Cancilleres y altas autoridades de América Latina y el Caribe y otros países miembros de la CEPAL ratificaron su compromiso con el multilateralismo, la cooperación regional y la implementación de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, y reiteraron la urgente necesidad de reformar el sistema multilateral y la arquitectura financiera internacional para que la región -eminentemente de renta media- pueda acceder a financiamiento adecuado para avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.

En la última reunión de CEPAL en Perú, los representantes analizaron las problemáticas que atraviesa América Latina sobre la base del informe que marca las tres trampas del desarrollo: una trampa de baja capacidad para crecer; una de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y una tercera de bajas capacidades institucionales y débil gobernanza.

Según explica José Manuel Salazar-Xirinachs,  Secretario Ejecutivo de CEPAL, "estas tres trampas son enormes obstáculos para construir un futuro más productivo, inclusivo y sostenible, por lo que no es exagerado afirmar que la región está pasando por una crisis del desarrollo. Además de estas trampas, la región enfrenta el reto del cambio climático y de promover un desarrollo ambientalmente sostenible".

La crisis del desarrollo coincide e interactúa con un contexto internacional que cambió significativamente en la última década, tanto en términos geoeconómicos como geopolíticos, y que se encuentra en transición hacia nuevas reglas para el comercio y la inversión. Este nuevo contexto presenta retos y oportunidades para los países de la región.

La confluencia de una globalización en proceso de redefinición y las tendencias tecnológicas, demográficas, climáticas y geopolíticas asociadas, con las tres trampas del desarrollo y el legado histórico de brechas que la región no ha podido superar, plantea la necesidad de un pensamiento nuevo y creativo sobre cómo salir de las trampas y cerrar las brechas.

La historia de reformas en América Latina y el Caribe para transformar diversos aspectos de los patrones de desarrollo es larga, desde estrategias lideradas por el Estado hasta estrategias que confían en el poder de los mercados, la desregulación y la apertura económica. Esta dicotomía Estado-mercado no ofrece soluciones adecuadas y puede ser incluso dañina a la hora de pensar en las condiciones y los procesos de transformación, porque simplifica la complejidad de estos procesos y puede derivar en discusiones más ideológicas que prácticas.

El punto de partida es el análisis del contexto internacional. El mundo está atravesando un período en el que las reglas de la globalización están cambiando y redefiniéndose, en consonancia con los cambios geoeconómicos y geopolíticos que están teniendo lugar. Este proceso de redefinición presenta retos y oportunidades para la región.

En todos estos ámbitos, América Latina y el Caribe dispone de un amplio margen de acción, que depende de la adopción de sus propias decisiones en materia de política pública y asignación de recursos. 

La formulación e implementación de políticas para facilitar estas transformaciones demandan inversiones significativas, para lo que se precisa movilizar recursos públicos y privados tanto a nivel nacional como internacional. Desde esta perspectiva, la movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo es un recurso con potencial transformador para crear un futuro más productivo, inclusivo y sostenible en la región.

Los principales obstáculos para la movilización de recursos incluyen el bajo crecimiento económico, el limitado espacio de políticas públicas y los elevados costos de financiamiento. Para enfrentar dichos obstáculos e impulsar el financiamiento de sectores clave, incluidos los de energía, agua y saneamiento, infraestructura, alimentación y agricultura, biodiversidad, salud y educación, así como otros sectores impulsores y dinamizadores, se propone un conjunto de estrategias en torno a tres ejes.

En primer lugar, es crucial fortalecer las finanzas públicas aumentando la capacidad de movilización de recursos mediante una mejora de la recaudación tributaria. Esto supone reforzar la tributación directa, especialmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y combatir la evasión y elusión tributarias que resultan en grandes pérdidas de ingresos fiscales. Además, se debe construir un marco sostenible para las finanzas públicas, permitiendo una gestión eficiente de la deuda pública, reduciendo los déficits fiscales y asegurando la estabilidad macroeconómica.

Otra estrategia esencial es el uso integral de herramientas de estabilización macroeconómica. La implementación de políticas macroprudenciales puede incrementar la resiliencia del sector financiero y atenuar la volatilidad macroeconómica, complementando otras políticas económicas para mejorar la gestión del ciclo económico. Es necesario ajustar las políticas monetarias y fiscales para apoyar la inversión y el crecimiento, evitando políticas procíclicas que exacerben las fluctuaciones económicas.

Además, se necesita reformar la arquitectura financiera internacional, que debe articularse en torno a cuatro ejes:

+ fortalecer la gobernanza económica mundial, incrementando la participación de países en desarrollo en la toma de decisiones de las instituciones financieras internacionales; 

+ mejorar los mecanismos internacionales para el alivio y la reestructuración de deuda soberana, con el fin de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de manejar sus obligaciones de manera sostenible y evitar la crisis de la deuda; 

+ escalar significativamente la disponibilidad de financiamiento para el desarrollo, considerando que es fundamental reforzar las instituciones de la banca de desarrollo para que puedan movilizar más recursos hacia el sector productivo, lo que incluye la creación de nuevos mecanismos que faciliten la inversión y el financiamiento a largo plazo, y

+proveer un acceso más equitativo a la red de seguridad financiera mundial, donde la reestructuración del papel y uso de los DEG es clave. El desarrollo e implementación de estas estrategias exigen el fortalecimiento de las capacidades institucionales existentes, con particular énfasis en las capacidades operativas y de formulación, ejecución y monitoreo de políticas.

En este sentido, el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal se puede articular en torno a la adopción de reglas fiscales coherentes con la sostenibilidad de la deuda y la estabilidad macroeconómica, apoyadas por consejos fiscales independientes y un amplio consenso político. Asimismo, el desarrollo de mecanismos que faciliten la adopción de posturas comunes a nivel regional frente al proceso de reforma de la arquitectura financiera internacional puede mejorar las perspectivas del financiamiento para el desarrollo.