SERGIO SERRICHIO

En su presentación ante la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que defendió el impuesto a la “renta inesperada”, el ministro de Economía, Martín Guzmán, relativizó el hecho de que en el país existan 165 tributos, según la actualización más reciente del “Vademécum Tributario” del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Guzmán dijo que a nivel nacional existen solo 28 impuestos (aunque el relevamiento del Iaraf da cuenta de 41), preguntó retóricamente “¿Hay alguien que paga 165 impuestos?”, contestó que “nadie paga eso” y restó importancia al número de tributos destacando que, al igual que EE.UU., la Argentina es un país “federal”.

Además, el ministro dijo que de los impuestos nacionales, 12 explican el 94,5% de la recaudación total (tácito reconocimiento a la conveniencia de una simplificación) y que “en las provincias habrá que ir eliminando gradualmente los más distorsivos”, soslayando que, durante su gestión ocurrió lo contrario: un nuevo “Pacto Fiscal” habilitó a los gobiernos provinciales a desistir del compromiso previo de disminuir el más distorsivo de todos, Ingresos Brutos, e incluso a volver a aumentar la alícuota general.

Guzmán dijo también que la presión tributaria en la Argentina es en promedio más baja que en los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), suerte de “Club de países ricos” de alta tributación y servicios públicos de calidad superior a los que brinda el Estado argentino, como reflejan, por caso, las estadísticas de seguridad ciudadana y los resultados de pruebas estandarizadas internacionales que miden el aprendizaje escolar.

Nadin Argañaraz, director del IARAF, ratificó a Infobae la cuenta de 165 tributos del “Vademecum 2022″, aunque aclaró: “bajo ningún punto de vista afirmamos que una persona o empresa paga 165 tributos; interpretarlo así es de mala fe”. Sin embargo, añadió, “si una empresa opera en las 24 jurisdicciones tiene que tributar en todos los municipios donde opera, cumplir convenios multilaterales y asumir los costos de administración que eso significa”. Y añadió: “las tasas municipales “tienen un alto costo de fiscalización, es necesario simplificar, pero no es lo mismo número de tributos y presión tributaria: se podría tener un impuesto de suma fija para las personas y ser de alta carga fiscal; son cosas diferentes”.

MUCHOS Y PESADOS
En el caso argentino, sin embargo, conviven alto número de tributos y alta carga fiscal. Al respecto, la Fundación Libertad y Progreso consideró que la aprobación del impuesto a la Renta Inesperada “ubicaría al país con el mayor impuesto a los ingresos de las empresas en el mundo”. 

En base a datos de la American Tax Foundation, las empresas con ganancias superiores a los $1.000 millones (al dólar libre, menos de US% 5 millones) alcanzadas por el nuevo tributo pagarán una alícuota de 35% por sus ganancias netas imponibles y ,sobre el excedente de $1.000 millones, un adicional de 15%, con lo que el último tramo será de 50%. Además, recordó, para las empresas ya rige también un impuesto complementario del 7% sobre el giro de utilidades.

“El esquema actual de Impuesto a las Ganancias para sociedades ya posiciona a Argentina entre los 10 países con mayor presión impositiva; en comparación, el impuesto sobre los ingresos de las empresas en Chile es de 10%, en Uruguay del 25% y en Perú del 29%”, dice el informe, que recuerda además que se trata de la quinta reforma del Impuesto a las Ganancias para Sociedades desde 2016.

“El Gobierno encontró una excusa en los efectos de la invasión de Rusia y Ucrania para presionar más al sector privado y tratar de aminorar el déficit fiscal”, dijo Lautaro Moschet, economista de la Fundación. “Las ganancias o pérdidas son naturalmente parte de la actividad económica. Cuando acotan el margen superior de ganancias, pero el límite inferior sigue siendo el mismo los incentivos para seguir participando en el mercado son menores y también los incentivos a invertir”, dijo Moschet.

Eugenio Marí, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso contó que es la segunda suba del Impuesto a las Ganancias sobre las sociedades que realiza este gobierno y criticó “la estructura disfuncional del tributo, con alícuotas altas y falta de mecanismos efectivos para deducir inversiones; de ahí que en los regímenes especiales sectoriales siempre se incorporen modificaciones al tratamiento de este impuesto para las inversiones”.

