CAMILA OSORIO

La tragedia ocurrida la semana pasada en las minas de carbón de Sutatausa, donde una explosión subterránea dejó a 21 mineros muertos, removió una conversación complicada en el sector hidrocarburos: cómo despedirse de la economía del carbón. El presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la meta de carbono neutralidad.

“Cada vez es más imprescindible los planes de reconversión laboral y empresarial en las zonas de minería del carbón. Cada muerto laboral no solo es una falla empresarial, sino también social y gubernamental”, escribió en su twitter.

Petro ya aumentó la carga tributaria del sector carbón el año pasado y esta semana reiteró que su objetivo es acabar con esa producción. Para eso, necesita construir una alternativa.

La transición energética justa quizás suena utópica —sobre todo cuando la guerra entre Rusia y Ucrania aumentó considerablemente la demanda y el precio del carbón el año pasado— pero varios expertos consideran que es realizable, además de deseable, y que a largo plazo el precio volverá cuando los países que consumen carbón retomen sus metas de descarbonización.

“Salir de las plantas de carbón es posible y Colombia ya tiene los elementos para ello: tenemos una ambición a nivel de inversión en energías renovables, se ha perdido el interés de los inversionistas en plantas térmicas, y la canasta energética se ha venido diversificando”, dice Laura Flechas, investigadora de la organización Transforma y coautora de la investigación Eliminación Gradual del Carbón en la generación eléctrica en Colombia’.

En ese documento los autores observan que, con la entrada en funcionamiento de la enorme hidroeléctrica Hidroituango y manteniendo los planes actuales de fuentes no convencionales de energía renovable, Colombia tiene un escenario plausible para encontrar la neutralidad de carbón en el 2030 o 2035.

“Eliminar gradualmente el carbón no es una decisión que uno toma de un día para otro. A nivel político es necesario comenzar el diálogo entre el Gobierno, las empresas y las comunidades” añade.

Este último punto es el más sensible, pero es el que justifica añadir la palabra “justa” al proceso de transición energética. De nada sirve sumar y restar megavatios de una esquina a otra del país si las comunidades que dependen de la industria del carbón van a quedar en crisis.

En Sutatausa, municipio que en buena parte vive de la explotación del carbón, algunos de los mineros que fueron testigos de la tragedia no tienen otras alternativas laborales y volverán a trabajar en las minas donde murieron sus colegas.

Como le dijo a Transforma una persona en una otra comunidad carbonera, en Paipa: “si van a acabar con las minas pues que tengan un buen proyecto para solventar el impacto porque la verdad acá el 70% trabaja en las minas”. En departamentos como la Guajira y el Cesar, al norte de Colombia, la economía del carbón puede representar alrededor del 40% de la economía local.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón, no ve avances en estos meses de Gobierno para enfrentar la transición en las zonas que dependen del carbón. “Sigue siendo un slogan de campaña, porque no vemos aún algún tipo de acción que nos indique que, efectivamente, en los territorios se va a iniciar un plan de reconversión laboral e industrial”, dice.

Varios países han comenzado el proceso de descarbonizar, como España, Reino Unido, Alemania o Chile. Cante mira con particular atención el caso alemán, donde el gobierno invirtió billones de euros para que las zonas de carbón para que transformen su economía.

“Lo que sobre todo no vemos ahorita, cuando se habla de la ruta de la transición energética justa, es de cuánto dinero estamos hablando, y cuáles van a ser los recursos para lograrla”, añade.

El estudio de Transforma explica que el carbón representa 7% de las necesidades energéticas de Colombia, pero 30% de las industrias dependen de este. Cante añade que la producción de carbón está ligada a las del ladrillo y el papel, o a las industrias alimenticias.

“Hay que pensar muy bien la transformación general de la industria, en los encadenamientos productivos. Esa es una conversación que tenemos que empezar ya y que no se hace solo con discursos sino con recursos”, dice.

EL PAÍS contactó al Ministerio de Minas para conocer qué tan avanzada va la ruta para esa transición energética justa, pero la oficina de prensa dijo que “sería prematuro profundizar en un tema que está en estructuración”.

El Gobierno planea presentar una reforma al código minero en el segundo semestre del 2023. La propuesta se nutrirá de las mesas de trabajo que ha instalado en varias zonas mineras, como municipios del Cesar, al norte de Colombia, donde ya se vive el cambio tras la salida del carbón.

EL CASO PRODECO, UN PRIMER PLAN PILOTO
“El Cesar está en el corazón de esa transición”, dice Amarilys Llanos, activista ambiental y miembro del movimiento ‘Cesar sin fracking y sin gas’.

Se refiere al departamento en el que el Gobierno Petro heredó un problema: en septiembre del 2021, la Agencia Nacional Minera aceptó que la empresa Prodeco (subsidiaria de la multinacional Glencore) renunciara a tres títulos mineros de carbón. La mina dejó de operar y sus trabajadores de la mina, igual que quienes que crearon negocios alrededor de ella, se quedaron con las manos cruzadas. “Fue irresponsable sacar a todo ese personal a la calle sin un plan de contingencia”, dice Llanos. Son más de 7.000 trabajadores.

El gobierno, en cabeza de las ministras de Minas, Ambiente y Trabajo, se sentó a escuchar a las comunidades de esa zona, que suele conocerse como ‘El corredor minero’, en diciembre. Así comenzó a elaborar el plan ‘El corredor de la Vida’ para ofrecer alternativas económicas y recuperar el daño ambiental. Algunos grupos han pedido reabrir la mina, algo jurídicamente complejo, mientras otros están viendo cómo regresar a la agricultura o fomentar el turismo. “Pero toda propuesta productiva necesita recursos y eso, por ahora, no hay”, dice Llanos.

El ‘Corredor de la Vida’ aparece brevemente en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, cuando el gobierno se compromete a promover “ actividades alternativas en áreas altamente dependientes de actividades extractivas de fósiles”. El Plan añade que la reforma al código minero generará los “instrumentos para la gestión del cierre minero”.

“Sí está ese punto de reconversión, pero aún no sabemos qué política o programa se impulsará. Por ahora no veo una política nacional, así que la Universidad del Magdalena está asumiendo un poco ese rol”, dice Andrea Cardoso, profesora de la universidad pública del departamento vecino al Cesar y por el que se exporta parte del mineral. Ella es experta en estudio de la cadena global del carbón.

Cardoso confirma que el caso Prodeco demostró lo ausente que está la política pública para asistir a las comunidades que saldrían del carbón. Recientemente creó un diplomado en su universidad para algunos de los trabajadores del corredor del carbón, para ofrecerles opciones en el mercado laboral. “Empezamos a construir este plan porque los trabajadores han estado desesperados. A mediano plazo hay que abonar mayores esfuerzos para que haya una oferta de programas tecnológicos”, dice.

El reto es gigante y Colombia llega mal preparada al proceso de descarbonización. No por eso deja de ser deseable para los expertos, por razones ambientales —para mitigar los efectos del cambio climático es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2050— y laborales: el trabajo del carbón, si el planeta continúa la descarbonización, se va a acabar igual. “¿Sabe cuál es el temor? Que si no comenzamos un plan de transición, la producción sigue subiendo y el precio sigue bajando, las minas cerrarán como Prodeco. Ante un escenario así tenemos que prepararnos ya”, concluye Llanos.