SANDRA NOVOA

Si alguien conoce a la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) es Jaime Pérez de Arce, quien ha ocupado su vicepresidencia ejecutiva cuatro veces, designado por tres presidentes de la República: entre 2000 y 2006 por Ricardo Lagos, por Michele Bachelet en sus dos administraciones y ahora por Gabriel Boric.

Basado en este conocimiento previo, Pérez de Arce dice que hoy su responsabilidad es sacar a Enami de la situación más compleja en la que le ha tocado administrarla, derivada de una deuda de corto plazo de US$ 400 millones −en el tope fijado por el Ministerio de Hacienda−, cifra que es difícil de reducir ante la imposibilidad de rentabilizar su negocio, ya que la fundición Paipote y las plantas de procesamiento que posee la compañía son tecnológicamente ineficientes.

Al tercer trimestre, Enami reportó pérdidas por US$45 millones, entre otras cosas por la reprogramación de la producción presupuestada y la baja del precio internacional del cobre, que afectó la valorización de mercado de inventarios de baja rotación. Además, los resultados no operacionales se vieron impactados por el incremento de las tasas de interés y el tipo de cambio.

Esta empresa, creada en 1960, trabaja con la pequeña y mediana minería a través de dos líneas de acción: el fomento y la adquisición de minerales y el procesamiento metalúrgico para convertirlos en cátodos. En esta segunda área opera sin subsidios; las empresas pagan a precio de mercado todos los servicios que les presta.

“Nuestro negocio principal (custom smelter) tendría que rentar. Una fundición eficiente, con bajos costos, nos dejaría un margen con el que debiéramos poder resolver la deuda de arrastre. Pero tenemos un problema estructural: Paipote debe ser la fundición más antigua y pequeña del país: tiene una capacidad nominal de procesamiento de 330.000 toneladas de concentrados al año. Pero como, además, es la que está sometida a las restricciones ambientales más severas, tiene menos tolerancia para emitir gases y contaminantes a la atmósfera, así es que cuando hay condiciones de ventilación inadecuadas, vamos bajando la fundición, con lo que su capacidad efectiva es del orden de 280.000 toneladas y este es un negocio de escala”, explica Pérez de Arce.

De ahí la necesidad de construir una fundición con 700.000 a 800.000 toneladas de capacidad y tecnología de punta, que capture el 99% de las emisiones (la norma vigente es de 95%, pero debiera ir haciéndose más estricta).

Pérez de Arce enfatiza que durante su anterior administración empezaron a abordar este proyecto para hacerse cargo de una vez del Decreto Supremo N° 28, de 2013, que estableció la norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

En ese entonces, dejaron listo para licitar el estudio para la Declaración de Impacto Ambiental, pero como en el intertanto Tierra Amarilla fue declarada zona saturada por material particulado, deberán hacer un Estudio de Impacto Ambiental, que ya se inició y esperan terminar a comienzos del segundo semestre de 2023. Ello, porque si bien la operación de estas instalaciones prácticamente no generará emisiones, se producirá material particulado durante su construcción.

“Los estudios muestran que este proyecto tiene buenos indicadores económicos y ambientales. Además, cuenta con respaldo ciudadano y el gobierno regional de Atacama lo ha hecho propio, porque es el más importante que podría tener en los próximos cinco años”, asevera Pérez de Arce.

El proyecto demandará, según las cifras actualizadas, US$1.200 millones y considera instalar una fundición con una refinería polimetálica. Este complejo se instalará aledaño a Paipote, pero esta no se desmantelará, ya que parte importante de sus instalaciones se destinarán a un centro de pilotaje industrial.

“Una de las cuestiones que dificulta la innovación minera y, sobre todo en metalurgia, es que si bien muchos inventores obtienen buenos resultados a nivel laboratorio, no pueden realizar prueba industrial, porque nadie tiene equipos disponibles para ver si funciona un invento. Disponer esta instalación para pruebas industriales de fundición de cobre es una buena oportunidad para el desarrollo de esta industria”.

- ¿Concordaron el financiamiento con Hacienda?

- El financiamiento puede provenir de distintas fuentes y esa definición la tomará Hacienda. No hay apuro porque recién en 2024 debiéramos estar licitando la construcción. Por tanto, tenemos prácticamente todo el próximo año para hacer el análisis. Y desde que se adjudique la construcción debería tomar otros dos años construir, así es que podría estar terminándose durante el primer semestre de 2026 en un escenario optimista.

