JUAN CARLOS ORTIZ*

En abril de este año, la minería formal en el país sumó una cifra histórica de 254,687 empleos directos, un aumento interanual del 10.5% respecto a abril de 2024, según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Saludamos este récord de empleo pues efectivamente refleja el avance y fortalecimiento de la industria como motor de desarrollo económico para el país pues aporta al 14% del PBI nacional. Es una oportunidad para aprovechar la creciente demanda de minerales y diversos proyectos en expansión. 

Recordemos que un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) del 2024, daba cuenta que el empleo minero posee un efecto multiplicador en la economía peruana porque la minería está encadenada a otros sectores. Así, el estudio concluye que, por cada empleo que se genera directamente en el sector minero, se originan 8 empleos adicionales. Este sector clave para la economía nacional integra a las comunidades en los beneficios del desarrollo minero, pues en las faenas mineras también se emplea a trabajadores locales.

De otro lado, resaltamos que el cierre de minas es un proceso fundamental y desafiante dentro de la gestión estratégica en la industria minera. Mediante una planificación adecuada se puede lograr un exitoso cierre de mina. Es preciso apuntar que un cierre de mina organizado puede reducir el riesgo financiero y el costo final de esa compleja etapa, pues como explica el ingeniero Osvaldo Aduvire, cerrar una mina llega a costar hasta el 50% de la inversión inicial de un proyecto minero.

Desde el IIMP señalamos que otro factor sumamente importante para tomar en cuenta es que el cierre progresivo de una mina no solo tiene como fin clausurar una operación sino lograr la rehabilitación responsable y total del terreno donde se ubicó durante esos años el yacimiento minero.

Para promover esta práctica fundamental en la gestión ambiental y responsable de los recursos es necesario devolver el equilibrio ecológico, cumpliendo los estándares ambientales y mitigando los impactos, ya que tras este proceso se podrá volver a usar ese suelo beneficiando a las comunidades de la zona de influencia donde se desarrolló el proyecto minero. 

Finalmente, coincidimos con la preocupación mostrada por la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, sobre la pretensión de querer aprobar el dictamen que beneficiaría a la minería ilegal, pese a los reiterados pedidos de aguardar a la próxima legislatura para un mayor debate y análisis sobre su impacto.

Es cuestionable el interés y aparentes presiones que tratan de impulsar la aprobación de la iniciativa legislativa, sobre todo tomando en cuenta que acaba de terminar la legislatura y el citado grupo de trabajo parlamentario culmina sus funciones a fines de julio próximo.

Nuevamente recalcamos que, ante estos razonables cuestionamientos, el IIMP, como una organización que impulsa el desarrollo de la minería moderna, responsable y sostenible en el Perú, instamos a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo a trabajar en una norma coherente y consensuada, porque el país y la industria minera necesitan un proceso de formalización minera serio y coherente.

El país como un destino de inversión minera y principal productor de diversos minerales claves para la transición energética global, necesita otorgar entre otros, seguridad jurídica y zonas mineras sin criminalidad para atraer a los mayores inversionistas del mundo.

*Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú