Fue crucial que la comisión del Ejecutivo visitara cada una de las seis comunidades. Dirigente dice esperar que el presidente Pedro Castillo garantice el cumplimiento de acuerdos
RAÚL CABRERA RAMOS
Luego de 58 días, las seis comunidades de la región de Apurímac acordaron darle una tregua a la empresa minera Las Bambas para que en ese lapso se instalen las mesas de trabajo a fin de atender sus demandas y algunos compromisos incumplidos.
La reunión, que estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se desarrolló en la cancha sintética de la comunidad campesina de Pumamarca, provincia de Tambobamba.
Fueron cinco los acuerdos asumidos. Las comunidades levantarán toda medida de fuerza por un plazo de 30 días para garantizar el reinicio total de las operaciones y transporte necesarios para la minera y, a su vez, el reinicio total de las actividades comerciales.
Además, se instalarán mesas de diálogo en cada comunidad, con participación de la Defensoría del Pueblo, del 15 de junio al 15 de julio. Cinco días después se reunirán para evaluar resultados.
Por su parte, el gobierno levantará el estado de emergencia en la zona; mientras que la minera se compromete a no reiniciar actividades en el Tajo Chalcobamba durante la tregua y a evaluar la reestructuración de sus funcionarios. En tanto, los pobladores resaltaron que, si no se obtienen resultados, retomarán las protestas.
Uno de los puntos de mayor controversia fue el levantamiento inmediato del estado de emergencia, a pedido de las comunidades. Al respecto, el ministro Chero señaló que este tema será tratado en sesión extraordinaria de la PCM.
El titular de Justicia, que estuvo acompañando por los ministros de Ambiente, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, y Mujer y Poblaciones Vulnerables, dijo que el acuerdo es un logro debido a que se ha estado coordinando previamente con las comunidades, además de que el último jueves visitaron a cada una de ellas. “Podemos dormir con la consciencia tranquila de que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo”, sostuvo.
VOLUNTAD DE DIÁLOGO
Por otro lado, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, reiteró que no son antimineros y remarcó que adoptaron dicha medida por los compromisos incumplidos.
“Hemos dado la tregua para que la empresa retome sus actividades. Esperamos que el estado de emergencia sea levantado mañana (hoy) mismo. Esta es una demostración de nuestra voluntad de diálogo, y confiamos en que el presidente Castillo garantizará que los acuerdos serán cumplidos”, indicó.
El dirigente detalló que el diálogo con las comunidades será progresivo, y empezarán con Fuerabamba.
“Los comuneros tienen necesidad de alimentación, salud y empleo. Hemos pedido que haya preferencia laboral para quienes son de la zona de influencia directa de las actividades de la mina. Lamentablemente solo las medidas de fuerza han permitido que seamos escuchados. Nosotros no hubiéramos querido llegar a esta situación”, dijo.
“Ha habido difamación contra mí y otros dirigentes —se quejó—. Se ha hecho creer que somos millonarios. Solo pedimos que se cumplan los compromisos que se han asumido hace 11 años, pero recién ahora se ha tomado interés”.
EL ACTA: Fueron seis acuerdos los que se alcanzaron ayer (9/6). La tregua de 30 días permitirá el reinicio de las labores de la minera Las Bambas.
Encuesta Datum: 71% de peruanos cree que el gobierno es incapaz de resolver conflictos mineros
PERÚ21
En medio de un clima de conflictividad social por la paralización de importantes proyectos mineros en el país, la última encuesta de Datum Internacional da luces respecto de lo que opinan los peruanos al respecto.
El sondeo, realizado a nivel nacional, revela que un 71% de la población considera que el gobierno no tiene la capacidad para solucionar los conflictos mineros que solo en el caso de Las Bambas, por ejemplo, tiene ya casi 60 días sin que haya solución a la vista.
En ese contexto hay un 33% que estima que el único camino para superar la crisis política actual es reformar la Constitución para adelantar las elecciones y proceder a una renovación de autoridades tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo.
A esa propuesta se suma un 30% de ciudadanos que cree que el jefe de Estado debe renunciar a su cargo; 24% señala que debe gobernar hasta concluir su mandato y un 11% opina que el Congreso de la República debe insistir en su vacancia.
GABINETE TORRES
Consultada su posición respecto del actual gabinete ministerial, un 44% de entrevistados afirma que se debe cambiar a todos sus integrantes incluyendo el primer ministro Aníbal Torres, un 29% cree que pese a que ya se han realizado algunos cambios –como el del titular de Desarrollo Agrario y Riego Javier Arce– aún hay ministros que deberían ser cambiados.
TRATO A LA PRENSA
Otro aspecto que aborda la encuesta de Datum –realizada entre el 3 y 7 de junio a un total de 1,206 hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos– es el trato que le da el gobierno de Castillo a la prensa.
El resultado es categórico: un 64% estima que el presidente no respeta la libertad de prensa.
APROBACIÓN A AUTORIDADES
En cuanto a niveles de aprobación, la encuesta revela que el presidente de la República registra un 71% de respaldo frente a un 23% que lo desaprueba.
La situación no varía mucho en el caso del primer ministro Aníbal Torres, quien tiene una aprobación de 22% y una desaprobación del 62%.
Con respecto al Parlamento, empero, las cifras se incrementan. Un 80% desaprueba la labor que viene desarrollando dicho poder del Estado y solo el 13% le da su respaldo.