La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha respaldado de forma contundente el informe de la Comisión Investigadora sobre el polémico acuerdo de explotación de litio entre Codelco y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), solicitando su inmediata anulación. Con 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, el parlamento ha elevado la voz de alarma sobre lo que consideran un "perjuicio gigantesco a las arcas fiscales" del país.

El informe aprobado no escatima en críticas hacia la decisión gubernamental de optar por un trato directo con SQM, desechando una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional. Según la Comisión, esta elección ha privado al Estado de al menos US$6.700 millones de dólares de forma inmediata, al preferir utilidades sujetas a las ventas y al precio internacional del litio.

Irregularidades y Falta de Transparencia al Descubierto

Entre las principales conclusiones, el documento señala "cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado", así como una alarmante "falta de criterios técnicos y económicos transparentes" que respalden la vía directa.

Además, la Comisión ha desmentido categóricamente el argumento del posible "valle productivo" –un periodo sin producción entre el fin del contrato con SQM y la llegada de un nuevo operador–, calificándolo de "mentira y mala fe pública de Corfo, SQM y Codelco", una declaración que la instancia investigadora "expresamente condena". Este argumento fue clave para justificar el trato directo, ahora bajo un escrutinio severo.

Recomendaciones Clave: Anulación y Nueva Licitación

Las recomendaciones del informe son claras y contundentes. Se solicita dejar sin efecto el acuerdo suscrito para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.

El informe subraya que el proceso se llevó a cabo sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso y a la ciudadanía, omitiendo detalles esenciales y sin auditorías técnicas y financieras independientes. Asimismo, plantea la necesidad de ampliar y revisar la consulta indígena, considerándola parcial y meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas.

Como alternativa, se propone efectuar una licitación internacional, pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental y económica para el Estado de Chile. La Cámara enfatiza que el acuerdo actual aún no está cerrado, dejando un margen para corregir el rumbo y asegurar que la explotación de la mayor reserva mundial de litio beneficie verdaderamente el interés público.

Finalmente, el informe exige establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia, buscando poner fin a la impunidad en la gestión de recursos estratégicos.

Antecedentes y Debate Parlamentario

El contexto de esta polémica se remonta a 2023, cuando el presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional del Litio, una iniciativa celebrada por su objetivo de generar valor agregado en la cadena productiva del mineral. Sin embargo, a fines de ese mismo año, la firma del memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM generó sorpresa y críticas, dado que Corfo otorgó a Codelco un mandato para negociar con SQM sin informar previamente al Congreso.

Durante el debate parlamentario, legisladores como Catalina Del Real, Johannes Kaiser, Ana María Gazmuri, Miguel Ángel Calisto, Francisco Undurraga, Alberto Undurraga, Matías Ramírez, Andrés Celis, René Alinco y el presidente de la Comisión, Cristián Tapia, manifestaron su respaldo unánime al informe. Todos ellos recalcaron la falta de legitimidad del acuerdo, su opacidad y la afectación a las arcas fiscales, además de criticar el privilegio otorgado a SQM, una empresa con un historial cuestionado por financiamiento irregular de la política.

La discusión también reiteró la visión de que el litio es un mineral estratégico para el futuro de Chile, exigiendo políticas claras y, en algunos casos, insistiendo en la creación de una empresa nacional del litio que permita al Estado controlar directamente este recurso vital.