El crecimiento de Chile ha demostrado su resiliencia en los últimos años y el oportuno endurecimiento de su política monetaria ha contribuido a reducir la inflación. Ahora la política debe garantizar la sostenibilidad fiscal y fomentar la productividad, según un nuevo informe de la OCDE.

El último Estudio Económico de Chile elaborado por la OCDE afirma que las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país dependerán en gran medida de su capacidad para reducir las barreras estructurales para aumentar la productividad y la inversión, al tiempo que mantiene unas finanzas públicas sólidas.

Estimular el potencial de crecimiento de Chile requerirá impulsar la digitalización y la innovación, cerrar las brechas de género en el mercado laboral y aprovechar los beneficios de su potencial para generar energías renovables y sus enormes reservas de litio y cobre.

Se prevé que el PIB aumente un 2,3% en 2025 y un 2,1% en 2026, mientras que la inflación descenderá gradualmente hasta un promedio del 3,2% en 2026. El crecimiento se verá impulsado por una recuperación gradual de la inversión, un sólido consumo privado apoyado por el aumento de los salarios reales y la relajación de las condiciones financieras.

"Chile se encuentra en un momento crucial, con importantes desafíos, pero también muchas oportunidades", afirmó el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, al presentar el Estudio en Santiago junto al ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel.

"Chile necesita centrarse en impulsar su potencial de crecimiento. Para ello, es necesario realizar inversiones y reformas estructurales significativas. Si se aprovechan sus abundantes recursos naturales y sus sólidas instituciones, Chile puede lograr un crecimiento económico más fuerte, más sostenible y mejor compartido", agregó. 

La deuda pública de Chile sigue siendo inferior al promedio de la OCDE, pero ha ido en ascenso al tiempo que aumentan las presiones del gasto a largo plazo. Para situar la deuda en una senda descendente y abordar las necesidades de gasto, será necesaria una mayor eficiencia del gasto y movilizar los ingresos fiscales, entre otras cosas, ampliando el impuesto sobre la renta de las personas físicas, reduciendo las exenciones fiscales regresivas y continuando la lucha contra la evasión tributaria.

Para acelerar la productividad será necesario impulsar la digitalización y la innovación. Chile tiene una de las tasas de conectividad más altas de América Latina tras los esfuerzos de política pública para cerrar las brechas digitales.

Sin embargo, el uso empresarial de las herramientas digitales sigue siendo limitado, sobre todo entre las pymes y microempresas. El aumento del gasto público en I+D y la simplificación de los programas de subvenciones a la I+D fomentarían un mayor gasto en este ámbito por parte del sector privado.

Chile se enfrenta a la escasez de trabajadores altamente cualificados para las transiciones digital y verde. Se necesitan esfuerzos a todos los niveles en educación y formación, incluida la formación continua y la recapacitación, para seguir el ritmo de la transición digital.

Asimismo, las desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres han disminuido en Chile, pero se requieren más esfuerzos para facilitar la participación de la mujer en el mercado laboral. Ampliar el acceso a servicios de alta calidad en cuidado de niños y personas mayores ayudaría a Chile a liberar todo su potencial en el ámbito de la fuerza laboral.

Chile se enfrenta a importantes riesgos climáticos y se ha fijado ambiciosos objetivos para descarbonizar su economía. Para disminuir el impacto de los riesgos climáticos, es necesario reforzar las capacidades y la coordinación del gobierno e invertir en infraestructuras resilientes.

Los esfuerzos para aumentar las energías renovables requieren simplificar la regulación, impulsar la inversión, mejorar la transmisión eléctrica y las infraestructuras portuarias, así como aumentar los precios del carbono para cumplir los objetivos climáticos y aprovechar los beneficios de la transición verde.