Juan Carlos Ortiz*

Entre enero y mayo de este año, según cifras oficiales, la producción acumulada de cobre, mineral bandera del país, alcanzó 1,107,565 toneladas métricas finas, un aumento de 2.8% frente al mismo periodo del 2024. Este resultado fue liderado por Southern Perú, Las Bambas y Cerro Verde, mientras que Moquegua se consolidó como la principal región productora, seguida por Apurímac, Arequipa y Áncash.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, resaltamos que la minería es fundamental para el desarrollo económico nacional, ya que no solo genera empleo, fomenta inversiones, dinamiza negocios locales y aporta recursos clave como el canon y las regalías mineras, que impactan directamente en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos mineros.

En este marco, vemos con optimismo la proyección del economista y socio de la consultora Macroconsult, Elmer Cuba sobre el potencial inicio de operación de once proyectos mineros de cara al 2028, con una inversión conjunta de US$8,000 millones. Su ejecución permitirá sostener el flujo de divisas, contribuyendo a que el Perú recupere su segunda posición global como productor de cobre, con una meta de 4 millones de TMF anuales.

Sin embargo, este panorama alentador se ve amenazado por el avance de la minería ilegal. Según el Minem, más de 48,000 mineros fueron retirados del Reinfo sin presentar reconsideración. Tras tres semanas de instalada la mesa de trabajo de 60 días para consensuar una nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley Mape), esperamos que el texto resultante se base en criterios técnicos y marque un verdadero cambio hacia la formalización.

La minería ilegal no solo contamina el medioambiente, sino que trae consigo criminalidad, inseguridad, trata de personas e incluso la muerte de trabajadores. Por ello, urgimos a las autoridades a implementar un plan integral con objetivos, plazos y responsabilidades claras, que articule acciones entre todas las instituciones involucradas.

Saludamos las intervenciones de la Fiscalía Ambiental, que sigue clausurando bocaminas y campamentos ilegales, y reiteramos la necesidad de reforzar la inteligencia operativa, el control de insumos, explosivos, maquinaria pesada, operativos de interdicción y destrucción de dragas y equipos. Solo así podremos poner fin a más de una década de ilegalidad impulsada por un fallido proceso de formalización.

*Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)