MIGUEL JIMÉNEZ

Nuevo golpe a la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para imponer límites a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.

Tras la sentencia que consagra el derecho a llevar armas de fuego en público y la que ha revocado el derecho constitucional al aborto, un Supremo de mayoría conservadora compromete ahora la agenda climática del gobierno de Joe Biden.

De nuevo, la sentencia se ha aprobado por seis votos a tres, con el rechazo de los jueces progresistas.

La sentencia de 89 páginas publicada este jueves no anula ninguna restricción concreta de emisiones en vigor, sino que quita a la EPA la autoridad para imponerlas para todo el país. Eleva ese poder al Congreso, donde los demócratas no cuentan con mayoría suficiente para desatascar sus propuestas legislativas.

Además, pueden perder el control de las dos cámaras en las elecciones de mitad de mandato, que se celebran el 8 de noviembre y en las que se renueva un tercio del Senado y los 435 miembros de la Cámara de Representantes.

Los Estados pueden aprobar sus propias normativas, pero muchos de ellos no son partidarios de restricciones ambiciosas.

La sentencia describe que la EPA considera que “el Congreso le encomendó implícitamente, y solo a ella, la tarea de hallar el equilibrio entre las numerosas consideraciones vitales de política nacional implicadas en la decisión de cómo obtendrán los estadounidenses su energía.

La EPA decide, por ejemplo, hasta qué punto es factible cambiar el carbón por el gas natural en 2020, 2025 y 2030 antes de que la red se colapse, y hasta qué punto pueden subir los precios de la energía como consecuencia de ello antes de que se conviertan en irrazonablemente exorbitantes”.

Y concluye: “Hay pocas razones para pensar que el Congreso asignó esas decisiones a la Agencia”.

Los magistrados progresistas afirman en su voto particular que la opinión de la mayoría quita a la EPA “el poder para responder al reto medioambiental más acuciante de nuestro tiempo”. A través de un comunicado, Biden ha dicho que se trata de “otra decisión devastadora del Tribunal que pretende hacer retroceder al país”.

“Aunque esta decisión amenaza con dañar la capacidad de nuestro país para mantener nuestro aire limpio y combatir el cambio climático, no cejaré en el uso de mis autoridades legales para proteger la salud pública y hacer frente a la crisis climática”, ha añadido, para concluir: “Nuestra lucha contra el cambio climático debe seguir adelante y lo hará”.

El gobernador de California, Gavin Newson, ha escrito en Twitter: “Este Tribunal Supremo está empeñado en hacer retroceder el reloj e ignorar la realidad. Ahora, han amordazado la capacidad del gobierno federal para hacer frente al cambio climático”.

Los republicanos, sin embargo, han celebrado la decisión: “Hoy, el Tribunal Supremo ha devuelto el poder al pueblo. Al ponerse del lado del Estado de Virginia Occidental, el Tribunal ha deshecho las regulaciones ilegales emitidas por la EPA sin ninguna autorización clara del Congreso y ha confirmado que solo los representantes del pueblo en el Congreso —no los burócratas no elegidos y que no rinden cuentas— pueden escribir las leyes de nuestra nación”, ha afirmado en un comunicado el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

UNA VICTORIA PARA LAS PETROLERAS
La sentencia es una clara victoria para las compañías petroleras y mineras. El caso, Virginia Occidental contra la EPA, fue presentado originalmente por los Estados de Virginia Occidental, Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Wyoming y el gobernador de Misisipi. 

A esos 19 Estados se unieron posteriormente el Estado de Dakota del Norte y dos históricos gigantes de la minería de carbón en Estados Unidos, The North American Coal Corporation y Westmoreland Mining Holdings.

Esos Estados, muchos de ellos ricos en carbón y petróleo, plantearon la siguiente cuestión: “¿Autorizó constitucionalmente el Congreso a la Agencia de Protección Medioambiental a dictar normas importantes —incluidas las capaces de remodelar las redes eléctricas del país y descarbonizar unilateralmente prácticamente cualquier sector de la economía— sin ningún límite a lo que la agencia puede exigir siempre que tenga en cuenta el coste, los impactos no atmosféricos y los requisitos energéticos?”

La respuesta de los jueces es que no lo hizo, que decisiones tan relevantes solo pueden depender del Congreso o de una agencia gubernamental que haya recibido una “delegación de poderes clara” del Congreso.

La genérica cesión de competencias de la Clean Air Act, la ley del Aire Limpio, no basta. La sentencia mantiene algunos poderes menores para la EPA, pero la desautoriza para regulaciones ambiciosas que limiten las emisiones.

Es un gran triunfo para los productores de combustibles fósiles, que cuentan con grandes aliados en las filas republicanas.

La demanda alegaba que “la decisión tiene enormes consecuencias”. Explicaba que antes del fallo la EPA podía “establecer normas en el ámbito regional o incluso nacional, forzando cambios drásticos en cómo y dónde se produce la electricidad, así como transformando cualquier otro sector de la economía que emita gases de efecto invernadero”.

Añadía: “El poder de regular las fábricas, los hospitales, los hoteles e incluso los hogares tendría unos costes y unas consecuencias tremendas para todos los estadounidenses. (...). Solo el tribunal puede resolver si la EPA tiene este poder unilateral o si el Congreso debe asumirlo”. Los demandantes rechazaban “los costes graves y desproporcionados para los Estados y otras innumerables partes afectadas” que podría tener la lucha contra el cambio climático.

Al poco de asumir la presidencia, el presidente Biden dio un giro a la política climática de su antecesor, Donald Trump, que sacó a su país del Acuerdo de París por la puerta de atrás, en un discurso solitario desde la Rosaleda de la Casa Blanca en 2017.

En abril de 2021, Biden se comprometió ante Naciones Unidas a que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Estados Unidos se reduzcan entre un 50% y un 52% en 2030 respecto a los niveles de 2005, con la vista puesta en lograr la neutralidad de sus emisiones en 2050.

La sentencia compromete los avances en esa dirección, por mucho que el Gobierno de Biden trate de dar algunos pasos. La semana pasada anunció una alianza con 11 Estados del Este para impulsar la energía eólica con inversiones multimillonarias. Pero sin límites a las emisiones, de poco sirve.

Al quitar poder a una agencia federal, la sentencia puede tener repercusiones más allá del propio efecto en los compromisos climáticos de Estados Unidos. A esta decisión pueden seguir otras que debiliten otros órganos del poder ejecutivo que tratan de imponer directrices comunes para todo el país en materias como la salud o la alimentación.

El Tribunal Supremo ha acabado el curso judicial con varias sentencias relevantes, entre ellas la del aborto y la que ha anulado la restrictiva legislación sobre armas de Nueva York. En Estados Unidos, el cargo de magistrado del Supremo es vitalicio. Cuando hay una vacante, el presidente nombra a un nuevo magistrado.

Tras el bloqueo del Senado a un nombramiento por parte de Barack Obama, Donald Trump logró nombrar a tres magistrados, y además relativamente jóvenes (Neil Gorsuch, de 54 años; Brett M. Kavanaugh, de 56, y Amy C. Barrett, de 50). Con ello, el tribunal tiene ahora una clara mayoría conservadora de seis miembros a tres que se prolongará previsiblemente durante muchos años.