La Comisión de Minería y Energía del Senado continúa con la discusión del proyecto que modifica el royalty, cuyas indicaciones son parte de la reforma tributaria, y hoy siguieron recibiendo las opinones de gremios y representantes del área de la explotación del cobre y el litio.

En ese marco, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) y la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) manifestaron sus inquietudes sobre la norma, según informaron María Francisca González y Patricia San Juan en La Tercera. 

Además, Anglo American alertó sobre la posibilidad de desarrollar en Chile inversiones por US$ 10.000 millones, sólo si el país opta por mantener tasas de impuestos razonables en el tiempo y no insistir en la propuesta de royalty minero.

La propuesta del gobierno implica que los explotadores mineros que produzcan más de 50 mil toneladas al año tendrán un esquema tributario con dos componentes: uno ad valorem, cuyas tasas serán progresivas y aplicadas sobre las ventas anuales de cobre; y otro sobre el margen minero, aplicado sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA)

Sobre esto, Cristian Argandoña, vicepresidente de SONAMI, señaló en la instancia que el proyecto que cursa su segundo trámite constitucional “contiene en su cuantía y diseño una serie de factores que afectarán la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente a las inversiones futuras”.

Así, enfatizó en que la carga tributaria propuesta sería excesiva, y además volvió a insistir en que el componente ad valorem está desvinculado de los resultados de las empresas.

En el mismo punto se centró la crítica de APRIMIN. El director ejecutivo de la asociación, Sergio Hernández, declaró que “que exista un royalty minero es esencial porque se está compensando al Estado por el deterioro (del patrimonio) y porque es el principal insumo e la industria minera. Pero hay distintas modalidades, y se ha erróneamente dicho que el único posible es el ad valorem”.

Señalando otras tres formas de royalty como a la renta minera, o a la cantidad extraída e híbrido. Hernández sostuvo que el ad valorem “no reconoce el distinto valor de los yacimientos del Estado […] Perjudica a las empresas de menor tamaño y costos”.

A esto sumó que “dadas las desventajas competitivas geológicas crecientes de Chile respecto a los distritos mineros que nos compiten en la atracción de altos capitales, y nuestra incertidumbre constitucional, el espacio para aumentar la carga tributaria total a la minería es necesariamente acotado”.

Así también, SONAMI criticó en la comisión del Senado el componente RIOMA, planteando la “imposibilidad de deducir la depreciación de la base imponible, lo que significa un evidente desincentivo a la inversión.”.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Tanto desde SONAMI como de APRIMIN se presentaron cuáles son las líneas que, según su lectura, debiese seguir el proyecto del royalty, distanciándose ambas agrupaciones de lo planteado por el gobierno.

Por su parte, Cristian Argandoña explicó que la iniciativa requiere de una adecuación “que elimine los factores que discriminan a las operaciones menos eficientes”. En cambio, la sociedad sugirió que las tablas del actual Impuesto Específico a la Minería sean modificadas de modo que no superen el 44% de las utilidades de las empresas.

En esta misma línea, desde SONAMI se llamó a legislar en favor de la inversión en el sector, de tal forma que la producción cuprífera crezca en un plazo de cinco a seis años.

Sergio Hernández, por su lado, hizo hincapié en que una carga tributaria de 60% sobre utilidades generadas por bajas inversiones siempre recaudará menos que una de 48% sobre utilidades mayores por altas inversiones.

Por lo mismo, desde APRIMIN se planteó que se debe legislar desde el equilibrio si el fin es que se mantenga la competitividad y “Chile siga siendo potentemente desarrollado para cumplir los planes sociales, para la fortaleza geopolítica del norte y la movilidad social”.

PARA ANGLO AMERICNA, ROYALTY PONE EN RIESGO INVERSIONES POR US$ 10.000 MM
Anglo American podría desarrollar en Chile inversiones por US$ 10.000 millones, creando así 32.000 puestos de trabajo entre los empleos directos e indirectos y producir unas 640.000 toneladas de cobre fino al año.

Estos desarrollos productivos se harían en las faenas El Soldado, la Fundición Chagres, la expansión de Los Bronces y el proyecto de resilencia hídrica, así como la expansión en Collahuasi (donde esta minera tiene un 44%).

Estas inversiones se producirían sólo si el país opta por mantener tasas de impuestos razonables en el tiempo y no insistir en la propuesta de royalty minero, señaló Patricio Hidalgo, gerente general de Los Bronces.

El ejecutivo fue enfático en su presentación ante la Comisión de Minería del Senado: “La actual propuesta de royalty pone en riesgo importantes inversiones en tecnología y crecimiento en toda nuestra cartera en Chile”. Incluso señaló que podría cerrarse la Chagres, reduciendo capacidad estratégica de fundición en Chile, según informó Diario Financiero. 

“Queremos seguir comprometidos con Chile”, aseveró, pero hizo ver que “las decisiones de inversión se toman en función del marco social, político y jurídico existente”.

Por lo mismo, insistió en que cuando se consideren cambios de esta naturaleza, “apoyamos un debate transparente basado en los hechos, para garantizar que el motor económico que es la minería no se vea perjudicado, sino que se alimente en beneficio del país a largo plazo”.

ESPACIO PARA MÁS IMPUESTOS
En la Comisión de Minería del Senado expuso también Sergio Hernández, director ejecutivo del gremio de proveedores Aprimin, quien también criticó el proyecto del Ejecutivo.

Sin embargo, declaró que “hay un espacio para aumentar la actual carga tributaria a la minería sin afectar la competitividad exclusivamente tributaria”. Esto porque la carga actual del país (incluyendo impuesto a la renta más tributo específico a la minería) oscila entre 38% a 42% y es menor a la carga en China (52%) o Canadá (53%).