Los conflictos mineros en Perú están cambiando su naturaleza en los últimos meses y, por tanto, urge buscar una nueva estrategia de resolución porque las mesas de diálogo no han resultado eficaces, según coincidieron expertos en la presentación de la nueva edición del Observatorio de Conflictos Mineros.

"Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado", señaló el investigador de la organización CooperAcción, César Flores, en el evento de presentación en Lima.

La trigésima edición del reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú advierte que los cambios que están experimentando estas tensiones sociales tienen que ver con la gran fragmentación de las agendas y las demandas, incluso entre los pobladores de zonas aledañas.

El informe pone el ejemplo del corredor minero del sur del país, en el que cada 30 kilómetros han observado expectativas que se expresan en diferentes demandas, lo que genera movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad, ni el interés de articular entre sí.

Además, señala que se da cierta competencia entre distritos o provincias, e incluso entre comunidades vecinas.

"Lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de las comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos", dice el informe.

En esta zona, el observatorio identifica que se ha configurado una suerte de situación de conflictividad casi permanente.

Ante este escenario, según los especialistas que participaron de la presentación del informe, es urgente realizar un giro en el abordaje de estos conflictos sociales.

"Se hace necesario construir un sistema de gobernanza para los territorios, donde estén representados el Estado (nacional y subnacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto los estamentos representativos de las poblaciones", indicó Flores.

También participó en la presentación del reporte la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, quien afirmó que es importante crear un sistema de gobernanza para los territorios para que estos mismos sean una plataforma de resolución de los conflictos mediante consensos.

No obstante, advirtió que "no existe la voluntad política" desde el poder Ejecutivo y Legislativo para dicho fin.

Luque también indicó que el Estado peruano en los últimos años viene aprobando normas que debilitan la gestión ambiental y la protección al medio social y ambiental.

MINERÍA ILEGAL
El reporte advierte del avance de la minería ilegal de oro en la Amazonía, que sigue penetrando nuevas zonas, al mismo tiempo que genera tensión, violencia y enfrentamientos con los pueblos indígenas.

Esta incursión ilegal ha crecido, entre otros factores, por el aumento del precio de los minerales como el cobre.

La defensora awajún Augostina MayánA pikai, quien ahora se encuentra amenazada por mineros ilegales, denunció que el inicio de la pandemia y la falta de recursos es un problema que impide a las autoridades cerca de la frontera con Ecuador desarrollar adecuadamente su labor de fiscalización, lo que "ayuda al fortalecimiento de la minería ilegal que viene acompañada de violencia”.