El presidente Gustavo Petro difundió que las autoridades de Colombia estaban llevando a cabo la investigación sobre un caso de robo de petróleo a la empresa mixta Ecopetrol, por una cifra que puede ascender a los 360.000 millones de pesos.

En su cuenta de Twitter, el mandatario reveló el monto de la indagación que llevan a cabo la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía y la Armada.

Petro había mencionado algunos detalles del robo el martes, también en su perfil de Twitter, donde indicó que el hurto fue de “cerca de US$ 80 millones en petróleo” y que “los delincuentes eran gente de bien de los sectores más pudientes del país”.

Con ese trino, el mandatario acompañó un artículo del portal Infobae, en que se habla de la incautación de barcos, edificios y carros de lujo a 17 empresarios colombianos involucrados en una operación de contrabando de petróleo que se conocía desde 2022 y que ganó nueva fuerza con los decomisos.

De acuerdo con la información, se trata de una operación “de gran magnitud” en la que había robo de petróleo desde los oleoductos. Las primeras pistas que llevaron a la indagación fueron unos movimientos “misteriosos” de barcos con bandera panameña en puertos de la costa Caribe colombiana que después iban a destinos como Singapur o Ámsterdam (Países Bajos), aparte de otros países de Asia y Europa.

Los barcos presuntamente transportaban cerca de un millón de barriles de petróleo colombiano, cuyo coste aproximado es de 10 millones de dólares, y que no aparecían en los registros de exportación.

El robo del petróleo empezaba en Venezuela, en ciudades como Maracaibo, Cabinas y La Raya. El crudo era transportado luego a Colombia y era mezclado con el robado al oleoducto de Caño Limón-Coveñas, en el departamento fronterizo de Arauca y contra el que han atentado de forma periódica e histórica por miembros de la guerrilla del ELN. 

El ducto es gestionado por Ecopetrol, por lo que el presidente pidió que se investigue si hubo complicidad dentro de la compañía más grande del país y de mayoría estatal: “Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”.

CÓMO OPERABA LA ESTRUCTURA RESPONSABLE DEL MULTIMILLONARIO ROBO
Se conoció el informe de la Fiscalía General de la Nación con los nombres y las presuntas conductas de los implicados en uno de los mayores robos al Estado, que involucra a Ecopetrol y el mercadeo irregular de petróleo.

Según el ente de control, los responsables serán imputados por los delitos de concierto para delinquir, contrabando de hidrocarburos, falsedad de documento público y receptación.

El documento de la Fiscalía, que reveló el diario El Tiempo, señala al empresario Hernando Silva Bickenbach, de la empresa Niman Commerce S.A.S, como el principal articulador del negocio ilegal.

Según las pesquisas, el sindicado tenía conocimiento de que su empresa no estaba avalada por el Ministerio de Minas y Energía para comercializar crudo, pero, aun así, su nombre aparece como uno de los mayores proveedores del hidrocarburo a otra de las empresas vinculadas en el escándalo: Gunvor Group.

Por esta segunda empresa estaría vinculado a la investigación Roger Gale Gutiérrez, directivo de la compañía y señalado de ser el presunto responsable de ingresar el crudo al país, a través de la empresa C.I. La Operadora S.A.S.

Según la investigación de la Fiscalía, Gutiérrez diseñó la estrategia para no ser detectado por las autoridades colombianas, y luego exportarlo en cargamentos superiores a los mil galones, haciéndolo pasar como un producto importado de crudo residual, cuando en realidad se trataba de crudo liviano.

La investigación del ente condenatorio también salpica a Paola Margarita Martínez, exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla. La empresa presuntamente sirvió como centro de almacenamiento del crudo ilegal y sus derivados en una de sus bodegas ubicada en la zona franca de Barranquilla.

El material probatorio conduciría a que Martínez tuvo negociaciones directas con Silva Bickenbach, para encontrar la forma de fortalecer el negocio ilícito de la compañía delincuencial llamada Bukering Imperio, desde la que se entramó todo el contrabando.

El abogado de Martínez admitió para El Tiempo que “a mi defendida en mayo de 2022 le fue impuesta una medida no restrictiva de la libertad y esta venció en mayo de 2023. Por ahora, solo estamos a la espera de la formulación”.

Sin embargo, los datos proporcionados por la Fiscalía indicarían que a los tres implicados se les imputaría cargos en octubre de 2023, a pesar de que en ocasiones pasadas no hayan aceptado los cargos de los que se les acusa.

En el caso, el presidente de la República, Gustavo Petro, también pidió que se adelanten las averiguaciones correspondientes y se sentencien a los responsables. “Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran “gente de bien” de los sectores más pudientes del país. Debe investigarase si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”, indicó el mandatario.

Según reveló el medio citado, también se mantienen en curso procesos de extinción de dominio contra 17 personas y unas 40 empresas que estarían implicadas en el robo y que poseen inmuebles avaluados en 1.3 billones de pesos. El escándalo se desata luego de una serie de interceptaciones de la Dijín que dejaron al descubierto, el entramado criminal de varias empresas para estafar a Ecopetrol.

ASÍ SE ROBABAN EL PETRÓLEO
La investigación desarrollada por la DIJIN, la Fiscalía, inteligencia de la Armada y efectivos de la Unidad de información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) establecieron que la principal forma de robo del crudo era a través del ‘barbacheo’, que consistía en la instalación de válvulas en las redes de los oleoductos del país.

En entrevista con Blu Radio, el jefe de incautaciones de la Dijín, Juan Guillermo Uribe, dijo que luego de instalar las válvulas en los viaductos, los delincuentes se conectaban al suministro de petróleo a través de camiones cisterna con capacidad de 12.000 galones, que lo llevaban hasta las empresas encargadas de recibirlo y procesarlo para combinarlo con hidrocarburos lícitos para comercializarlo.

Uribe indicó que uno de los puntos más afectados por el robo de crudo fue el oleoducto de Caño Limón-Coveñas, campo petrolífero dentro del cual: “Había personas encargadas de apoderarse del hidrocarburo (...) Se pudo establecer que el ELN tenía un enlace con las personas que se apoderaban del hidrocarburo en Caño Limón-Coveñas”, aseveró.