El Poder Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso de la República que modifica el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal y que afectaría la lucha contra dicha actividad ilícita.

A través de un oficio enviado por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, al titular del Parlamento, José Williams (Avanza País), se precisan las causas para dicha decisión, según informó El Comercio.

La autógrafa de ley busca modificar el artículo 7 del decreto legislativo 1100 para impedir que la maquinaria, bienes e insumos incautados en operaciones contra la minería ilegal sean destruidos.

Propone que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) asigne de forma temporal, en custodia o de forma definitiva todos los bienes decomisados y que solo sean destruidos los materiales que no puedan ser incautados.

¿Qué dice el gobierno? Refiere que el carácter reservado y confidencial de las operaciones policiales y de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) puede verse afectado por la obligación de coordinar con las autoridades regionales para gestionar el retiro de las maquinarias y/o equipos de la zona de intervención.

También señala que la autógrafa de ley “afecta la capacidad operativa” de la Policía Nacional (PNP) y de la DICAPI, demandando mayores recursos humanos y logísticos para la custodia temporal de los bienes, hasta la respuesta de las autoridades regionales, lo cual implicaría un mayor riesgo para el personal involucrado en la operación.

“En tal sentido, coordinar con las autoridades regionales implicaría una demora en la ejecución de las operaciones policiales y de DICAPI que puede afectar sus acciones en la lucha contra la minería ilegal”, señaló.

“En vista de todo lo anterior, se sugiere un texto alternativo eliminando la modificación al numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1100″, agregaron la mandataria y el primer ministro en el documento enviado al Parlamento.

La autógrafa de ley fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado jueves 25 de mayo a pesar de haber sido observada por tres ministerios.