- ¿Consideran la venta del 10% que poseen en la operación Quebrada Blanca, de Teck, entre las opciones de financiamiento? ¿Cuánto les renta esa inversión?

- Enami tiene el 10% de Carmen de Andacollo y de Quebrada Blanca. Desde que estas iniciaron la operación −en 2000 la primera y en 2005 la segunda− hemos recibido US$273 millones en dividendos. Teck está desarrollando Quebrada Blanca, Fase 2, uno de los mayores recursos de cobre, con una vida útil inicial de 28 años que dará continuidad a Quebrada Blanca: a futuro le permitirá generar mayores dividendos que aportarán a los objetivos de apalancar proyectos importantes en la modernización de Enami. Sin duda, tenemos que considerar ese activo a la hora de pensar alternativas de financiamiento de la fundición, que es crucial para la supervivencia de esta empresa estatal.

- ¿Se justifica hacer fundiciones en Chile dado los bajos costos de la competencia en China?

- Nuestra fundición se situará en el primer cuartil de costos a nivel mundial y competirá con las fundiciones chinas. Por otro lado, a estas alturas los negocios no solo tienen que conseguir buenos resultados, sino también hacerse cargo del tema medioambiental; y si los concentrados que produce Chile se funden acá, no se incurre en la tremenda huella de carbono que significa el flete marítimo y se ahorra ese costo. Dicho esto, las fundiciones son un negocio rentable; lo que pasa es que son menos rentables que el negocio minero, pero es porque también tiene menos riesgos. Una fundición moderna y bien mantenida gana dinero.

- ¿Y hay espacio para más fundiciones aparte de la de Enami?

- Nuestra fundición podría tratar hasta 800.000 toneladas de concentrado, pero Chile exporta más de 10 millones de toneladas de concentrado, por tanto, hay mineral para abastecer otras fundiciones. Creo que en el mediano y largo plazo debiéramos tender hacia allá.

- ¿El cronograma que se defina para el cierre de la fundición Ventanas de Codelco incide en los tiempos del proyecto de Enami?

- No tienen nada que ver porque la producción de la pequeña minería que se genera en la Región de Valparaíso se seguirá tratando a través del contrato con Ventanas. Y cuando esta se cierre, Codelco debe encargarse de tratarlo en otro lugar, así es que no cambia en nada la situación de los pequeños mineros de la zona. El costo de transporte no permite llevarlo hasta Atacama. La nueva fundición se abastecerá completamente de lo que se genera en la zona norte.

DOBLE INTERÉS EN EL LITIO
Enami también está jugando sus cartas para ser un actor en la industria del litio. Así lo explica su máximo ejecutivo: “Nos interesa por dos razones. Primero, la ley fundante de 1960 dice que esta empresa debe fomentar el desarrollo y las actividades de todo tipo de minerales metálicos y no metálicos, fundirlos, refinarlos y comercializarlos; le dio un giro muy amplio. Como el litio es una industria nueva en nuestro país, tenemos que fomentar su desarrollo, así es entrar en el litio es casi una obligación”.

Como segundo motivo consigna que es un negocio muy bueno para Chile y para la empresa, que está complicada financieramente. Y recuerda que la legislación sitúa a Codelco y Enami como los únicos actores concretos con los cuales los privados pueden llevar adelante faenas de explotación.

Pérez de Arce explica que la participación de Enami en este campo irá por un carril paralelo al de la Empresa Nacional del Litio. “Enami desarrollará proyectos concretos y cuando se cree la Empresa Nacional del Litio podemos traspasarle lo que hayamos hecho, si se hace cargo de la administración de los distintos proyectos en que esté involucrado el Estado”.

Como estos son proyectos de larga maduración, ya le enviaron al subsecretario de Minería una solicitud de Contrato Especial de Operación para Exploración y Explotación de Litio (CEOL).

