El ministro de Hidrocarburos y Energías (MHE), Franklin Molina, destacó el fallo de la Sala Constitucional Primera de Tarija, que denegó una Acción de Amparo Constitucional presentada contra los miembros de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional.

La instancia en junio de 2021 dejó sin efecto la sentencia que obligaba a Petrobras Bolivia a pagar US$ 61 millones por concepto de “uso de propiedad agraria” en el Campo San Alberto de la Región Autónoma del Gran Chaco. 

“De este modo, la justicia boliviana ratifica las garantías jurídicas para las empresas extranjeras que invierten en el país”, apunta un reporte del MHE.

De acuerdo con la autoridad, para el gobierno nacional es muy importante destacar el alto sentido de responsabilidad que ha tenido la Sala Constitucional Primera al actuar conforme a derecho.

“Esta decisión de la justicia boliviana es trascendente porque evidencia la seguridad jurídica que existe en el país para las inversiones externas, especialmente en el sector de hidrocarburos”, expresó el ministro.

Molina también enfatizó que su despacho realiza un minucioso seguimiento del caso, mediante los equipos de abogados del ministerio y de YPFB, por las implicaciones económicas que el caso tiene, especialmente por tratarse de una operación petrolera donde la estatal es socia, a través de la empresa YPFB Andina.

El campo San Alberto entró en producción de gas y petróleo el año 2000. El yacimiento es operado por Petrobras Bolivia y tiene como socios a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Andina y la empresa Total Energies.