SANDRA NOVOA

Codelco informó en la secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una nueva suspensión, esta vez hasta el 27 de enero, del arbitraje solicitado junto a sus filiales Inversiones Copperfield y Exploraciones Mineras Andinas en contra de la República de Ecuador en relación con el proyecto minero de cobre Llurimagua.

Sería el primer paso para su internacionalización y clave para mantener su liderazgo como productor de metal rojo ante la disminución de las leyes y reservas de sus yacimientos en Chile.

Este es considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, con una superficie cercana a 5.000 hectáreas. Se ubica en la provincia de Imbabura, a 80 kilómetros de Quito, y las estudios proyectan una producción de 210.000 toneladas anuales durante 27 años.

Por estar situado en una zona de alta protección ambiental enfrenta la oposición de comunidades indígenas, que argumentan afectará el hábitat de especies en peligro de extinción y han interpuesto acciones legales para impedir que se explote. Pero no fue esta la causa de su paralización.

La historia partió en 2008, cuando Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami EP) suscribieron un convenio marco binacional para la exploración minera, actividad que iniciaron en 2015 en varias áreas de interés, resultando Llurimagua las más promisoria.

Este estipulaba que, finalizada la fase de exploración, se crearía una empresa para la explotación donde la estatal ecuatoriana participaría con 51% y Codelco con 49%, pero se encargaría de desarrollar, construir y operar el yacimiento.

En 2015 suscribieron el acuerdo de accionistas. Al año siguiente la compañía chilena notificó el cumplimiento por su lado de los aspectos convenidos y, luego de largas rondas de negociaciones, en 2019 las partes acordaron los términos para conformar la sociedad.

Sin embargo, en enero del año siguiente Enami EP aún no firmaba el acuerdo, aunque en su “Plan de Negocios, Inversión y Expansión 2020″ (el último que aparece en su página web) destacaba que ese año perfeccionaría el vehículo asociativo con Codelco y que “la gestión minera, por su naturaleza, es altamente demandante de capital y tiempo, los cuales pueden ser optimizados a través de procesos de negociación que permitirán compartir el riesgo durante la exploración y explotación, como es el caso de la empresa chilena, quien hasta la fecha ha realizado la inversión de toda la exploración en el proyecto Llurimagua”, junto con detallar un plan de actividades de índole ambiental, relacionamiento con la comunidad; seguimiento técnico, geológico y minero conforme lo establecido en el convenio.

En agosto de 2020, la ecuatoriana anunció que pondría en venta su 51% del proyecto, usando como argumento la crisis económica por la que atravesaba el país, lo que hasta la fecha no se concreta. Esto obviamente alteraba el escenario para Codelco, porque cualquier empresa privada que asumiera el control querría tomar las riendas del proyecto.

La minera estatal chilena recurrió en diciembre del 2021 ante el Ciadi al amparo del convenio entre Ecuador y Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, tras más de un año de iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en esta iniciativa (meses antes ya había solicitado un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional).

Desde entonces ha habido varias suspensiones al proceso. La primera suspensión del procedimiento aplazó el arbitraje hasta el 28 de agosto, fecha en la cual se extendió por otros tres meses. A fines de noviembre se volvió a aplazar hasta el 28 de diciembre. Y esta semana se comunicó el cuarto aplazamiento, hasta el 27 de enero próximo.