Con la entrada oficial de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia el pasado domingo 7 de agosto, ya se han puesto en marcha los procesos para el cumplimiento de las promesas que hizo durante su campaña. La prohibición del fracking, uno de los más predominantes de su camino a la jefatura del Estado, ya empezó su desarrollo tras la radicación del proyecto que evitaría ese método de explotación de recursos naturales. 

En medio de una entrevista, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aclaró que Colombia no es un país petrolero, y que hay otras formas de generar ganancias de manera sustentable.

“Ecopetrol ha invertido más de mil millones de dólares en exploración en los últimos años y no ha sido exitoso en encontrar más yacimientos; Colombia no es un país petrolero. Hay que abrir los ojos y arrancar a generar una sustentabilidad y soberanía energética seria”, dijo la ministra en una charla que sostuvo con la mesa de periodistas de Blu Radio.

Fue el pasado 10 de agosto que, por cuarta vez, congresistas radicaron la propuesta que pretende prohibir la ejecución de esa práctica que, según sus detractores, tanto daño causa al medio ambiente y a la comunidad.

De acuerdo con el documento presentado, se quiere evitar “la explotación de arenas bituminosas, que tienen el potencial de afectar delicados ecosistemas de la cordillera oriental y de los llanos”. Se resalta, por el otro lado, que se le quiere dar freno a la iniciativa que impulsó el gobierno del expresidente, Iván Duque, en Puerto Wilches, Santander.

Aunque son varias las voces en contra de esta práctica, hay quienes consideran que eliminar estas acciones en el país podrían golpear de manera severa las finanzas del país. En una entrevista con La FM, por ejemplo, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, entregó sus argumentos para incentivar que el fracking se permita en Colombia.

“Para el país significa cerrar la puerta de una posibilidad que tiene Colombia para extender su eficiencia en materia energética y para defender el bolsillo de los colombianos, porque a la vuelta de unos años Colombia termina importando no solo petróleo sino gas, los más afectados son los ciudadanos (...) podrían no hacerlo durante 4 años, pero una provisión por ley por un tiempo indefinido cuando seguramente el país a la vuelta de unos 4 o 5 años podría estarlo necesitando y considerar el uso del fracking no tiene sentido”, destacó.

El documento con el que se pretende detener esta actividad cuenta con nueve artículos en los que se expone la necesidad del Gobierno nacional de prohibir “la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales del tipo roca generadora, arenas bituminosas, gas metano asociado a mantos de carbón e hidratos de metano”.

Los 65 funcionarios firmantes argumentaron, dentro de los puntos redactados en el documento, que evitar esto permitiría “la protección del medio ambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones; la prevención de conflictos socioambientales asociados a estas actividades y contribuye al cumplimiento efectivo de las metas del Acuerdo de París”.

Tal y como explicó la ministra de Ambiente los contratos que ya fueron firmados para adelantar proyectos piloto de fracking tienen condiciones, lo que permitiría dar vuelta atrás en su implementación. 

“Los contratos firmados para esos proyectos piloto por el Gobierno Nacional tienen una clausula en la cual dice que, si el congreso llegase a prohibir el fracking, no habría ningún perjuicio para el Gobierno Nacional. Este proyecto buscará es frenar esos pilotos y deshacer los contratos comerciales”, argumentó la designada jefe de esa cartera gubernamental.