Marí recordó además que, entre otras cosas, en 30 meses el gobierno aumentó el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, Derechos de Exportación, al Cheque, habilitó a las provincias a aumentar Ingresos Brutos, eliminó las alícuotas reducidas de IVA para productos de la canasta básica y creó el denominado Impuesto PAIS (a las compras de dólares)”.

EVOLUCIÓN RECIENTE
Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral de la Fundación Mediterránea y experto en temas fiscales, precisó a Infobae que la presión tributaria de los tres niveles de gobierno, subió de 21% a 34% del PIB entre los años 2000 y 2015, bajó luego a cerca de 30% en 2019 y volvió a subir hasta cerca de 32% con el actual gobierno.

“Es la segunda mayor Presión Tributaria Efectiva (PTE) en Latinoamérica, después de Brasil, y si se considera la Presión Tributaria Legal (PTL), es decir, la que existiría si no hubiera evasión en cada país, Argentina se ubica a la par de los países con mayor PTE del mundo, como los europeos y el mismo Brasil”.

En los últimos dos años, dijo Capello, la presión tributaria efectiva subió por inclusión de nuevos impuestos, modificación de los existentes, suspensión de la baja de impuestos prevista en el Consenso Federal de 2017 y habilitación a las provincias para que suban Ingresos Brutos sobre algunos sectores.

La cuestión excede lo monetario. También cuenta la complejidad del sistema tributario. “Ocurre no solo por la cantidad de tributos existentes (inclusive si se consideran solo los más relevantes, Argentina presenta tributos que en muy pocos países se aplican, como Derechos de Exportación, Débitos y Créditos Bancarios, Ingresos Brutos, Tasa de Seguridad e Higiene, etc.), sino también por la superposición sobre similares fuentes tributarias (lo más grave, la existencia de tres impuestos generales a las ventas, uno en cada nivel de gobierno, lo que para una empresa obliga a tratar con 3 fiscos diferentes sobre similar tipo de transacciones) y la existencia de complejos y gravosos sistemas de retención y recaudación anticipada”, dijo Capello.

Antonio Margariti, tributarista rosarino que a fines de 2020 murió a causa del Covid-19, fue una suerte de Dante Alighieri en su descripción del “infierno tributario” argentino. Además de identificar la maraña de impuestos, tasas y contribuciones de los tres niveles de gobierno contó 27 “regímenes nacionales de información fiscal obligatoria” y 20 “regímenes de retención y percepción de impuestos ajenos”.

Ya entonces, teniendo en cuenta la cantidad de contribuyentes en todas las jurisdicciones y el conjunto de empleados y profesionales especializados en temas impositivos, el tributarista calculó que el sector privado argentino dedicaba 143 millones de horas anuales para “estudiar, asesorar, reunir datos, conservar comprobantes, bajar aplicativos de la AFIP, rellenar formularios, obtener y archivar papeles, contabilizar y liquidar retenciones, conectarse online con la AFIP, presentar declaraciones juradas y pagar impuestos. Lo cual significa esterilizar una fuerza laboral de 71.365 personas con alto coeficiente intelectual, trabajando 40 horas semanales durante 50 semanas al año”.

Esa parafernalia fue captada por estudios internacionales. Según el último Doing Business publicado por el Banco Mundial, en “pago de impuestos” y considerando la cantidad de horas dedicadas a pagarlos y presión total, la Argentina se ubicaba en el puesto 170 sobre 190 (ordenados por peso tributario y facilidad administrativa), amén del hecho de que, según la publicación, las empresas argentinas pagaban 106,3% de impuestos en relación a sus utilidades (esto es, su aporte impositivo total superaba por más de 6% el monto de sus ganancias, ratio solo superado por las Islas Comoros).

Según Capello, el hecho de no querer tocar el gasto público, en especial el más ineficiente, o cierto gasto político, lleva al gobierno a quemar naves en materia de presión tributaria” y aumentar la carga tributaria sobre los sectores que le son políticamente más adversos.

EL PRINCIPAL FORMADOR DE PRECIOS
Por otra parte, un estudio de la Fundación UADE, sobre 9 productos de la Canasta Básica Alimentaria, precisó que el peso de los impuestos en el precio final es de: 27,45% en frutas y verduras; 27,3% en carnes; 39,6% en pescados; 32,6% en carnes procesadas; 36,2% en derivados de pescado; 34,9 % en derivados de frutas y verduras; 31% en aceites; y 33,4% en lácteos.

