La cámara de diputados de México votó el viernes a favor de seguir adelante con la propuesta de revisión de la legislación minera del país, que incluye la reducción de las concesiones, endurecer permisos de extracción de agua y la devolución de algunos beneficios, en medio de críticas del sector.

Con el impulso de los partidos aliados del gobierno, los diputados aprobaron durante la madrugada con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

México  es el primer productor mundial de plata y uno de los mayores de cobre y oro. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines de 2018, se ha negado a ofrecer nuevas concesiones mineras, argumentando que los gobiernos anteriores dieron demasiadas.

La reforma permitirá que el gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.

Mientras que la ley actual otorga las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar.

El jefe de la cámara minera nacional dijo la semana pasada que la revisión propuesta de las leyes mineras podría costarle a México unos 9,000 millones de dólares en inversiones perdidas en los próximos años y hasta 420,000 empleos directos.

Las reformas obligarían a las compañías del sector a devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones.

El año pasado, López Obrador defendió la nacionalización de la incipiente industria del litio del país, favoreciendo la creación de una empresa estatal para la extracción del codiciado metal de las baterías, en otra medida que, según los analistas del sector minero, reduce el apetito de los inversores.

El gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) suavizó la iniciativa original del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien había propuesto reducir la duración de las licencias a solo 15 años con solo una prórroga.

Si la reforma se aprueba en el Senado, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.

Al defender la iniciativa, la diputada Raquel Bonilla, de Morena, argumentó que las modificaciones "tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación", según informó EFE.

El legislador Joaquín Zebadúa, también de Mornea, denunció que las mineras evaden impuestos por 19.000 millones de pesos (más de US$ 1.055 millones) y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1.600 concesiones en áreas naturales protegidas.

Mientras que el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), aliado del Gobierno, apuntó que el 62% de las minas metálicas en México no cuenta con concesiones de agua, 55% no tiene datos sobre emisiones de contaminantes, y 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.

Pero la oposición acusó a la alianza del Gobierno de votar la reforma en "fast track", como se dice en México cuando la mayoría en el Congreso apresura una votación sin consenso.

La diputada Laura Patricia Contreras, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), advirtió riesgos para un sector que tiene 417.000 empleos, aporta el 2,5 por ciento de la economía nacional, y genera ingresos anuales por 269.000 millones de pesos (US$ 14.944 millones).

La reforma podría generar tensiones con los socios del T-MEC, en particular con Canadá, alertaron especialistas y empresas.