Según un documento publicado en septiembre de 2023 por  Instituto Peruano de Economía (IPE) para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía (SNMPE), los conflictos sociales y/o ambientales que afectan a proyectos mineros u operaciones ya en marcha están generando un daño muy grande a los peruanos, en términos de ingresos para el Estado.

De acuerdo al informe ¿Que estamos perdiendo como país? elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía (SNMPE) de setiembre de 2023, el país pierde más de S/123.000 millones en impuestos y más de S/ 698 mil millones por producción e inversión de proyectos no ejecutados. Además, se estima que más de 666 mil puestos de trabajo han desaparecido. 

La minería es una de las actividades de mayor importancia para la economía peruana debido a los altos encadenamientos que posee con otros sectores productivos y al elevado aporte económico que genera en términos de producción, exportaciones, empleos y recaudación fiscal. Sin embargo, el entorno para hacer negocios en minería registra una serie de debilidades que vienen limitando el aprovechamiento del potencial minero.

Destacan entre ellas la creciente conflictividad social y la elevada complejidad regulatoria, que han postergado recurrentemente la puesta en marcha de proyectos mineros y, con mayor énfasis durante los últimos años, una serie de interrupciones y paralizaciones en las operaciones de diversos yacimientos mineros. En conjunto, todo ello ha representado significativos montos por pérdidas de producción. De no haber ocurrido así, hubiera sido posible reactivar la economía y retornar a la senda de reducción de la pobreza.

Para dimensionar las consecuencias de un clima de negocios poco competitivo en la minería peruana, el presente estudio estima los costos económicos generados por la no ejecución y la subproducción de los proyectos mineros debido a la tramitología que deben enfrentar las empresas y los conflictos sociales. Se han considerado tanto los efectos directos, como los indirectos e inducidos generados por dicha problemática.

Los efectos directos incluyen las inversiones, la producción, los empleos y los recursos fiscales que se dejan de generar en el sector minero. Por otro lado, los altos encadenamientos que posee el sector con el resto de actividades productivas provocan significativos efectos indirectos (a través de la cadena de proveedores) e inducidos (a través del consumo de los trabajadores y la reinversión de utilidades). El efecto total se calcula a partir de los multiplicadores de la tabla insumo producto (TIP), estimados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su estudio Contribución de la minería a la economía nacional, que fue elaborado en el 2021.

Para Jose Antonio La Rosa, Co Fundador de SUPERA, la viabilidad de los proyectos mineros o de operaciones en marcha no solo emerge de aspectos claves como las reservas, la producción, los costos y los permisos, sino también de desafíos tan o más importantes como el nivel de compromiso de sus trabajadores y la aceptación de las comunidades donde operan.

Tradicionalmente las empresas se han protegido a través de tres dimensiones: legal, político y operacional, sin embargo, diversos actores utilizan la desinformación como un “arma” para desestabilizar a las compañías mineras frente a sus colaboradores y las comunidades aledañas. En ese sentido, el experto señaló que es imprortante empoderar la parte social y laboral ya que representan las líneas más fuertes de defensa.

“El éxito de la puesta en marcha de los diferentes proyectos mineros o de la continuidad de las operaciones radica en prevenir los conflictos que se presenten tanto con sindicatos, comunidades, equipos de trabajo, entre otras organizaciones. Además no todos los conflictos se analizan desde la misma perspectiva; se debe revisar la casuística propia de cada problemática y actuar de manera proactiva, con liderazgo y con un equipo sólido”, sostuvo.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS EN LA MINERÍA
Los conflictos son parte inherente en la sociedad en general y la industria minera no es la excepción. Sin embargo, es importante que todos los involucrados (CEOS, inversionistas, empresarios, autoridades y población en general) trabajen de la mano en contra de un solo objetivo: acabar con la pobreza.

“Somos un país bendecido con yacimientos mineros. Tenemos una oportunidad importantísima para explotar el cobre debido a que la sociedad quiere dejar el petróleo y reemplazarlo por energías renovables limpias. Si trabajamos de la mano y empoderamos a las empresas minero extractivas, se podría triplicar la actual demanda del cobre y superar, por ejemplo, al vecino país de Chile”, señaló el experto de SUPERA que viene aplicando con éxito el modelo de cercos estratégicos en diferentes industrias del mundo.

Según refirió La Rosa, la fórmula del éxito de los cercos estratégicos está en la buena gestión de relacionamiento (trato humano) y la buena gestión del desarrollo (inversión). En ese sentido, las compañías mineras deben trabajar en la sustentabilidad como fuente de creación de valor.

En la parte de relacionamiento, las compañías mineras deben establecer planes que permitan trabajar con las comunidades con empatía y respeto, creando puentes de relacionamiento para desarrollar progreso y riqueza para cada comunidad; así como fortalecer la importancia de los colaboradores como embajadores de la empresa.

Los Stakeholders no son solo los accionistas, son también las comunidades y los trabajadores, con este nuevo nivel de consciencia estamos creando progreso y bienestar sostenible para todos.

En tanto, a la que concierne a la gestión de desarrollo, las autoridades también deben tomar un rol menos pasivo y más promotor de la inversión con leyes de inversión claras que hagan que los países del mundo compitan por invertir en el nuestro. Y que, como consecuencia, tengamos proyectos mineros de clase mundial respetando con tecnología de punta y compromiso con el medio ambiente.