El Gasoducto Perito Francisco Moreno, la reversión del Gasoducto del Norte y la adecuación tarifaria, entre otras medidas, no fueron suficiente para acomodar la política energética de Argentina y el gobierno nacional decidió, a través del Decreto 1023/2024, extender la emergencia del sistema hasta el 9 de julio de 2025.
En los últimos 10 años, la balanza comercial energética dio una pérdida de US$ 30.000 millones debido a altos costos de generación eléctrica y precios subsidiados y para revertirlo el gobierno nacional persigue tres objetivos: autosuficiencia, normalización y financiamiento
Según establece el Decreto 1023/2024, la emergencia será sobre los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural y las acciones que de ella deriven, hasta el 9 de julio de 2025. El plan está en establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías.
La entrada en vigencia de los cuadros tarifarios, resultantes de las audiencias públicas, para las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, no podrá exceder del 9 de julio de 2025.
En la misma norma se prorroga la intervención del ENRE y ENARGAS hasta la constitución, puesta en funcionamiento y designación de los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, un organismo que nucleará a los dos. Una vez formado, será la Secretaría de Energía la encargada de designar a los miembros del directorio.
Una de las causas que justifican la extensión de la emergencia están la herencia recibida, "por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas adoptadas por pasadas administraciones", afirma el decreto.
El sector energético recibido por el gobierno de Javier Milei muestra una vulnerabilidad y estado crítico en tres aspectos claves: en el sistema económico recaudatorio; en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro; y en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda.
En la última aparición pública de Eduardo Rodriguez Chirillo como secretario de Energía, confirmó que el país espera una consolidación de inversiones progresiva: 2025, US$ 12.500 millones; 2026, US$ 14.000 millones y gracias a la previsibilidad y confianza que da el RIGI se le suma en 2025 unos US$ 2.500 millones y en 2026 otros 2.500 millones.
En los primeros siete meses de 2024, Argentina logró un superávit energético de US$ 2.934 millones; la producción de petróleo más alta de los últimos 15 años en el primer semestre y para el gas fue el pico de 17 años; Reducción de 40,9% en subsidios energéticos: ahorro de US$ 2.736 millones; Se consolidaron US$ 30.000 millones de inversiones para los próximos dos años gracias al RIGI; finalización de la planta Tratayen con un ahorro de US$ 750 millones; Récord histórico de transporte de gas y producción de energía nuclear
