MARÍA SOLEDAD GONZALEZ

Mientras la reforma del código minero sigue su derrotero en la Legislatura, en el gobierno local sacan cuentas sobre cuál podría ser el impacto de abrir, dentro de la legislación vigente, las puertas a la minería. “Ya tenemos varias empresas interesadas en realizar cateos en Malargüe para analizar el potencial de la zona”, indicó a Los Andes la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La funcionaria se mostró con altas expectativas con lo que podría suceder en el departamento sureño en caso de que la Legislatura se encamine a aprobar la reforma al Código de Procedimientos que regula la actividad e introduce normas que hacen a la protección del ambiente con legislación más estricta en cuanto al cuidado y con la amenaza de sanciones severas para quienes incumplan.

El proyecto abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras), con altos estándares internacionales, regulando incluso el transporte de la producción por rutas y caminos. En su articulado agiliza el trámite de permisos, evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias, entre otros.

De hecho, tal como explicó Latorre en la Legislatura días atrás: “la reforma trae reglas claras que contemplan altos estándares de sostenibilidad, tanto ambiental como social, para generar esa licencia y para ganar la legitimación y la confianza en los controles, que va a hacer que podamos desarrollar una actividad minera con seguridad y sostenibilidad”.

UNA VUELTA DE TUERCA
Si bien se conoce que la provincia tiene posibilidades de desarrollar minería principalmente para la extracción de cobre, por ahora, no se han logrado inveriones al mismo ritmo que otras provincias vecinas.

Varias son las razones, una de ellas la limitante en el uso de sustancias químicas para la extracción, pero desde el gobierno entienden que la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que tiene que pasar por la Legislatura, se ha terminado convirtiendo en un fuerte escollo para atraer nuevos inversores que tienen la capacidad de trabajar dentro del marco legislativo vigente.

Así, en la actualidad, en la provincia en exploración hay cuatro proyectos: Cerro Amarillo, El Burrero, Las Choicas y La Adriana, siendo Cerro Amarillo el que cuenta con una inversión de US$ 20 millones en servicios y campamentos.

Por lo tanto, para lograr atraer empresas a futuro se buscará la creación de “Malargüe Distrito Minero”, una ambiciosa propuesta para poner en marcha un área de 20.000 km2 para exploración en la comuna sureña, que abarcaría unos 200 permisos mineros y que se buscará una DIA conjunta para ese proyecto.

¿Cómo lo lograrán? La ley 7.722 no exige que se trate de un solo proyecto cada vez que se pide la DIA. Con este vacío, el gobierno pretende incorporar la figura de “proyectos mineros”, similar al adoptado en otras provincias de Argentina, para poder aprobar un área mayor, que les permita tener un portafolio de opciones más grande que ofrecer a los inversores, muchos de los cuales ya los contactaron en la feria a la que asistieron en Canadá.

“Si logramos que 8 empresas estén explorando en Mendoza, en el corto plazo podemos generar inversiones por 160 millones de dólares”, indicó.

De aprobarse, esto permitiría trabajar luego en el gobierno desde el área técnica con las interesadas en explorar en la provincia. Con esto en mano, la provincia estaría poniendo sobre el tapete las condiciones para atraer inversiones en esa zona y puedan explorar cobre con métodos aprobados dentro de la Ley 7.722.

EXPLORACIÓN PARA GENERAR MOVIMIENTO
Desde el comienzo de su gestión, Latorre había dejado claro que “Si nosotros nos comparamos con San Juan, todo el movimiento económico que tiene hoy en la provincia pasa por la exploración minera, que genera una activación económica y un derrame hacia los servicios vinculados que es importantísimo”.

Cabe destacar que en San Juan, la minería aportó en 2023 a la provincia exportaciones por 1.000 millones de dólares. Genera 8.000 puestos de trabajo registrados directos e indirectos que se pueden atribuir al sector. Y en este momento representa el 12% del PGB.

Como punto de comparación, las exportaciones totales de Mendoza en 2023 registraron ingresos por 1.312 millones de dólares. Ese número es un 18% inferior al del año pasado en términos de valor, según datos del Indec. Por lo que incorporación de un nuevo jugador con el marco normativo vigente podría genera un gran cambio, en cuanto a impacto económico se refiere.

Es que si bien en Mendoza se habla abiertamente de que se debe alcanzar un cambio en la matriz productiva, hay datos que generan una luz de alerta. En un reciente informe del Ieral - Fundación Mediterránea, se mostró que la economía mendocina cayó un 1,4% en 2023, es decir, al mismo nivel que la nacional.

En cuanto al panorama laboral, el informe también arroja cifras preocupantes. El empleo formal privado en Mendoza, que históricamente ha sido el que ofrece mejores salarios, se encuentra estancado en niveles similares desde el año 2013.

Paralelamente, se observa un incremento significativo en la precariedad laboral, con cifras que alcanzan entre el 60% y el 80% en ciertos rubros. Esta situación se agrava con la pérdida del poder adquisitivo erosionada por la inflación, que ha experimentado descensos más pronunciados en Mendoza que en otras regiones del país.