TOM AZZOPARDI

A pesar de las estrictas restricciones, una junior australiana planea comenzar la construcción del primer nuevo proyecto de litio de Chile en décadas. 

Hogar de las reservas de litio más grandes del mundo, las exportaciones chilenas del mineral se han disparado en los últimos años debido a que los productores Albemarle (NYSE: ALB) y SQM (NYSE: SQM) se han apresurado a expandir la capacidad para satisfacer la demanda candente de la industria de vehículos eléctricos. 

Las exportaciones aumentaron un 47% a 220.000 toneladas el año pasado cuando los precios se dispararon a niveles récord por encima de los US$ 50.000 la tonelada, mientras que el valor de sus exportaciones casi se multiplicó por nueve a US$ 8.600 millones.  

Pero a pesar de esta expansión masiva, muchos temen que Chile pueda estar perdiendo el tren. 

Habiendo perdido su posición como el principal exportador mundial de litio a Australia, pronto podría ser superado por la vecina Argentina. Las multinacionales, incluidas Rio Tinto (NYSE: RIO; LSE: RIO; ASX: RIO), Posco y Zijin Mining, están preparadas para invertir miles de millones de dólares durante la próxima década. 

Con seis proyectos ya en construcción, la producción podría superar las 300.000 toneladas anuales para 2028, frente a las 28.000 toneladas de 2021, según el banco de inversión estadounidense JP Morgan. 

En contraste, según la Comisión Chilena del Cobre, una agencia gubernamental, la producción en Chile se estancará en menos de 240.000 toneladas a mediados de la década.  

El problema son las estrictas restricciones a la producción del mineral. Tanto Albemarle como SQM operan a partir de concesiones estatales sobre el Salar de Atacama, que alberga las reservas de litio más ricas del mundo, pero están sujetas a cuotas de producción y regalías de producción de hasta un 40%.  

Chile tiene otras salinas (aunque ninguna tan grande y rica como Atacama), pero los controles de la era de la Guerra Fría que reservan la producción de litio para el estado han frenado la exploración. Hasta el momento, el gobierno no ha otorgado contratos a empresas privadas que les permitan producir litio. 

La situación se complica aún más por los crecientes reclamos de las comunidades y el gobierno por el oro blanco del país. 

Cuando el gobierno otorgó contratos para producir litio a dos empresas privadas, el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD y el Grupo Errazuriz de Chile, la licitación fue bloqueada en los tribunales por las comunidades indígenas que afirmaron que no se les consultó adecuadamente. 

Mientras tanto, el nuevo presidente Gabriel Boric, quien asumió el cargo el año pasado, prometió crear una compañía nacional de litio para impulsar la producción, fortalecer el control gubernamental de la industria y desarrollar industrias posteriores, como la fabricación de componentes de baterías. 

Hasta el momento, el gobierno no ha revelado qué forma tomará la entidad, aparte de que los inversionistas privados podrán participar. Los detalles deberían llegar con el lanzamiento de su política de litio, que podría ocurrir en marzo, dijo el mes pasado el ministro interino de Minería, Willy Kracht. 

Pero ahora, Lithium Power International (ASX: LPI), que cotiza en Australia, cree que puede ver un camino a través del pantano. A partir de concesiones de minerales en el Salar de Maricunga, el tercero más grande de Chile, que son anteriores al decreto de 1979, la compañía está avanzando en su proyecto Blanco que produciría alrededor de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio durante 15 años. 

El proyecto ya cuenta con una licencia ambiental (confirmada por los ministros a principios del año pasado), la aprobación necesaria de la Comisión de Energía Nuclear de Chile para extraer y vender litio y el consentimiento de las comunidades indígenas que viven en las cercanías. 

Luego de comprar a sus socios chilenos y canadienses en la empresa, LPI ahora está en conversaciones con los bancos sobre el financiamiento con el objetivo de comenzar la construcción a fines de año. Podría estar en producción a mediados de 2026. 

El proyecto “ayudará a Chile a mantener una posición sólida en la industria a nivel mundial”, dijo el director ejecutivo, Cristóbal García-Huidobro.

A diferencia de otros intentos privados, la empresa cuenta con el respaldo de las comunidades indígenas locales y el gobierno regional de Atacama. 

“Han hecho las cosas bien desde el principio… no debería tener problemas para desarrollarse”, dijo el gobernador Miguel Vargas en una entrevista. Pero LPI no es la única firma que está mirando las riquezas de Maricunga. 

Simco, una empresa de riesgo compartido entre Errázuriz y la taiwanesa Simbalik, está avanzando en su propio proyecto autorizado en el salar, mientras que la minera estatal Codelco comenzó a explorar sus propios denuncios en el área. De manera crítica, el gigante del cobre recibió una licencia del gobierno para extraer litio que cubría una gran parte del Salar. 

LPI ha buscado conversaciones con Codelco sobre el desarrollo conjunto del Salar, firmando un memorando de entendimiento en 2018, pero las conversaciones terminaron sin acuerdo y el MoU expiró desde entonces.  

“Desafortunadamente, no avanzaron como esperábamos”, dice García-Huidobro. Así que la empresa sigue adelante por su cuenta. 

Eso podría ponerlos en curso de colisión con otros actores. 

Con solo una vigésima parte del tamaño del Salar de Atacama, algunos dudan que el Salar de Maricunga pueda soportar varias operaciones de extracción de salmuera. 

“Es un salar que en mi opinión debe ser desarrollado por un jugador, no muchos más”, dijo a la prensa el mes pasado el presidente de Codelco, Máximo Pacheco. La compañía ha solicitado extender su licencia gubernamental para cubrir una mayor parte del salario. 

“Hemos expresado nuestro interés dado que tenemos nuestra CEOL y los procedimientos que estamos siguiendo”, agregó. 

Crecen los temores de que la disputa sobre quién tiene derecho al litio de Maricunga llegue a los tribunales. Simco ya amenazó con iniciar procedimientos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones si Codelco intenta bloquear los intentos de desarrollar su proyecto. LPI puede enfrentar dificultades similares si trata de hacerlo solo con Blanco. 

“Si esto se convierte en una batalla legal, mi temor es que pasen varios años antes de que se desarrolle Salar de Maricunga”, dice Cristian Quinzio, abogado minero. 

Para entonces, el ciclo alcista de los precios del litio puede haber pasado. Los productores de Australia, Argentina y otros lugares se apresuran a entrar en producción lo antes posible, el reciclaje de litio se está expandiendo, mientras que los fabricantes de automóviles buscan reducir los costos de las materias primas, posiblemente mediante el uso de alternativas. 

“La oportunidad para el litio es hoy, no en ocho o diez años, que es el tiempo que llevaría desarrollar y construir un nuevo proyecto”, dice García-Huidobro. 

En lugar de una batalla en los tribunales, un camino más prometedor sería que las partes llegaran a un acuerdo sobre cómo desarrollar mejor el Salar, tal vez con el gobierno utilizando su nueva estrategia de desarrollo de litio para facilitar un trato entre los sectores público y privado. 

“Esperamos seguir avanzando y trabajando muy de cerca con el Estado chileno, ya sea a través de Codelco, ENAMI o el vehículo que se defina”, dice García-Huidobro.