El Servicio de Impuestos Internos (SII) adelantó los detalles de un nuevo insumo de trabajo para los diálogos y discusiones que se desarrollan en torno al Pacto Fiscal que pasará a llamarse Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. 

El informe “Estimación de la brecha de cumplimiento en el IVA y el Impuesto de Primera Categoría”, calculó el incumplimiento tributario en dichos gravámenes con el objetivo de tener datos más actualizados para abordar la discusión sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias y el combate a la evasión y elusión. 

La brecha de cumplimiento se define como la diferencia entre lo que el Estado debería recaudar de acuerdo con la letra y espíritu de las leyes vigentes y lo que efectivamente se recauda. Se explica por tres factores: evasión tributaria, entendida como una subdeclaración ilegal y voluntaria de los impuestos; elusión tributaria, correspondiente a la planificación tributaria agresiva con el objetivo de evitar o reducir una obligación tributaria vía mecanismos ilícitos; y finalmente la subdeclaración involuntaria, que puede ocurrir por errores involuntarios del contribuyente producto de un desconocimiento de la normativa. 

El documento abarcó los años 2018, 2019 y 2020, y utilizó la información de las Cuentas Nacionales y datos tributarios del SII. Con esa información calculó la brecha de cumplimiento para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Primera Categoría, los que, en conjunto, resultaron en una brecha equivalente al 6,5% del PIB en promedio para los años antes mencionados.

Esta brecha no está explicada por gastos tributarios, puesto que se excluyeron de la recaudación potencial calculada las exenciones y otros beneficios tributarios.

En la revisión individual de cada uno, el Impuesto al Valor Agregado registra una brecha equivalente a 1,8% del PIB en promedio para los años analizados, lo que supone un incumplimiento tributario de 18,4% promedio. Es decir, del total de recaudación esperada por el IVA un 18,4% deja de percibirse. Dicha cifra es casi el triple de la mediana para países de la Unión Europea (UE), que corresponde a 6,9%. 

“Estos datos son importantes, si uno lo compara con estimaciones anteriores, las estimaciones de evasión de IVA en Chile han estado fluctuando en torno al 20%. A mí me tocó hacer el primer estudio en Chile, estamos hablando de los 80, y en esa época era en torno a 25%. Los avances que podamos lograr en materia de cumplimiento tributario por supuesto nos permitirían liberar recursos importantes”, reflexionó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. 

Con estos datos, el documento señala que las brechas estimadas para ambos impuestos son internamente consistentes. En una aproximación de carácter ilustrativo, la base imponible del IVA equivale a ventas menos compras. La base imponible del impuesto de primera categoría equivale ventas menos compras menos pago de remuneraciones.

Es decir, el impuesto de primera categoría tiene una base imponible más estrecha que el IVA. El informe sostiene que acciones que conllevan a una brecha de cumplimiento del orden de 20% a nivel de IVA son plenamente consistentes con una brecha del orden de 50% a nivel de impuesto de primera categoría.

En el encuentro, además el director del SII, Hernán Frigolett, presentó una Propuesta de Fortalecimiento y Cumplimiento Tributario. Frigolett anunció un Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, enfocado en cuatro ámbitos: grupos empresariales, altos patrimonios, comercio informal y multijurisdicción. Este plan es consistente con una serie de modificaciones legales que se incorporarán al proyecto de ley de cumplimiento tributario, que tiene como objetivo reducir la citada brecha.

En el caso de los grupos empresariales, entre otras cosas, se intensificarán las acciones de control en los grupos que presenten niveles de tributación bajo los promedios de cada industria, en las planificaciones tributarias, y en las reorganizaciones empresariales especialmente de carácter multinacional. Para ello se requiere, entre otras, efectuar cambios a la Norma General Antielusiva y a la Definición de grupo empresarial. 

Por el lado de los altos patrimonios, se fiscalizará a personas que realicen el traspaso intergeneracional del patrimonio sin cumplir sus obligaciones tributarias y se determinará con mayor precisión el patrimonio de contribuyentes con participación directa e indirecta en sociedades, se requerirán modificaciones al Secreto Bancario y perfeccionar las facultades de fiscalización conforme a normas generales, entre otras. 

En tanto, con el comercio informal se pretende recaudar IVA por la vía de mejores herramientas para monitorear transacciones y a contribuyentes que dejen de emitir documentos tributarios; controles automatizados y en tiempo real para abordar modelos de negocio emergentes, entre otras medidas. Para ello se presentará un paquete de modificaciones para combatir el comercio informal como exigir inicio de actividades a quienes utilizan plataformas de pago.

Finalmente, la multijurisdiccionalidad posibilitará llevar a cabo acciones de fiscalización a distancia sobre contribuyentes domiciliados en cualquier territorio jurisdiccional del país, a través de funcionarios de las distintas Subdirecciones o Direcciones Regionales, para lo cual también se requerirán modificaciones a leyes tributarias.  

El ministro Marcel resaltó la necesidad de llegar a acuerdos con distintos sectores. “Tenemos una agenda que ya no es producto simplemente de una propuesta del Gobierno, la agenda que está dentro del Pacto Por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal ya tiene muchos insumos de todos quienes han estado participando en este ejercicio, y una vez que terminemos con la discusión del marco tributario hoy, estará disponible para los partidos políticos", dijo. 

Además, durante un seminario de la SOFOFA llamado “Visión económica 2023-2024 ¿Cómo retomar el crecimiento económico?”, el secretario de Estado se refirió a las conversaciones en torno al Pacto y a la necesidad de concurrir a un acuerdo con los distintos sectores políticos.

“¿Por qué necesitamos de los partidos políticos? Porque alguien diría ‘si ustedes tienen claros los proyectos que hay que hacer para reducir trámites, etc., entonces por qué no los mandan al Congreso en vez de estar preocupados de armar un pacto’. La razón es muy sencilla: las cosas no se resuelven enviando proyectos al Congreso. Para que las cosas ocurran, los proyectos deben aprobarse; el Congreso está lleno de iniciativas que nunca se terminaron de tramitar. Si no tenemos apoyo político para darle prioridad y celeridad a estos proyectos, no iremos demasiado lejos”, analizó. 

“Como gobierno quizás podríamos decir que cumplimos, porque enviamos todos los proyectos al Congreso y ahí podríamos apuntar para echarle la culpa, pero eso a la gente no le resuelve ningún problema. Necesitamos un acuerdo político, el cual también permitirá reducir la incertidumbre no sólo hoy, sino también dar certeza jurídica a futuro. Recordemos que la reforma tributaria de los años ‘90, dio certeza tributaria por una década”, completó Marcel.