“Tenemos un proyecto a partir de nuestras pertenencias en la zona de los Siete Salares −Región de Atacama, provincia de Chañaral, 64 km al noroeste de El Salvador−, que licitaremos. Buscamos desarrollar cinco de esos salares y los privados que quieran asociarse deberán financiar completamente el proyecto, abordarlo con las tecnologías más modernas y sustentables en el uso de agua, con las mejores prácticas en el relacionamiento comunitario, aparte de agregar valor más allá del carbonato de litio y permitir que sea una operación abierta a las universidades, para que los futuros profesionales aprendan a usarlas”.

El ejecutivo asegura que hay varios interesados, nacionales y extranjeros. Por ahora están iniciando la exploración básica para precisar el recurso de que disponen y los números del proyecto y abocados a obtener el CEOL; Pérez de Arce estima que tal vez a fines del próximo año puedan llamar a licitación. Pero recuerda que, aparte de eso, los privados que tienen pertenencias en otros salares y si quieren desarrollarlas, deben asociarse a Enami o Codelco, dado que el litio es un mineral no concesible.

LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA
En 2023, Enami proyecta implementar un plan estratégico que ha socializado con las asociaciones mineras, con sus sindicatos y que será sometido a la aprobación del directorio. Allí contemplan una revisión las políticas de la empresa, establecidas en el decreto N° 76 de 2003, dado que hoy la pequeña y mediana minería requieren nuevos instrumentos. Y necesitan nuevas políticas para abordar la situación financiera, los problemas de caja y los proyectos que aseguren su sostenibilidad. Las plantas en que se realizan las etapas metalúrgicas previas a la fundición se construyeron hace más de 20 años y no son eficientes para tratar minerales con leyes bajas como los que se producen hoy.

La empresa tiene poderes de compra en Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Salado, Matta, Vallenar, La Serena, Ovalle, Illapel, Cabildo, Rancagua, Paipote y Ventanas, y plantas en Taltal, El Salado, Paipote, Vallenar y Ovalle. Donde no tiene plantas, Enami opera con contratos de maquila para procesar los minerales y trasladarlos a la fundición.

“Todo lo que compramos a los pequeños mineros lo transformamos a cátodos, muy excepcionalmente vendemos concentrados. La gracia de nuestro modelo es que permite que esos productores pequeños y medianos logren llevar sus productos a los consumidores finales de cobre (no opera con brokers). Pero no está siendo rentable, porque el costo de fundir una libra de cobre es más alto que el precio que cobramos”.

Con todos sus problemas, Enami ocupa hoy el lugar 11 entre las 26 exportadoras de cobre del país, con 100.000 toneladas.

Enami pacta con sus clientes todos los años sus cargos de tratamiento. Pérez de Arce dice que este año hubo un impacto importante del ácido sulfúrico (que se usa en el tratamiento de los óxidos de cobre), cuyo precio estuvo sobre US$240 la tonelada.

La función de fomento es ejercida a través de asistencia técnica y capacitación, pero también mediante créditos, ya que este sector no accede al mercado financiero. La incobrabilidad es muy baja, ya que las cuotas son descontadas directamente de la liquidación de las ventas, junto con los servicios prestados. Enami opera además el crédito establecido en la Ley N° 21.055 que creó un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña minería.

Consultado sobre qué tan puntualmente les pagan a sus clientes, Pérez de Arce dice que uno de los problemas permanentes es el déficit de caja que se les produce, porque todas las semanas pagan los minerales que compran, pero venderlos les puede tomar 90 a 120 días, lo que implica operar con un capital de trabajo considerable. “En esta administración no nos hemos atrasado y esperamos no llegar a ese punto”, afirma.

Por otro lado, destaca que el Decreto N° 76 de 2003 asignó a Enami US$8 millones de financiamiento presupuestario anual para la labor de fomento, que no se ha reajustado desde entonces, por lo que deben suplementarlo con entre US$12 millones y US$13 millones de recursos propios por ejercicio.

Esta semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que parte de los recursos del royalty podrían destinarse a aumentar el capital de Enami para una fundición. Y aunque dice no tener mayores antecedentes de aquello, Pérez de Arce cree que aquello “tendría fundamento por el hecho de que cumple una tarea de fomento que al Estado le interesa mantener”, por cuanto permite transformar en riqueza operaciones que, de otra manera, no serían viables, y formalizar a pequeños mineros como empresarios que pagan impuestos, cumplen leyes laborales, normas ambientales y de seguridad. Eso sí, enfatiza que no es algo que ellos estén promoviendo.