DÉBORAH DONOSO MOYA

En marzo de 2022 y luego de haber sido ministra de Minería y Energía de Pedro Pablo Kuczynski (2018), Ángela Grossheim, tomó el desafío de dirigir la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE). 

Su llegada al liderazgo del gremio minero coincidió con momentos críticos para la industria: fuertes movilizaciones tras la salida de Pedro Castillo, que desencadenaron en la paralización de importantes operaciones, como es el caso de Las Bambas; la caída de la producción y de la inversión; y un entorno global complejo post invasión de Rusia a Ucrania. 

Hoy, tras más de un año en el cargo, la abogada de la Universidad Católica del Perú apunta a un reimpulso del sector a partir del desarrollo de la actividad que acompañe la necesaria recaudación.

En conversación con DFSUD, destacó que hay espacios para mejorar, especialmente en términos regulatorios, porque actualmente para ejecutar un proyecto se deben superar unos 240 trámites donde están involucradas 29 entidades, lo que conlleva a que el proceso “tarde cinco veces más”.

“Esto nos lleva a repensar en cómo reducir estándares; podemos ser mucho más eficientes, efectivos y eficaces para conseguir los trámites y gestionar esos documentos”, agregó la ejecutiva de 49 años.

Y añadió que este es un compromiso que se asumió de parte de las empresas y del sector público considerando que los plazos extensos generan un costo adicional a los proyectos, lo que deriva en que las grandes inversiones se desvíen a mercados menos burocráticos. 

En ese sentido, aseguró que para la institución que lidera es importante mostrar que “hay un espacio para sacar adelante los proyectos y que, más bien, se necesita ponerles ese sentido de urgencia”. 

Las cifras respaldan su postura: la industria minera en el país “es uno de los grandes motores de la economía”, dijo; representa el 11% del PIB nacional y el 58% de las exportaciones, y el 14% de las inversiones son privadas, las que contribuyen con el 20% del pago de impuestos.

INVERSIONES
El escenario actual es complejo, aseguró Grossheim. “En 2022, las inversiones fueron de un poco más de US$ 200 millones, pero este monto se reducirá en un 20% este año”, explicó. 

Y si bien dijo que muchas han sido “para poner en valor algunas minas más pequeñas”, consideró que “también necesitamos estos grandes proyectos que movilizan enormes recursos”.

De cara a 2024, la exministra no quiso especular, pero sí señaló que todo dependerá de factores como “el acompañamiento del Estado, los trámites y también las decisiones internas”.

Se mostró confiada en lo que está por venir. “Creo que hay muchas oportunidades para poder sacar adelante los proyectos y ponerlos en valor. Creo además que la coyuntura económica hace que pensemos con este sentido de urgencia en la necesidad de trabajar en los permisos para las actividades mineras”, señaló.

“Tenemos que hacerlo de una manera mucho más focalizada, con mucho más rapidez y también trabajar como país en la formalización”, agregó.

DESAFÍOS
Haciendo un balance de la edición 2023 de la Convención Minera Perumin, la experta repasó los temas prioritarios en las discusiones de la industria y los resumió: burocracia, formalización laboral, minería ilegal e inestabilidad política. 

Sobre la actividad ilegal, Grossheim apuntó que “es importante trabajar con el sector ilegal, para que se desarrollen de una manera adecuada, con la normativa existente”. 

Respecto del entorno político, hizo un llamado a trabajar en ofrecer certezas para los inversionistas. “Perú ha demostrado durante muchos años que cumple sus compromisos y eso nos ayuda enormemente. Además, los inversionistas no ven mal a Perú, creo que nosotros siempre somos mucho más pesimistas de lo que realmente otros ven”, apuntó.

Para enfrentar estos desafíos, desde la Sociedad Minera aseguran que están trabajando en varias aristas. “En el tema de permisos, primero sensibilizando para que se entienda la problemática; tenemos una serie de propuestas para mejorar”, indicó la ejecutiva, quien también trabajó en el sector privado, en la empresa IC Power del sector energético.

Detalló que han aportado con estudios sobre la formalización minera, “porque vemos realmente con preocupación cómo la actividad ilegal ha crecido muchísimo en el país, generando también violencia y violaciones a derechos humanos, ambientales y de salud”.

Según la representante, todo esto debe ser abordado de manera integral y haciendo partícipe a todos los incumbentes de la industria, tanto como empresas, inversionistas y el Estado, y destacó precisamente los esfuerzos de iniciativas como Perumin.