ALEXANDRA VALENCIA

Los gremios industrial y minero de Ecuador defendieron un mecanismo de consulta ambiental para la población de zonas cercanas al desarrollo de proyectos productivos y extractivos, señalando que su aplicación destrabaría inversiones congeladas por unos US$ 2.000 millones.

El mes pasado, la Corte Constitucional suspendió de manera temporal un decreto del presidente saliente Guillermo Lasso que permitía que la consulta sea un requisito previo para la obtención de una licencia ambiental.

La decisión de la Corte Constitucional se fundamenta en un pedido de la mayor organización indígena CONAIE que asegura que la consulta ambiental vulneraba los derechos de las comunidades y que su aplicación favorecería el desarrollo de proyectos mineros sobre las comunidades locales.

"Hoy en el Ecuador todas las actividades industriales están paralizadas. Esto implica un congelamiento de 2.000 millones de dólares de inversión y eso abarca una serie de proyectos", dijo María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador. 

"Como sectores productivos estamos pidiendo a la corte que nos permita trabajar, que para hacerlo requerimos de una consulta ambiental", agregó Silva, quien acompañó a trabajadores de empresas mineras, comunidades y colectivos afectados por la decisión de la corte durante una marcha en Quito.

La Corte Constitucional no respondió de inmediato para comentarios.

Al menos 176 procesos de consulta ambiental se encuentran al momento paralizados, afectando actividades como la minería, plantas de tratamiento, centrales hidroeléctricas, gestión de desechos, entre otros, según datos del Ministerio del Ambiente, que ha calificado la decisión como "inaceptable".

La consulta ambiental impulsada por el gobierno provocó una fuerte resistencia en zonas andinas de Ecuador donde se busca avanzar en el desarrollo de proyectos mineros.

Por otra parte, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) señaló que la falta de una consulta ambiental afecta a las nuevas industrias, a las que se encuentran en proceso y evita nuevas inversiones.

"Esto ha provocado que el país no sea atractivo para los inversionistas extranjeros. Sin duda una de las consecuencias económicas y productivas (...) es la paralización de la inversión y del empleo en las empresas formales", dijo la presidenta de la CIP, María Paz Jervis.