He ahí que el Fisco, a través de los impuestos, es el principal “formador de precios” y beneficiario directo de la inflación, pues su recaudación aumenta “inesperadamente” con el aumento de los precios en general y, en particular, con el aumento de los precios internacionales, de los que deriva un fuerte aumento de las retenciones a la exportación.

El ninguneo de Guzmán a la cantidad de impuestos que paga una empresa también choca contra fuentes oficiales. Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) relevó en su momento la cantidad de impuestos y la presión tributaria sobre 5 actividades económicas en 30 localidades del país y detectó casos de compañías que, operando en una sola localidad, pagan un mínimo de 21 y un máximo de 41 tributos teniendo en cuenta impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.

Los sectores relevados fueron Frigoríficos, Metalmecánica, Hotelería, Supermercados y Transporte y el informe constató una gran dispersión en las cargas fiscales. Las empresas fiscalmente menos acosadas son los frigoríficos pyme en la ciudad de San Luis, la capital puntana, y los más asediados los hoteles no pyme en Bariloche, el principal centro turístico de Río Negro y de la Patagonia.

Los principales impuestos nacionales pagados por las empresas en los cinco sectores relevados son el IVA, cuya incidencia es en realidad transmitida al consumidor final, por lo que no representa una “carga” sobre las empresas, salvo en casos de acumulación de créditos fiscales por largo tiempo, por el costo financiero que significan), el impuesto a las Ganancias, los aportes patronales y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Mucho más extensa es la lista de impuestos provinciales y municipales que si se toman en conjunto van desde un mínimo de 17 tributos a afrontar en Catamarca a un máximo de 36 tributos en Bariloche.

En todas las actividades, dice el informe, existe una dispersión mínima del 25% en cuanto al peso de la carga tributaria sobre empresas de una misma actividad pero en diferentes localidades (como el caso de la hotelería) hasta un máximo de 50% en el caso de los frigoríficos.

FISCOS PROVINCIALES
En las 30 localidades estudiadas las empresas afrontan, invariablemente, 3 tributos provinciales: Ingresos Brutos (que, como se dijo, las provincias, con la bendición del ministro Guzmán, volvieron a aumentar a partir de la firma, a fines de 2020, del “Nuevo Consenso Fiscal”) y, según la jurisdicción, tasa retributiva de servicios administrativos y judiciales, impuesto a las loterías, canon sobre el uso de agua de dominio público, impuesto sobre la nómina salarial, rentas diversas, derechos de explotación de áridos, tasa forestal, contribución por mejoras, tasa retributiva de servicios, fondo de emergencia agropecuaria, tasas por tramitación y visado de urbanizaciones y obras de arquitectura, impuesto al ejercicio de profesionales liberales, impuesto a la venta de combustibles, tasa de pesca e impuesto a la transmisión gratuita de bienes, entre otros.

Finalmente, aparecen los cargos y tasas municipales: Seguridad e Higiene y Habilitación de Comercios e Industrias, Alumbrado, Barrido y Limpieza, Conservación de Sumideros, Derechos de Cementerio, de Delineación y Construcción, Tasa por actuaciones administrativas, Publicidad en Vía Pública, Derechos de venta ambulante, Impuesto inmobiliario, Tasa de Inspección eléctrica, derecho de catastro, tasa ambiental, carnet de conducir, tasas por derecho de inspección de pesos y medidas, Transporte Público y Remoción y Estadía de Vehículos, Tasas de ordenamiento de Tránsito y Señalética, por Control de Marcas y Señales, Tasa por uso de terminales de ómnibus y, donde los hay, de Aeropuertos.

Esta cascada de imposiciones afecta a empresas de todo nivel. Un trabajo de Tesis sobre “Pyme en Argentina: evasión y presión fiscal en una era digital” de fines de 2021 en la Universidad de San Martín (Unsam) de Julieta Brianti y Fabiana Rivas, supervisado por la docente Verónica Bofelli, dice que las pymes “no buscan operar en la ilegalidad, sino simplemente adaptar los tributos a su real capacidad contributiva para subsistir en el tiempo”. 

Lo hacen, dice el trabajo, porque “se encuentran inmersas en un complejo sistema de tributación y para no estar en falta con el fisco deben conocer todas las resoluciones para poder cumplir con las declaraciones juradas, mensuales y anuales. Lo cual implica un costo adicional en materia administrativa-profesional, para evitar errores y sanciones.

