En su última sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 244/25, emitido por el Poder Ejecutivo, que establece una baja transitoria de impuestos para la actividad minera con el objetivo de promover inversiones y reactivar el sector.

En base al equilibrio fiscal alcanzado por Salta los últimos cinco años, en 2024 se produjo un superávit del 2%, unos 42 mil millones de pesos, que serán utilizados en partes iguales ($14 mil millones) para avanzar con la obra de la Autopista del Valle de Lerma; el pago de cuotas de la deuda del Bono del Bicentenario y para la propuesta de simplificación tributaria y reducción impositiva presentada.

El senador por el departamento de Orán, Juan Cruz Curá, fue el encargado de presentar el decreto ante el recinto y explicó que la medida responde a la necesidad de recuperar competitividad frente a otras provincias y regiones del país. "Busca reactivar el sector minero y promover inversiones genuinas en Salta", afirmó.

 El proyecto contempla la reducción del orden del 80% de 15 tasas mineras relacionadas a vacancias y cateos en busca de mayor competitividad.  El senador Curá opinó que la propuesta viene a dar competitividad a la provincia. Caro Dávalos consideró necesario orientar inversiones a los sectores de salud, educación y seguridad, aclarando el ministro que el 75% del Presupuesto en ejecución va dirigido a esos sectores.

Desde 2019 está vigente una ley que exige que entre el 40% y el 70% de los trabajadores y proveedores tengan domicilio en Salta, dependiendo del proyecto. “Se creó un registro que exige para una empresa una composición del 51% de capital local. También se aplican sanciones y se está revisando la normativa para mejorar su eficacia”, señaló Sassarini. Agregó que se trabaja con una consultoría internacional para presentar un proyecto normativo superador.

 Curá precisó que antes del aumento de tasas, iniciar una exploración minera tenía un costo de $4.000, monto que, tras el proceso inflacionario, llegó a superar los $34.000.000. Con la implementación del decreto, ese costo se reducirá a $4.300.000, lo que representaría un alivio significativo para las empresas interesadas en invertir en la provincia.

Cuando se presentó el proyecto en comisiones, De los Ríos explicó que la caída del precio del litio ralentizó a la actividad minera, que hasta finales de 2024 completó en Salta 35 meses de crecimiento continuo, donde el empleo crecía por encima de la media nacional. Esto afectó en especial a las empresas junior, que se vieron obligadas a discontinuar proyectos por dificultades de financiamiento. “Las grandes firmas continúan y la situación tenderá a normalizarse con el inicio de inversiones clave, como el proyecto Rio Tinto, adherido al RIGI, que ya construyó una planta piloto y prevé una inversión total de 2.700 millones de dólares en dos años”, detalló.

La secretaria Claros explicó que el DNU se enmarca en una serie de medidas fiscales orientadas a diversos sectores productivos entre las que se incluyen beneficios para el comercio y la gastronomía, con una baja del 20% en Ingresos Brutos y la disminución del impuesto de sellos, que serán propuestas en un Proyecto de Ley, aclarando que se debió recurrir a un DNU en el caso del régimen promocional minero para agilizar la competitividad de Salta.

“El DNU devuelve las tasas de exploración a los valores de inicios de 2023 para recuperar la competitividad frente a otras provincias mineras. La actualización previa de la unidad tributaria, que se define mediante el IPC, había elevado los costos a niveles que impedían el desarrollo de nuevos proyectos”, explicó.

Sassarini, por su parte, recordó que hasta diciembre de 2024 había tres proyectos de litio en fase de construcción (POSCO, Eramine y Mariana) que empleaban a más de 1.500 personas. “Hoy esos proyectos finalizaron esa etapa y funcionan al 40% de su capacidad, lo que refleja la naturaleza cíclica del sector”, dijo. Y agregó: “La medida busca reactivar especialmente la exploración, donde hay 30 proyectos de litio y cuatro metalíferos en carpeta”.

Además del régimen tributario, los funcionarios hicieron hincapié en los desafíos logísticos, energéticos y ambientales que enfrenta la minería. Se destacó la urgencia de pavimentar tramos de la Ruta nacional 51, que compone el corredor Bioceánico, así como la necesidad de fortalecer el Nodo Logístico de Güemes, avanzar con el Belgrano Cargas y gestionar ante la Agencia de bienes del Estado para habilitar el ramal C14.

“La electrificación de la Puna es clave para el desarrollo. Hay tres empresas interesadas en invertir más de 1.000 millones de dólares en ese proyecto: Genneia, YPF y Central Puerto. Hoy la zona requiere tendidos de media y alta tensión, y no hay infraestructura para transportar la energía solar generada en la Puna”, explicó De los Ríos.

Respecto al uso del agua, se abordó el caso del megaproyecto de cobre Taca Taca, con una inversión estimada de 3.000 millones de dólares. “Debemos ser muy responsables. Se está trabajando en estudios hidrogeológicos para garantizar que haya certeza sobre el uso del recurso, de manera que sea sostenible y beneficioso para toda la provincia”, sostuvo el ministro.

Los senadores subrayaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre el cumplimiento de las leyes que regulan el empleo y la contratación de proveedores locales. Caro Dávalos celebró la reacción del Ejecutivo y pidió avanzar en medidas que garanticen que los beneficios lleguen a las comunidades originarias.