El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el paro minero organizado por el Clan del Golfo en Antioquia es una respuesta del grupo armado a su negativa a someterse a la Justicia y que "no hay una posibilidad de negociación" alguna si continúa con ataques como los de estos días.

"El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación", ha zanjado.

"Hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces la paz tendrá esas dificultades", ha lamentado el presidente colombiano, quien ha acusado al grupo armado de servirse del alto el fuego bilateral para fortalecer sus economía ilegales, según recoge Blu Radio.

"Usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal y eso no es posible porque si se va hacia la paz, la economía ilegal debe ser desmontada progresivamente", recalcó Petro, quien ha adelantado que este mismo lunes el gobierno se reunirá para tratar el alto el fuego, que cumple ya dos meses y medio.

Antes que él, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha acusado al Clan del Golfo de instrumentalizar las protestas de los mineros para lograr mejores beneficios durante las conversaciones de paz con el gobierno, en la medida en que al grupo armado no se le reconoce su estatus político.

"Están buscando unas mejores prerrogativas en el marco de la paz total y ponen de fachada a los mineros para lograr sus objetivos", ha dicho Gaviria, quien ha reprochado a este y otros grupos armados de aprovecharse de la buena voluntad del gobierno para abusar del alto el fuego bilateral.

"Los mineros son las primeras víctimas porque copan su territorio, los instrumentalizan. La contaminación de esta protesta, que nunca fue pacífica, pero ahora es más violenta, es obvia", ha explicado Gaviria en Blu Radio.

"Estos grupos ilegales están aprovechando la buena voluntad del gobierno para mantener sus actividades criminales", ha denunciado Gaviria. En el caso de estas protestas, ha destacado que la respuesta del Clan del Golfo, que estaría pagando para que civiles cometan sabotajes, está motivada por las acciones ejecutivas contra la minería ilegal, una de sus fuentes importantes de financiación.

"Hay personas pagadas y también mineros obligados", ha contado el gobernador de Antioquia, región que continúa en "parálisis total". En las últimas horas, se han registrado varios incendios en localidades de Bajo Cauca y Córdoba, así como la destrucción de unas tuberías que suministraban agua potable al municipio de Tarazá.

El Clan del Golfo, heredero de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es una de las estructuras criminales que había mostrado disposición por participar en los diálogos de paz del gobierno de Petro tras iniciar la negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

No obstante, el estatus de organización narcoparamilitar delimitaría el marco de actuación en estas negociaciones. El gobierno ya ha aclarado que este tipo de grupos, al carecer de trasfondo político, debe someterse a la Justicia.

PUBLICADO ESTA MAÑANA

POR CONFLICTOS Y BLOQUEOS, COLOMBIA REFORMARÁ SU CÓDIGO MINERO

Gustavo Petro le puso nuevas condiciones para negociar con los mineros que sostienen los bloqueos en Colombia pero eso no es todo, además anticipó la reforma del Código Minero.

Mientras los 10 días de bloqueo ya complican los envíos de oro, el Gobierno de Colombia condicionó este domingo el diálogo con los mineros en paro en Antioquia a partir de que cesen los actos de violencia, los bloqueos de vías de comunicación y se supere el desabasto de alimentos y medicinas en las localidades afectadas. 

En un comunicado suscrito por la Presidencia se indica a los manifestantes que la puerta al diálogo —el único camino para superar cualquier diferencia— sólo se reabrirá una vez cesen los hechos de violencia.

De acuerdo con el balance de las autoridades, en el municipio de Caucasia dos vehículos fueron incinerados y manifestantes vandalizaron las instalaciones Banco Agrario. 

El Gobierno colombiano indicó que siempre ha estado presente con diferentes funcionarios. “Hemos estado presentes en la región con cinco viceministros de Interior, Defensa, Ambiente, Minas y el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, acompañados por los equipos técnicos”.

Luego del Consejo de Seguridad, el presidente Gustavo Petro confirmó que las operaciones que desarrolló la fuerza pública en estos territorios no están en contra de los pequeños mineros, por lo que les mostró su apoyo y aseguró que cuentan con el apoyo del Gobierno nacional.

El presidente Petro también confirmó que una de las razones por las que se presentó este conflicto, fue el código minero que se redactó en el gobierno de Andrés Pastrana, donde se desconoció al pequeño minero y, como resultado, se le persiguió.

En el Código Minero que según dijo el mismo presidente fue “redactado y aprobado” en el Gobierno de Pastrana, se desconoció a esos pequeños mineros de las regiones y se le dio prioridad a la gran minería multinacional, por lo que debe ser intervenido.

Por eso, según confirmó el presidente Petro, desde el gobierno nacional se buscará reformar el código minero, con el fin de darle apoyo a las familias mineras y ancestrales del país.

“Se desconoció al pequeño minero, se le criminalizó, se le persiguió. Nosotros vamos a reformar ese código minero en función del reconocimiento y la titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales de Colombia, con un apoyo del Gobierno, para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio, no contamine y afecte las aguas, los ríos”, explicó el mandatario.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, se espera que con las reformas que se plantean para el código minero en el país, se logre perseguir a los diferentes grupos mafiosos que practican la minería ilegal en Colombia los cuales afectan de manera directa a la población y a los recursos naturales.