Además de los impuestos nacionales, el estudio relevó la suma de tributos provinciales y municipales que paga una pyme típica en diferentes ciudades del país, a saber: 36 en Bariloche y 24 en Viedma (Río Negro), 30 en Salta, 29 en Bahía Blanca, 25 en Mar del Plata y 24 en La Plata (Buenos Aires), 29 en Posadas (Misiones), 27 en Resistencia (Chaco), 27 en Corrientes capital, 27 en Ushuaia, 26 en Córdoba capital y 24 en Río Cuarto (Córdoba), entre otras jurisdicciones.

El estudio relevó además que tras los aumentos ocurridos desde fines de 2020 la alícuota general de Ingreso Brutos, que explica el 75% de la recaudación de nivel provincial, oscila entre 1,5 y 5%, porcentajes que en rigor subestiman su incidencia, porque al aplicarse en cada eslabón de la cadena productiva su peso sobre el valor final del bien o servicio es mucho mayor y distorsiona la asignación de recursos de la economía.

LA EVASIÓN COMO RESULTADO DEL SISTEMA
El estudio del Ieral sobre la “presión tributaria legal” determinó además que si no fuera por la evasión, la presión tributaria efectiva en la Argentina sería más alta que en los países europeos. De hecho, precisó, la carga impositiva legal sobre empresas y familias argentinas supera las de España, Italia y Chile y compite cabeza a cabeza con Brasil.

El estudio analizó la carga impositiva sobre familias y empresas en 5 países y 9 municipios de América Latina y Europa, distinguiendo la presión “efectiva” (recaudación fiscal en porcentaje del PBI) y “legal”, la que resultaría si empresas y familias pagasen todos los impuestos, sin evadir ninguno de ellos, siquiera en parte.

El estudio constató así que la presión tributaria efectiva argentina subió cerca de 12 puntos porcentuales en los últimos 20 años, está entre las más altas de América Latina, junto a Brasil y que impuestos “distorsivos”, como las retenciones, el impuesto al cheque, ingresos brutos (provincias) y tasas de seguridad e higiene que (con diversos nombres), aplican los municipios, suman casi 8% del PBI.

Para precisar la verdadera presión tributaria asumió que empresas y familias pagan absolutamente todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales en 9 municipios de 5 países: CABA y La Matanza en la Argentina, Brasilia y San Pablo en Brasil, Santiago, en Chile, Madrid y Barcelona en España, y Roma y Milán en Italia.

Para las empresas, el estudio asumió el pago de Ingresos Brutos, Tasas de Seguridad e Higiene en dos rondas, compra de insumos y materias primas, y luego IVA, Aportes Personales, Contribuciones Patronales e Impuesto a las Ganancias sobre el “agregado de valor” del proceso productivo (…..). Llegó así a que para una empresa industrial de aparatos de uso doméstico la presión tributaria en CABA y La Matanza es menor a la de Brasilia y San Pablo y mayor a la de los demás ciudades y países. Pero si se excluye el IVA, la presión sobre una empresa situada en La Matanza y en CABA es superior a la de una firma similar en cualquiera de los demás municipios y países considerados.

LA MATANZA Y CABA
Los resultados mostraron también una alta presión tributaria sobre las familias. En La Matanza y CABA, de pagar todos los impuestos, las familias preservarían como “ingreso disponible” un máximo del 56,5% de su ingreso bruto, bien por debajo de los dos tercios que preservan en Santiago de Chila, Madrid y Barcelona e incluso del 57% que llega a preservar una familia pobre, en su respectivo contexto, en Roma y Milán.

La escasa importancia que Guzmán asigna a estas cuestiones deriva tal vez de la influencia de su secretario de Política Tributaria, el puntano Roberto Arias. En los años en que el kirchnerismo estuvo fuera del poder Arias, que completó su doctorado en Economía en la Universidad de La Plata con una tesis presentada a la Universidad de Columbia, se vinculó con Guzmán en el Instituto Gestar, un centro de estudios orientado por los entonces gobernadores José Luis Gioja (San Juan) y Sergio Urribarri (Entre Ríos), el hasta hace poco embajador argentino en Israel, condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción.

En una entrevista radial, Arias señaló que en la economía argentina “hay un bienestar que no se nota”. La percepción oficial de ese bienestar invisible a la mayoría de los argentinos parece la contracara de una presión fiscal que Economía no percibe y sobre la que sigue aumentando la carga.