Los conflictos no dan tregua a Perú, según la Defensoría del Pueblo de Perú desde diciembre se registró el máximo histórico con 219 conflictos. Además del riesgo que implica para la sociedad, el país y los pequeños comerciantes. Según la analista de riesgo Fitch, las operadoras de petróleo, energía y minería enfrentan riesgos significativos de interrupciones derivadas de la agitación social.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú se registraron 219 conflictos sociales en el país andino -165 activos y 63 latentes- y 1.261 protestas, un máximo histórico en los registros de esta institución. De las 1.261 protestas sociales, el 38,4 % fueron movilizaciones, el 20,3 % corresponden a bloqueos de vías, y el 17,1 % respondieron a los plantones o concentraciones del momento

Fitch advirtió en una nota de que podría haber acciones negativas para las calificaciones de deuda de algunas compañías en caso de que la inestabilidad social se prolongue e impacte en sus operaciones.

"Consideramos que las compañías que operan en los sectores de recursos naturales y minería presentan el mayor riesgo de una interrupción operacional debido a los disturbios sociales", dijo la firma.

"Los bloqueos prolongados de carreteras podrían llevar a un declive de suministros de metales y, finalmente, afectar los ingresos y EBITDA", sostuvo, haciendo referencia a las protestas de pobladores en las regiones de Cuzco y Perú que han paralizado faenas mineras.

En su nota, Fitch aludió al freno en las operaciones de varias mineras de cobre y oro los Andes peruanos, como los yacimientos Las Bambas del grupo chino MMG Ltd. o Antapaccay de Glencore.

Fitch añadió que las empresas de los sectores de energía y servicios públicos también encaran riesgos de interrupción de actividades, si bien "buena parte de los emisores corporativos y proyectos del sector de electricidad peruanos están bien posicionados" para soportar los remezones sociales y políticos.

Con relación a la distribución territorial de los conflictos el organismo contabilizó en el amazónico departamento de Loreto 30 casos de conflictos sociales, lo que le sitúa como la región que más conflictos concentró, seguida de los sureños departamentos de Cusco (20) y Apurímac (17).

«En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64,4 %)«, aseguró en un comunicado esta institución, la cual señaló que la minería está detrás del 66,7 % de esta tipología de conflictos.

De los 219 casos activos, la Defensoría señaló que 104 son atendidos a través del diálogo, de los cuales más de cuatro de cada cinco están relacionados con asuntos ambientales como la minería, la deforesatación y la extracción de otros recursos naturales.

Además, la Defensoría destacó que se resolvieron dos conflictos sociales durante enero, el primero de ellos en la céntrica región de Huánuco con la «rendición de cuentas» del alcalde distrital de Umari y, en la costera y norteña región de Piura, con la despenalización de la pesca artesanal y capturas incidentales