A pocos días del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza (del 9 al 13 de junio), un número creciente de naciones ha reafirmado su compromiso con la protección de los ecosistemas de aguas profundas y la necesidad de una pausa precautoria en la minería de las profundidades marinas. Desde 2022, un total de 33 Estados de Europa, América y el Pacífico se han unido a esta postura, la cual se fundamenta en numerosos informes y análisis científicos recientes.

La protección de los ecosistemas de aguas profundas se ha posicionado no solo como un imperativo jurídico, sino también como una necesidad científica, medioambiental y económica. Los fondos marinos profundos, que constituyen casi el 54% del océano, albergan una vasta diversidad de especies, muchas de ellas aún desconocidas y exclusivas de estos entornos. Sin embargo, solo un 5% de estos ecosistemas ha sido explorado hasta la fecha

La comunidad científica enfatiza que el conocimiento actual es insuficiente para comprender los posibles impactos directos e indirectos de la explotación minera en estas zonas, haciendo indispensable la aplicación del principio de precaución. Los estudios indican que:

+Biodiversidad única: Los ecosistemas de aguas profundas contienen miles de especies desconocidas, y sus recursos genéticos podrían impulsar la innovación en salud, nutrición y la lucha contra el cambio climático.

+Fragilidad y lenta regeneración: Los hábitats de aguas profundas son extremadamente frágiles y se regeneran con lentitud; por ejemplo, los nódulos polimetálicos, valiosos por sus metales raros, crecen a un ritmo de 1 a 10 mm por millón de años.

+Rol climático crucial: Las profundidades marinas son fundamentales en el almacenamiento de carbono y la regulación del clima global.

+Riesgos a gran escala: La minería podría generar columnas de sedimentos que afectarían la vida silvestre, el comportamiento de las especies y transportar metales pesados a lo largo de la cadena alimentaria.

De acuerdo con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), los recursos minerales en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales son patrimonio común de la humanidad. Su gestión colectiva y responsable recae exclusivamente en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AII). Cualquier intento de explotación minera fuera de este marco jurídico internacional sería contrario al derecho internacional.

En este contexto, la comunidad internacional hace un llamado a garantizar la protección de las profundidades marinas y sus recursos. Toda actividad en estas zonas debe regirse por un marco jurídico multilateral, evaluaciones científicas exhaustivas e independientes de los impactos ambientales, y los principios de transparencia, cooperación internacional y prevención.

Las naciones adheridas a esta declaración se comprometen a contribuir activamente en las negociaciones de las Reglas, Reglamentos y Procedimientos de la ISA para asegurar la protección ambiental efectiva y el respeto al patrimonio común de la humanidad.

Los países que respaldan esta declaración incluyen: Austria, Chile, Costa Rica, Ecuador, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Palaos, Panamá, Perú, Portugal, España, Suecia, Suiza y Vanuatu.