La Convención Minera PERUMIN 37 puso el foco en dos desafíos estructurales que amenazan la gobernanza y el desarrollo social de Perú: la expansión del crimen organizado a través de la minería ilegal y la persistencia de altos niveles de informalidad y corrupción en la economía nacional. Los expertos coincidieron en que la solución a ambos problemas requiere una acción coordinada y un cambio de paradigma en la responsabilidad corporativa.
En el marco del Foro de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, lanzó una seria advertencia: la minería ilegal no es un delito aislado, sino un "conglomerado de delitos" que genera una enorme problemática y convulsión en las comunidades.
Zevallos identificó que junto a la operación ilícita aparecen hasta 21 tipos penales en el Código Penal. Estos incluyen: Invasiones y extorsiones; Sicariatos y asaltos;Tráfico de insumos (químicos y maquinaria).; Corrupción y lavado de activos.
El especialista enfatizó la necesidad de diferenciar claramente la minería ilegal de la artesanal. La minería artesanal, aunque pequeña, busca operar de forma lícita, mientras que la ilegal opera sin licencias y se convierte en una amenaza directa para los mineros artesanales, quienes son las primeras víctimas del crimen organizado.
Además, Zevallos subrayó el impacto regional del fenómeno. El "oro peruano ilegal" no se detiene en las fronteras, sino que se comercializa, ingresa y se moviliza a países vecinos como Bolivia, Colombia y Ecuador para ser blanqueado. Por ello, instó a los países de la Comunidad Andina a coordinar estrategias para entender y combatir este fenómeno transnacional.
Durante el Encuentro Logístico, el debate se centró en la elevada informalidad laboral que socava el crecimiento inclusivo del país. Enrique Alania, director de Negocios Corporativos de ESAN, expuso cifras alarmantes: entre el 45% y el 70% de los peruanos con empleo trabajan de manera informal, colocando a Perú en el segundo lugar de informalidad en América Latina (76%), solo detrás de Bolivia (80%).
Alania destacó que solo el 11% de la población en Perú tiene un "trabajo decente". Este concepto debe incluir condiciones mínimas como contrato formal, jornada laboral definida, salario acorde al mercado, seguro de salud y afiliación a un sistema de pensiones.
Un punto crítico señalado por Alania es que la tolerancia a la informalidad se extiende incluso al sector formal, ya que el 15% de la informalidad total proviene de las propias empresas formales.
Propuesta de Solución y Responsabilidad Compartida
Para combatir este flagelo, Alania propuso que cada empresa mida su propia informalidad laboral, incluyendo no solo a sus trabajadores directos, sino también a su cadena de valor: clientes, proveedores y el empleo indirecto que generan.
Tamiko Hasegawa, gerente de Sostenibilidad e Innovación de Anglo American, reforzó esta postura al señalar que, en Moquegua, el 63% de la población trabaja en actividades informales. La minera ha respondido con un modelo de abastecimiento responsable, midiendo los empleos generados en su cadena de valor para impulsar la formalización local.
El consenso en PERUMIN 37 fue claro: la lucha contra la informalidad y la corrupción no es una tarea exclusiva del Estado. El sector privado, especialmente la minería por su capacidad de arrastre económico, debe involucrarse activamente en la formalización y en la construcción de una economía más justa y transparente, entendiendo que la corrupción (el abuso de poder para beneficio propio) es un delito público que atenta contra el bien común.
