En el transcurso de la última década, los países de América Latina exhibieron un bajo nivel de crecimiento económico, con una tasa promedio del 0,9% en el período 2015-2024, inferior a la del 2,0% registrada en la llamada “década perdida” de 1980. Dinamizar el crecimiento constituye una tarea primordial para que la región pueda responder a los desafíos ambientales, sociales y laborales a los que se enfrenta en la actualidad.
Para 2025 se proyecta para Argentina un crecimiento del 4%,un derivado de una recomposición de los ingresos reales de los hogares y del impulso del sector de hidrocarburos. Estas previsiones están sujetas a que no se produzcan nuevas disrupciones en el frente externo.
En el caso de Argentina, en 2023, la economía argentina se contrajo un 1,6%, debido a la caída de las exportaciones y la inversión. Este desempeño obedeció a la profundización de una serie de desequilibrios macroeconómicos de largo alcance y al impacto de una fuerte sequía sobre el complejo agroexportador.
En el frente fiscal, la administración central registró un déficit primario del 2,7% del PIB en 2023, por encima del 1,7% del año anterior, y una deuda del 158% del PIB a fin de ese mismo año. En el frente externo, la cuenta corriente arrojó un déficit del 3,2% del PIB y las reservas internacionales netas de pasivos de corto plazo se ubicaron en un nivel negativo cercano a los 11.000 millones de dólares. Estos desequilibrios repercutieron en la inflación, que alcanzó un 211% interanual en diciembre de 2023, por encima del 95% del mismo período del año anterior.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad económica cayó un 2,9% interanual en los primeros cinco meses de 2024 y la inflación fue del 276% interanual en los primeros seis meses del mismo año. En el segundo trimestre, el nivel de actividad tendió a estabilizarse y alcanzó una leve recuperación intermensual entre los sectores más afectados, como la construcción, y la inflación mensual bajó del 25,5% en diciembre de 2023 al 4,6% en junio de 2024.
A partir del efecto inicial de las medidas dirigidas a recomponer los equilibrios macroeconómicos, incluido un impacto negativo en el consumo y la inversión, para 2024 se proyecta que el PIB de la Argentina caerá un 3,6%. En esta contracción se considera el contrapeso que implicará la recuperación de las exportaciones del sector agropecuario tras la sequía del año anterior y el mayor dinamismo de las exportaciones de energía por las inversiones en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
Durante 2023, la política económica tuvo como principal desafío administrar la escasez de divisas ocasionada por el bajo nivel de reservas internacionales, la falta de acceso al crédito privado y los menores ingresos procedentes de las exportaciones, dado el impacto de la sequía. En los primeros meses de 2024, la política de la administración entrante priorizó la implementación de un programa económico orientado a corregir rápidamente los desequilibrios fiscal y externo.
En 2023, la política fiscal mostró un sesgo contractivo, a partir de una reducción del gasto primario real. Aun así, el déficit primario se incrementó al 2,7% del PIB, frente al 1,7% correspondiente a igual período del año anterior, porque la caída de los ingresos reales (-8,6%) fue mayor que la reducción del gasto primario (-4,5%).
En los primeros seis meses de 2024, el resultado primario arrojó un superávit del 1,1% del PIB, frente al déficit del 1,0% registrado en el mismo período del año anterior. Esta dinámica respondió a una mayor caída real del gasto primario (-31,9% interanual) en relación con la reducción de los ingresos (- 5,3%). El componente que contribuyó en mayor medida a la caída del gasto real fue el de las prestaciones sociales (aporte de -12,1 puntos porcentuales), seguido de los gastos de capital (-7,0 puntos porcentuales), los subsidios energéticos (-4,3 puntos porcentuales), los gastos de funcionamiento (-3,4 puntos porcentuales) y las transferencias a las provincias (-2,1 puntos porcentuales).
La caída del gasto social y de funcionamiento obedeció, principalmente, a que las prestaciones sociales y los salarios del sector público se actualizaron por debajo de la inflación. La contracción real del gasto de capital y de las transferencias a las provincias se explicó por una reducción nominal de estas partidas. La caída de los subsidios a la energía fue, en parte, la contracara del alza de las tarifas de servicios públicos por encima de la inflación, en el marco de una estrategia para su actualización, y, en parte, resultado del retraso en el pago de los servicios a las empresas generadoras de energía eléctrica.
En junio se introdujeron importantes cambios tributarios tras la aprobación de la ley sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Entre el momento en que se realizó el cambio de autoridades, en diciembre de 2023, y julio de 2024, el banco central compró divisas en el mercado cambiario por 17.100 millones de dólares y las reservas internacionales brutas aumentaron 5.200 millones de dólares.
En julio de 2024, se produjeron algunas tensiones en el mercado cambiario paralelo que redundaron en que las autoridades habilitaran la intervención del banco central en este mercado por un monto máximo cercano a los 2.000 millones de dólares. Por último, el tipo de cambio real multilateral subió un 8% entre principios de diciembre de 2023 y fines de julio de 2024, dado que el tipo de cambio nominal se incrementó por encima de la inflación
