde se ubica la mina) los recursos transferidos por Las Bambas en el 2020 representaron el 65% de su presupuesto total, y 75% del de inversión.

“Las dos universidades públicas (Universidad José María Arguedas y Universidad Micaela Bastidas) de la región tienen ingresos significativos por el canon, y lo dejarían de percibir. Este sería un hecho catastrófico para Apurímac. El gran problema es que se está quedando sin recursos para enfrentar el actual contexto”, apuntó el profesor de la UP.

Al respecto, Ausejo resaltó que el cierre de la mina ya ha ocasionado pérdidas importantes para Apurímac, lo cual repercutiría en el bienestar de la sociedad y podría reflejarse en las cifras de pobreza.

Según el INEI Apurimac se encuentra en el segundo grupo de las regiones con mayor incidencia de pobreza monetaria, pues se ubica en el rango de 24% a 27.1%; no obstante, en el 2015, si bien la región estaba también en el grupo de incidencia, su rango era de 34.3% y 38.5%. En relación a ello, según reportó Macroconsult, la tasa de pobreza monetaria en Challhuahuacho, Mara y Tambobamba (distritos de Cotambamba, provincia de la mina) pasó de 86% en el 2007 a 46% en el 2018.

“Habrá una caída en los recursos disponibles del departamento, los cuales, hasta marzo, por canon minero (regalías, y derechos de vigencia), son alrededor de S/ 202 millones. No es poco dinero, Hoy no hay respuesta propia desde el Estado con respecto al problema en Las Bambas. No hay autoridades competentes”, manifestó.

LARGO PLAZO
Ausejo mencionó que, en el largo plazo, se debe tomar en cuenta que detener estas inversiones afectan calidad de vida y poder adquisitivo de las familias, lo que finalmente repercute en el desarrollo de los más jóvenes.

“Hacia el 2024 y 2025 muchos niños podrían tener problemas asociados a la salud, como el aumento en los registros de anemia y desnutrición crónica, pues la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias haría más difícil que se eviten estos problemas. Por lo mismo, se podrían ver peores registros en los logros de aprendizaje. Todo ello limita las perspectivas futuras de desarrollo e ingresos de los menores”, indicó.

Por otro lado, Parodi señaló que el actual escenario también reduce las perspectivas de inversión futuras en Apurímac, lo que finalmente puede empobrecer aún más a la región.

“Lo que pasa en Las Bambas se entiende como una señal clara de que en Apurímac no se puede hacer minería. En el 2011 se opusieron a que se haga el proyecto aurífero de Conga en Cajamarca, que era un departamento de media tabla en cuanto a nivel de pobreza. Después de diez años, este es el departamento más pobre del Perú”, dijo.

EN CORTO
Según INEI, en el año 2021, la pobreza monetaria a nivel nacional fue de 25.9%. Del grupo de departamentos con niveles mayores se encuentra Cajamarca con incidencias en el rango de 36.7% a 40.9%.