Por 30 días Perú está en Estado de Emergencia. El anticipo de las elecciones a 2023 no fueron suficiente y las protestas se intensificaron el país donde el ex presidente Pedro Castillo esperará detenido la resolución del Poder Judicial. Frente a un panorama generalizado de crisis social, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó la violencia que hay en las calles.

El Ministro de Defensa, Alberto Otárola declaró el estado de emergencia a nivel nacional, desde este miércoles 14 de diciembre. Asimismo, señalan que con la vigencia del estado de emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, “queda suspendida la vigencia de los Estados de Emergencia declarados en distintos departamentos del país, en los cuales la Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo del control del orden interno”.

Pero la crisis parece no terminar. Organizaciones sociales, gremiales y movimientos indígenas convocaron para este jueves a un paro nacional en varias regiones de Perú en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y en apoyo al expresidente Pedro Castillo.

A pesar de que en la víspera el gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 30 días en todo el país, los convocantes de las movilizaciones invitaron a los ciudadanos a sumarse a las protestas.

Además de expresar su rechazo a la presidenta Dina Boluarte, los manifestantes reclaman también el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones para el próximo año.

La presión social y política en el país hizo que la mandataria modificara varias veces la fecha de las próximas elecciones: al asumir, dijo que tenía pensado completar el mandato de Castillo que originalmente terminaba en 2026; luego indicó que en el marco de "lograr un acuerdo con el Congreso" los comicios se adelantarían a abril de 2024, y ahora el plazo propuesto es diciembre de 2023.

La presidenta se reunió en la noche del miércoles con el Consejo de Estado, que reúne a los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los de varios organismos autónomos, y destacó que de esos poderes dependen los plazos finales en los cuales se llevaría a cabo el adelanto de elecciones.

SNMPE CONDENA LA VIOLENCIA EN LAS MANIFESTACIONES DE LA CALLE

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó la violencia que vienen ejerciendo grupos radicales en distintas regiones del país.  En ese sentido, expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas de esta asonada violentista que enluta a nuestro país.

“Esta ola de violencia que tiene por fin alterar el orden público y quebrar la gobernabilidad, sólo nos dejará más atraso y miseria, pues afecta a toda la inversión productiva del país, es decir, a la pequeña, mediana y gran empresa, así como a los ciudadanos de a pie, que buscan trabajar y llevar el sustento a sus familias”, indicó.

En ese contexto, afirmó que es necesario detener la impunidad con la que actúan los grupos violentistas que a su paso atacan y destruyen locales públicos y privados, bloquean carreteras y sabotean las operaciones de los terminales aéreos y de activos críticos del sector energético del país.

El gremio empresarial también alertó que los bloqueos de las carreteras impiden el normal abastecimiento de combustibles (gas natural, petróleo, gasolinas, GLP, GNV) a distintas regiones; y vienen ocasionan serios contratiempos a diferentes operaciones mineras que se han visto afectadas en los procesos de abastecimiento de insumos, alimentos, reemplazo de personal y traslado de producción.

“Invocamos a la Policía Nacional y al Ministerio Público a identificar y detener a los agitadores de esta escalada de vandalismo, sin ninguna agenda, y que busca instaurar la anarquía”, citó.

La SNMPE exhortó a la población a no dejarse sorprender por grupos radicales y agitadores políticos que sólo responden a intereses ideológicos que tienen como objetivo destruir la democracia y el desarrollo del Perú.

“Es necesario que el actual Gobierno haga prevalecer el Estado de Derecho y el principio de autoridad, a fin de que se garantice los derechos y la seguridad de los 33 millones de peruanos que desean vivir y trabajar en un país con paz social”, subrayó.