Con el fin de abordar el impacto que tendrá la implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en faenas mineras, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, asistió a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, instancia en la que informó que más de 300 instalaciones mineras se podrían ver afectadas con la actual definición de sitios prioritarios.
En la oportunidad, Riesco sostuvo que al interior de la federación gremial existe preocupación por este tema y añadió que “nosotros hemos identificado un total de 301 instalaciones mineras ubicadas dentro de los sitios prioritarios: 62 en la macrozona norte y 239 en la macrozona centro. Para nosotros es demasiado, particularmente en la zona central, que está dedicada al desarrollo de la industria minera. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es revisar las faenas que actualmente están en los sectores delimitados”, enfatizó.
Respecto a las concesiones, hay más de 8.900 afectadas en total, con más de 4.200 solo en la macrozona norte. Esto podría generar restricciones significativas en las operaciones, mayores requisitos para obtener permisos sectoriales, e incluso se podrían ver obligadas a implementar costosas medidas de compensación ambiental.
Riesco detalló que SONAMI ha venido trabajando en este tema, efectuando talleres, especialmente para la pequeña y mediana minería que son los más afectados, con el propósito de impulsar la participación en el proceso de consulta pública actualmente vigente del Ministerio de Medio Ambiente; y adicionalmente, se ha conversado con gremios, ex presidentes de la República, líderes, e incluso, con la ministra de Minería Aurora Williams, quien se comprometió a formar una mesa de trabajo para analizar los reglamentos y promover que sean discutidos con transparencia y sin urgencia.
“Hoy, no existe claridad sobre los criterios con los cuáles se fijaron para determinar las áreas prioritarias, las cuales abarcan un extenso territorio. Por lo tanto, es necesario participar en la consulta pública y revisar los sitios con mucho cuidado y cautela”, agregó Riesco.
Explicó también que esta ley no sólo afecta a la minería, sino que también a varios sectores productivos, entre ellos, energía, agricultura, forestal, construcción, pesca y acuicultura, por lo que ya se ha tomado contacto con otras ramas para que puedan levantar el impacto en sus sectores y utilicen el proceso de consulta pública que está disponible.
