Antes de que se venzan los contratos, El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para gestionar de manera estatal las siete represas eléctricas de Neuquén, Chubut y Río Negro
Aunque el proyecto difícilmente sea tratado éste año, porque no cuenta con el apoyo de la oposición, buscan que las concesiones hidroeléctricas pasen a manos de Energía Argentina S.A. , en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.
Las represas fueron privatizadas en 1993 con la disolución de Hidronor, pero a diferencia de otras empresas públicas, no se vendieron sino que se concesionaron por 30 años, que se cumplen en 2023.
Cuando los tiempos apremian, las alianzas son buenas. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y su par de Neuquén, Omar Gutiérrez unieron sus fuerzas para pedir que se prorrogue la concesión de las represas con la finalidad de encarar un proyecto donde sean las provincias las encargadas.
A todo esto se le suma el anuncio de la salida de Enel de Argentina. La eléctrica italiana no sólo estaba a cargo de Edesur. La salida de Argentina incluye también la venta de otros activos de la empresa en la Argentina: las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica y lo que más interesa a las provincias patagónicas, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón.
¿Quién opera algunas de las represas? El Chocón (que incluye Arroyito, su compensador) es operado por Enel; Pichi Picún Leufú, es de Pampa Energía, que la heredó cuando compró los activos de Petrobras en Argentina; Piedra del Águila es concesionada por Central Puerto; Alicurá está manejada por AES y Cerros Colorados, en el río Neuquén, es un complejo con dos lagos, cuatro presas y una central hidroeléctrica está en manos de Orazul, una empresa con sede en Perú y negocios en el Cono Sur.
El proyecto de Parrilli ordena que “ENARSA deberá asociarse con las provincias del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”. Como opción, la inciativa abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.
Según el senador, la “compleja coyuntura” internacional derivada de la guerra de Rusia y Ucrania, “ha puesto en el centro del debate público la necesidad de acelerar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos, convencionales y no convencionales, en orden a garantizar el abastecimiento interno y colocar crecientes excedentes en el mercado externo, como así también, fortalecer el desarrollo de fuentes alternativas, como las renovables”.
Parrilli sostuvo que “en el marco de la denominada Reforma del Estado llevada adelante durante la década del ‘90, se sancionó la Ley 24.065″ que privatizó “la administración, operación y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes de la esfera pública a la privada, a través de contratos de concesión de 30 años de duración, con excepción de las entidades binacionales”.
Según el senador neuquino, “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola (…) no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual”.
Parrilli plantea, para iniciar el debate, “que ENARSA pudiera retener el 51% del total del dominio” para “agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones que, en materia energética global, disponga el gobierno nacional”.