Sin embargo, precisó que esa actividad deberá ser separada de la economía ilegal y que le pertenece a grupos de la mafia “una cosa es el pequeño minero y otra cosa es el mafioso”, anotó, según destacó Semana. 

La finalidad de las reformas será llegar a la construcción de un distrito agro-minero en el nordeste y en el norte de Antioquia, donde se puedan dar las condiciones y se estipulen los derechos de las familias que hacen minería responsable en esa zona. Según Petro, es necesario que, desde el gobierno, se establezca la inversión para garantizar una minería sostenible y que no destruya el río Cauca.

Pero en medio del anunció, el presidente también le envió un fuerte mensaje a los miembros del Clan del Golfo por su posible participación en los hechos que llevaron al bloqueo, donde se han visto afectados al menos 16 municipios de varios departamentos.

Para el presidente Gustavo Petro, si se llega a confirmar la presunta participación del Clan del Golfo en los hechos, se confirmaría que desde la organización criminal no se tiene voluntad de paz, pues para el primer mandatario, ninguna organización puede acercarse a un proceso para organizar la paz, si en sus planes se encuentra defender la economía ilegal o el narcotráfico.

Sobre la situación social que se vive en la zona, Gustavo Petro aseguró que las vías que se encontraban afectadas ya están bajo control de la fuerza pública, y confirmó que la troncal del nordeste está completamente libre y se puede transitar sin problema desde Montería hasta Caucasia.

“En este momento, todas las vías están bajo control. Queda solo un punto en donde se están removiendo decenas de árboles que fueron cortados para bloquear las vías. La troncal del nordeste está completamente libre, se puede llegar desde Montería hasta Caucasia y estamos removiendo los últimos obstáculos hacia Cáceres-Tarazá”.

CONFLICTO MINERO RETRASA LA EXTRACCIÓN DE ORO EN EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

El conflicto, que ya completa 10 días, ha afectado a las empresas mineras: Aris Mining Panama Segovia, Continental Gold, Mineros Aluvial, Minera El Roble y Soma Gold.

Este hecho ha retrasado la extracción de oro en esta región. Además, ha tocado a 400.000 habitantes del Nordeste y el Bajo Cauca que no han podido recibir alimentos y medicamentos, según Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, según destacó Nathalia Vargas en La República. 

“Son pérdidas millonarias, aunque no llevan a parar la producción en su totalidad. Sin embargo, hemos dejado de extraer 20% del plan mensual que habíamos establecido para este año”, dijo Javier Córdoba, presidente de Soma Gold.

Al respecto, Andrés Restrepo, presidente de Mineros dijo que cerca de 937 empleados se han visto afectados, sumado a los proveedores y clientes.

“Generamos más de 950 empleos directos, de los cuales 70% son parte de la comunidad de los territorios donde hacemos presencia (áreas de influencia), además de contratos de operación que buscan la regularización de la actividad minera con el cumplimiento cabal de los requisitos de ley y las buenas prácticas laborales y de sostenibilidad que hoy representan el sustento para aproximadamente 300 familias, más la generación indirecta de bienes y servicios que moviliza esta actividad”, dijo.

Las principales peticiones de los mineros informales son: la formalización de la minería artesanal, la reglamentación de la Ley 2250 de 2022 para otorgar la presunción de legalidad minera, la creación de distritos mineros, el otorgamiento de licencias ambientales, la modificación el artículo 106 de la Ley 1450 y el decreto reglamentario 2235, que excluye la aplicación de las normas a los mineros que están en el proceso de formalización, la titulación a pequeños y medianos mineros de la zona y respetar el uso de maquinaria durante las actividades de minería que se ha visto afectada por las acciones de la fuerza pública.

Pese a que los viceministros del Interior, Defensa, Minas y Energía y Medio Ambiente se reunieron con los líderes, estos no lograron llegar a un acuerdo, pues los voceros del paro alegaban que los propios ministros no hicieron presencia y que no había las garantías suficientes para levantar el paro.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM), por su parte, hizo un llamado para que durante los diálogos que se desarrollan en el Bajo Cauca antioqueño, se tenga en cuenta la protección de los derechos humanos de las familias, trabajadores y comerciantes de la zona que se han visto afectados.

“El bloqueo de las vías terrestres y fluviales, desde y hacia la costa norte, afecta el tejido social, la movilidad, el sustento y el acceso a la salud y a la educación de las comunidades, no solamente de los departamentos de Córdoba y Antioquia, sino de todo el país, impidiendo el tránsito de personas, alimentos, medicinas e, incluso, el traslado de pacientes, poniendo en riesgo derechos fundamentales de la población”, dijo la ACM, entidad dirigida por Juan Camilo Nariño.

Así mismo, Mineros hizo un llamado al gobierno para que acompañen a las comunidades, les permitan el libre derecho al trabajo, la movilidad y la seguridad de sus empleados y habitantes de la región.

Durante la reunión se le propuso a los organizadores un “pacto social y político” que incluye la puesta en marcha de un distrito minero y de un plan de formalización de pequeños y medianos mineros del territorio y disminuir el impacto ambiental.