La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Resolución 311/2025, avanza con la ejecución del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, al definir las tres primeras obras estratégicas que serán licitadas bajo un modelo de concesión a inversores privados.

Las licitaciones serán de carácter nacional e internacional, abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos.

Las obras seleccionadas son AMBA I, que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo a la vez que permitirá evacuar parte de la generación de COMAHUE; y la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.

Estas obras forman parte del conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que identificó zonas críticas del país donde el crecimiento de la demanda eléctrica no fue acompañado por la infraestructura necesaria. La planificación se basó en estudios técnicos liderados por la Secretaría de Energía junto a CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, entre otros actores del sector.

El estado actual del sistema eléctrico revela deficiencias estructurales que derivan en cuellos de botella, interrupciones del servicio y altos costos por generación forzada. La obra AMBA I, por ejemplo, reducirá la necesidad de generación ineficiente y mejorará la confiabilidad del sistema en uno de los principales centros de consumo del país, donde se concentra el 40% de la demanda de energía nacional.

"A diferencia de los modelos anteriores, el nuevo esquema se basa en un régimen de concesión de obra, en el cual la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del sector privado, sin comprometer recursos del Estado", remarca el comunicado de la Secretaria de Energía.

Con esta iniciativa, el Gobierno impulsa una transformación estructural con más eficiencia, menor gasto público y mayor participación del sector privado en la modernización del sistema energético nacional.

Según el último informe de la consultora Aleph Energy, la demanda total de electricidad en Argentina experimentó una notable disminución del 10,4% interanual, ubicándose en 10.945 GWh. Este descenso se atribuye en gran medida a un mayo excepcionalmente templado, con temperaturas medias superiores en 4°C al mismo mes del año anterior, lo que redujo significativamente el consumo en los sectores residencial y comercial.

La potencia instalada total en Argentina alcanzó los 43.778 MW, con un leve incremento interanual del 0,7%. Las fuentes renovables mostraron un crecimiento notable en potencia instalada, con un 5,2% interanual, totalizando 7.157 MW. La energía solar lideró este crecimiento con un 15,6% de aumento en potencia instalada.

A pesar de estas señales de normalización y las oportunidades para los inversores, el informe de Aleph subraya que persisten desafíos estructurales, especialmente en la red de transmisión, que sigue siendo un "cuello de botella". La transición energética, aunque en marcha, se prevé que sea lenta, particularmente en los sectores más regulados. El gobierno busca avanzar hacia contratos con precios más libres y licitaciones competitivas para impulsar la expansión del sector.

El informe concluye que, si el contexto macroeconómico acompaña y los actores del sistema responden con responsabilidad, Argentina podría estar frente a un escenario mucho más dinámico en el sector energético.