Argentina solicitó la jueza Loretta Preska no ejecutar una sentencia por U$S16.100 millones derivada de la nacionalización de una parte mayoritaria de la petrolera YPF en 2012.

Según informó Reuters, en una presentación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan, Argentina dijo que hacer cumplir la “verdaderamente abrumadora” sentencia o exigir que deposite una fianza “paralizaría a una nación que ya sufre una grave inflación y sequía”.

Argentina dijo que ejecutar la sentencia equivalente a casi el 20% de su presupuesto y que haría más difícil que se pueda estabilizar el peso y reducir la carga de deuda de US$ 235.000 millones.

También afirmó que la aplicación de la ley causaría “graves dificultades” a los más de 47 millones de habitantes, lo que hace más difícil proporcionar energía, salud, transporte, agua y cloacas y otros servicios.

La sentencia surgió de la nacionalización en abril de 2012 por parte de Argentina del 51% de YPF que estaba en manos de la española Repsol argumentando una supuesta falta de inversión por parte de la empresa y sin licitación para las acciones en poder de inversores minoritarios.

Dos de esos inversores, Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management iniciaron una demanda y el mes pasado la jueza de Distrito de Estados Unidos Loretta Preska falló a favor de ellos con una sentencia por 16.100 millones de dólares incluyendo intereses.

Burford Capital, que financió el litigio y según documentos judiciales tenía derecho a un respectivo 70% y 75% de los daños de Petersen y Eton Park, calificaron la decisión de Preska como una “victoria completa”.

Argentina había argumentado que no debería pagar más de US$ 4.920 millones. Repsol recibió unos US$ 5.000 millones de compensación.

Preska decidirá si suspender la ejecución de la sentencia mientras Argentina apela ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan. Los abogados de Petersen y Eton Park no respondieron de manera inmediata el viernes a un pedido de comentarios. El gobierno de Argentina tampoco respondió ante el pedido de comentarios.