El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo un encuentro clave con Diego Santilli, designado Ministro del Interior, para abordar la agenda económica y productiva de la provincia. La reunión puso el foco en la necesidad de avanzar en reformas nacionales, reactivar la obra pública y, fundamentalmente, resolver el "gris" regulatorio que la Ley Nacional de Glaciares impone al desarrollo de proyectos mineros multimillonarios en la Cordillera.

Tras el encuentro, Orrego destacó que la minería es uno de los tres motores fundamentales de la economía argentina, junto con los granos y Vaca Muerta. "La Argentina tiene tres motores fundamentales: los granos, Vaca Muerta y la minería. En este contexto de oportunidades que nos da el mundo, hay dos minerales críticos: el litio, que es táctico, y el cobre, que es estratégico", afirmó el Gobernador.

San Juan es estratégica para el suministro global de cobre, un mineral vital para la transición energética. Orrego recordó que, de los diez proyectos de cobre que existen en el país, seis se encuentran en San Juan y muchos de ellos están en etapa avanzada de desarrollo. Proyectos como El Pachón (en Calingasta) y los del distrito Vicuña dependen de un marco legal claro para avanzar.

Sin embargo, el factor limitante es la Ley de Glaciares. Esta normativa, cuyo objetivo es preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, establece una prohibición directa de actividades exploratorias y extractivas en esas zonas sensibles.

Para la industria minera y el gobierno sanjuanino, la Ley N.º26.639 se ha convertido en una barrera legal que paraliza o ralentiza inversiones. La superposición de grandes yacimientos de cobre y oro con las áreas identificadas como periglaciares genera una profunda incertidumbre.

Orrego fue claro en su pedido a Santilli: "Es necesario concluir con ese circuito [la reglamentación] y definir que sean las provincias las autoridades de aplicación. Eso le daría claridad a la actividad minera y previsibilidad a las inversiones", remarcó el mandatario.

El argumento central es que una reglamentación precisa y acotada, que otorgue la potestad de aplicación a las provincias, permitiría distinguir las áreas donde la minería puede ser viable bajo estrictos controles ambientales de aquellas donde el ecosistema glacial debe ser estrictamente protegido, destrabando así el enorme potencial económico de la provincia.