EDU GAJARDO

Sin pelos en la lengua. Cualquiera que diga que la Ley 7.722 es la defensora del agua, repite un slogan o un discurso político e ideológico (que ha resultado efectivo durante 16 años) que no tiene un sustento en la realidad de la situación del recurso hídrico en Mendoza. Partiendo de ese punto, recién se puede comenzar a hablar en serio del desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Entonces, bajo esa premisa, la campaña de las elecciones 2023 volverá a ser otra oportunidad para hablar de minería, pero cuidando siempre que sea de la manera más superficial posible, evitando aspectos técnicos y cuidando de no profundizar. 

Lo que pasó en 2019 con la Ley 9.209 es algo aprendido por los coach politíco-electorales, razón por la cual la recomendación es que se mantengan en una posición cómoda. Los candidatos dirán que se puede hacer minería en el marco de la Ley 7.722.

Decir que se puede hacer minería bajo la ley antiminera es algo qué sirve para salir del paso, pero que en los fáctico es incomprobable y lo será aún por un tiempo, hasta saber qué pasará con la exploración de Cerro Amarillo y qué sucederá con un potencial plan de explotación. De igual modo, las restricciones de la norma -que casualmente nunca fue reglamentada- son un freno importantísimo para una parte muy grande de la industria.

A tanto ha llegado el coaching respecto al discurso sobre la minería que el mismo Jorge Difonso lo repite, tal como lo hacía hace algunos meses Daniel Orozco (otro antiminero) en su intento de candidatura provincial que tuvo corta vida. 

El sancarlino dice que se puede hacer minería con la 7.722 y sin tocarla, pero la realidad indica que se va a oponer siempre a cualquier forma de desarrollo de la actividad, porque ahí está su capital político. Además, es lo que demostró con su voto en contra, por ejemplo, de un proyecto de exploración, que es lo más básico y mínimo que tiene el sector.

Pero lo más preocupante es que no sólo será la frase del legislador antiminero, sino que será la que repita el resto de los candidatos, lo que nos lleva a un escenario en el que a la hora de hablar de una actividad productiva con el potencial y la importancia de la minería, no podremos tener claro quién es quién. O sea, volveremos a hablar de minería, pero sin hablar de minería, porque todos repetirán la misma idea.

De hecho, la formación de La Unión Mendocina deja claro que antes de reunirse para formar los frentes no fue un tema relevante en la discusión, porque si lo hubieran hablado, seguramente muchos no se habrían juntado.

Estemos o no estemos de acuerdo con su posición, en medio de todos estos acuerdos políticos, el Partido Verde parece el más genuino y coherente con su discurso (si de minería hablamos), porque se mantuvieron en su posición, sin hacer alianzas y apuntando a conseguir votos en base a lo que han sostenido en todo momento, su oposición férrea.

Algo similar podría haberse dado (o darse) en Cambia Mendoza, donde por ejemplo algunas postulan al mencionado Orozco como acompañante de Cornejo como vice. Aunque todo indica que la elección iría por otro lado, hipotéticamente podría ser que un antiminero vaya en un cargo relevante en la boleta del frente que hoy impulsa la actividad.

Ahora, sólo queda esperar el cierre de listas de candidatos del sábado 22 para poder ver quiénes finalmente serán los que completarán las boletas. Ya con ese crucigrama resuelto, veremos hasta donde llegan las convicciones y qué están dispuestos a ceder por la cuota de poder y por un lugar en la boleta.