El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, advirtió que desde mayo de este año, las investigaciones vinculadas a minería ilegal han aumentado en un 50%. A la fecha, cuentan con más de 7200 casos. Así lo indicó en una entrevista exclusiva con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“En el despacho en el que me desempeño en Puno, desde mayo hasta la fecha hemos tenido un incremento del 50% de casos por minería ilegal en las zonas de los distritos que colindan con Madre de Dios y con Bolivia, en los cuales la minería ilegal y el narcotráfico ya han formado lo que se llama la narcominería”, comentó.

En ese sentido, dijo que, en la actualidad, ambas actividades ilegales “se protegen y trabajan de la mano” a fin de evitar una intervención efectiva de la Policía y del Ministerio Público. También invocó al Estado a reforzar la presencia policial en estas zonas. 

“Cuando vamos a hacer intervenciones, con uno o dos policías, no podemos ingresar a la zona porque disparan o amenazan. Nosotros como Ministerio Público no podemos exponer a dos agentes policiales para que intervengan a una actividad minera ilegal que tiene entre 20 y 30 personas y hay gente armada dispuesta a todo. Es lamentable esta situación que estamos atravesando”, declaró al IIMP.

Respecto a las zonas en donde opera mayormente la minería ilegal, Chávarry manifestó que se trata de La Pampa en Madre de Dios; el río Nanay en Loreto; el río Cenepa en Amazonas; Camanti en Cusco; y Ayapata en Puno.

“Ahora estamos viendo que una de las zonas álgidas también es La Libertad, en la cual la minería ilegal ya ha trascendido el tema de una simple actividad a un crimen organizado con la protección de grupos delincuenciales que operan de una manera muy distinta a lo que normalmente hemos visto. O sea, ya es común que estos grupos disparen a la Policía, disparen al personal de las autoridades administrativas, tengan atentados, amedrentamientos y demás”, refirió el letrado.

NO AL REINFO
En otro momento, el fiscal afirmó que uno de los principales problemas que enfrenta la institución para luchar contra esta economía ilegal es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual les da protección a los mineros ilegales, mediante el Decreto Legislativo N° 1351. Su vigencia termina el 31 de diciembre de este año.

“Este Reinfo ha servido como una especie de camuflaje para los mineros ilegales, porque muchos de ellos se sometieron a este procedimiento sin la intención de formalizarse, sino únicamente para que puedan recibir la exención de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal que establece el decreto. Este en su última disposición final complementaria señala que cualquiera que se someta al proceso de formalización, queda exento de responsabilidad del delito de minería ilegal”, anotó.

Finalmente, consideró que el Congreso de la República no debe extender la vigencia del Reinfo como se viene pretendiendo por dos años más en la Comisión de Energía y Minas, sino más bien buscar otro mecanismo que aliente a la formalización minera y con normas que permitan una fiscalización constante.