El gobierno peruano ha reafirmado su compromiso con la formalización minera y la lucha contra las actividades ilegales, anunciando la exclusión de más de 45.000 registros del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esta medida, impulsada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, busca depurar el padrón de aquellos que no reportan actividad ni presentan la documentación requerida, diferenciando a los mineros formales de quienes usan el sistema como fachada para ilícitos.

La presidenta Boluarte, en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, señaló que el proceso de formalización solo continuará para 31,560 registros activos en el Reinfo y aquellos suspendidos por un máximo de un año. El resto quedará fuera del proceso.

“Continuarán su proceso de formalización 31,560 registros y quedan excluidos 50,565 registros por no realizar actividad minera o no tener la documentación al día”, sostuvo la mandataria, agregando que “estas normas buscan ordenar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, separando al minero en proceso de formalización de aquel minero que no ha cumplido con los requisitos para formalizarse”.

La presidenta también denunció que detrás de estos registros excluidos hay prácticas ilícitas relacionadas a la minería informal. “Han ido traficando durante muchos años con esos registros ilegales. A esos ciudadanos les decimos: incorpórense a esta formalización de una minería legal, que respete el medio ambiente y que respete la vida. No vamos a permitir que ocurran más situaciones como la que ha ocurrido en Pataz”.

Boluarte también criticó a quienes han impulsado protestas y bloqueos, señalando que muchos de ellos tienen motivaciones políticas y engañan a la población. “Hay algunos líderes en frentes de defensa o algunos políticos que, aprovechando esta situación. Estos pseudo dirigentes, líderes, nuevamente quieren confundir a alguna parte de la población peruana con ambiciones o apetitos eleccionarios”, dijo. Y concluyó: “A estos señores que se hacen llamar líderes: sean un poco más serios en el papel que tienen, no pueden estar llamando a la población con mensajes falsos”.

El ministro Jorge Montero Cornejo fue enfático al aclarar que la exclusión de estos registros no implica dejar a nadie sin trabajo, ya que corresponden a individuos que no han reportado actividad minera o no han actualizado su documentación en más de cuatro años. "Estamos tomando las medidas adecuadas para defender el derecho al trabajo de los pequeños mineros que buscan formalizarse, y el estado de derecho no retrocederá", declaró Montero, respaldado por la presidenta Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

El gobierno ha extendido el plazo para el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025, y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de su Dirección General de Formalización Minera (DGFM), brindará apoyo técnico para la revisión de los Instrumentos de Gestión Ambiental y Fiscalización (IGAFOM) y reforzará la plataforma Extranet para el registro de declaraciones semestrales de producción. Asimismo, el MINEM ha hecho un llamado a los titulares de concesiones mineras para que dialoguen con los pequeños mineros y mineros artesanales con REINFO vigente que operan en sus propiedades, buscando facilitar un proceso exitoso.

Desde el sector, Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), ha expresado una profunda preocupación por el uso indebido del REINFO. Ortiz advierte que el registro ha sido utilizado como "fachada por operadores vinculados al crimen organizado y actividades ilegales", y subraya la necesidad imperante de excluir a estos actores ilegítimos.

El representante del IIMP propone establecer "filtros rigurosos y estándares técnicos" para cualquier renovación del sistema, garantizando transparencia y la identificación de los verdaderos beneficiarios. Además, enfatiza que el proceso de formalización debe tener plazos definidos, controles técnicos y estándares mínimos de seguridad y ambientales para no comprometer la salud, la seguridad ni el entorno de las comunidades. Ortiz también ha cuestionado la imposición de la servidumbre minera sin acuerdo, advirtiendo que podría "destruir el sistema de concesiones" y transferir pasivos ambientales y sociales a los titulares de las concesiones.

La estrategia peruana para abordar la minería informal se basa en un enfoque dual: por un lado, una depuración estricta del REINFO para eliminar a quienes no cumplen con los requisitos o incurren en ilegalidades; por otro lado, la extensión y el apoyo técnico para aquellos mineros artesanales y de pequeña escala que demuestran un compromiso genuino con la formalidad.

El objetivo es transitar hacia una minería responsable, que respete los estándares ambientales y laborales, y que contribuya al desarrollo sostenible del país. Este proceso busca no solo ordenar el sector, sino también fomentar la inversión y el crecimiento bajo un marco de legalidad y sostenibilidad.