GONZALO SÁNCHEZ

Kintul Folil, Kona Niyeo, Quiñelaf, Sierra Paileman, Los Berros y Kural Malal. Es difícil comprender, de primera mano, qué significa este encadenado de palabras. Pero la explicación es simple: son los nombres de algunas de las comunidades mapuches y tehuelches que habitan la zona atlántica y la meseta de Somuncurá en la provincia de Río Negro. Es una de las regiones más inhóspitas y menos desarrolladas de la Argentina.

El 20 de abril, la legislatura de Río Negro aprobó una ley que fija las bases para concesionar 650 mil hectáreas fiscales de esa misma área al grupo de capitales australianos Fortescue. La corporación, cuyo representante en Latinoamérica es el ex Puma Agustín Pichot, proyecta instalar allí una planta de producción de hidrógeno verde, amoníaco verde y sus productos derivados, alimentada por energía eléctrica obtenida de parques eólicos, que también desarrollará la misma compañía.

El hidrógeno verde es considerado uno de los combustibles del futuro. Apenas seis países los elaboran en todo el planeta. Bill Gates sostiene que su producción, aún cuando resulta compleja y costosa, es clave para reducir el calentamiento global.

La concesión para la ejecución del proyecto en Río Negro tendrá un plazo de 50 años, prorrogables por 25 años más. Por la superficie cedida, la provincia cobrará un canon y se dividirá en “tierra en producción” (afectada a la infraestructura) y aquella “retenida para etapas futuras”.

La meseta de Somuncurá es la región que habitan las comunidades mapuches y tehuelches que piden ser escuchados en el proyecto del hiddrógeno verde.

Se trata de una inversión millonaria, de más de 8 mil millones de dólares, anunciada en su momento por el presidente Alberto Fernández, durante la cumbre de Cambio Climático celebrada en Glasgow, Escocia, el año pasado. La gobernadora Arabela Carreras expresó que habrá estudios de impacto ambiental (aunque todavía no comenzaron) y se atenderán las necesidades de los habitantes de la zona.

El proyecto fue aprobado de manera unánime por la legislatura provincial. Allí, oficialismo y oposición, lo leen como una inyección de dinamismo económico y una oportunidad sin precedentes de desarrollo. Genera altísima expectativa la posibilidad de que se incremente la demanda de puestos de trabajo en una zona olvidada y por momentos fantasmal del sur del pais.

Pero hay por lo menos 16 comunidades como las mencionadas en el comienzo de este artículo que se oponen o plantean condiciones al proyecto original. Algunos dirigentes indígenas, más aguerridos, no descartan directamente iniciar escraches contra los australianos.

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, ya solicitó a la gobernadora Carreras que se cumpla con el proceso de participación y consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas. “Las comunidades deben tener acceso a la información sobre los alcances del proyecto y su impacto ambiental”, afirmó la titular del INAI al diario Río Negro el mes pasado.

Folleto ambientalista en contra del proyecto del hidrógeno verde en Río Negro.

Las comunidades plantean que no son parte del proceso ni fueron aún consultadas. Temen por el medio ambiente. En una nota presentada a la Legislatura señalan que las tierras fiscales de las cuáles habla el proyecto “en su mayoría están ocupadas por grupos descendientes de indígenas y pobladores dispersos mapuches y tehuelches en la provincia de Río Negro”.

Cuestionan que el proyecto no contempla la referencia constitucional al derecho indígena y a la Ley Integral del Indígena 2.287, que fue ratificada por la provincia.

“Se violan los derechos constitucionales de las comunidades y pobladores dispersos”, advierten e indican que no se contempla un plan de manejo del área natural protegida Meseta de Somuncurá, un sitio tan inexplorado como repleto de riquezas naturales en su subsuelo. Es tierra de guanacos y desolación, con unos pocos pueblos perdidos en la lejanía. Valcheta es la ciudad geográfica de referencia. Sierra Grande, a pocos kilómetros, la sede del proyecto de Fortescue.

Pero su viabilidad está por verse y mantiene en alerta a la compañía, que ya se comprometió a “atender las necesidades locales”. En los últimos días, el werkén (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche – Tehuelche de Rio Negro, Orlando Carriqueo, advirtió en conversaciones radiales que la Legislatura aprobó la cesión de 625.000 hectáreas por un canon que considera insignificante. “Transformado en pesos, es mínimo”, dijo Carriqueo. “Lo más grave es que ceden tierras con la gente adentro”.

Le preguntaron a Carriqueo si le sorprendió el acompañamiento del bloque del Frente de Todos, una fuerza política considerada cercana a los reclamos de los pueblos originarios: “El Frente de Todos es parte del negocio. Uno dimensiona la poca capacidad política que tiene el Frente cuando los legisladores saltan y mueven la cola con negocios como este”.

El dirigente dice que el proyecto extranjeriza tierra sin tener conocimiento de lo que hará la empresa. “¿Alguien sabe dónde estarán instalados los parques eólicos? Se aprueba un proyecto a ojos cerrados con el discurso del progreso y el derrame, algo que nunca ocurrió”, declaró.

“¿Quién les dijo que lo urbano es necesario para las comunidades? ¿Les preguntaron a las comunidades cuáles son sus expectativas? Tal vez las comunidades no quieran un parque eólico y lo que planteen sea un emplazamiento en medio de Bariloche o al costado de Viedma, donde corre viento igual”, expresó y anticipó que evalúan realizar escraches y denuncias internacionales a la empresa si no se repiensan los tiempos y la manera en que se discute el proyecto.