En un contexto de expansión del sector minero y de creciente demanda de insumos estratégicos, referentes de cámaras empresarias, sindicatos, compañías operadoras y expertos legislativos avanzan en la elaboración de un borrador de la Ley de Proveedores Mineros, una iniciativa que busca consolidar un marco normativo nacional para fortalecer la competitividad y el desarrollo de la cadena de valor local.

El documento preliminar —que comenzó a circular en ámbitos industriales y gobiernos provinciales mineros— propone estándares comunes para la certificación, profesionalización y financiamiento de proveedores, con el objetivo de dotar al sector de condiciones más estables y previsibles para acompañar el crecimiento de proyectos de litio, cobre, oro y plata en distintas regiones del país.

Un marco unificado para un sector en expansión

Entre los ejes centrales trabajados en el borrador, se destacan:

Registro Nacional de Proveedores Mineros, con criterios unificados en todo el territorio para evitar la fragmentación normativa actual.

Incentivos para la contratación de bienes y servicios locales, especialmente en pymes regionales, con mecanismos de trazabilidad y auditoría.

Programas federales de capacitación laboral y certificación técnica para elevar estándares de seguridad, calidad y productividad.

Líneas de financiamiento específicas a través de bancos públicos y agencias de inversión, orientadas a capital de trabajo, innovación y exportación de servicios mineros.

Promoción de encadenamientos productivos entre proveedores nacionales y grandes operadoras, con foco en manufactura metalmecánica, transporte, tecnología aplicada y servicios industriales.

Metas de contenido local graduales y adaptadas a cada provincia, evitando impactos sobre la competitividad de los proyectos.

Según fuentes del sector, la intención es que la futura ley funcione como un “piso de reglas claras” que permita ordenar y profesionalizar un universo de más de 7.000 empresas vinculadas a la minería, al mismo tiempo que se impulsa la creación de empleo en zonas cordilleranas y regiones del NOA donde los proyectos de litio y cobre toman mayor dinamismo.

Consenso entre provincias y empresas

El borrador está siendo trabajado de manera colaborativa con gobiernos provinciales mineros, que ven en la futura ley una herramienta para fortalecer el desarrollo local sin reproducir esquemas rígidos o poco realistas. La participación de cámaras como CAEM, CAPMIN y asociaciones pyme regionales busca asegurar que la norma refleje la heterogeneidad del ecosistema productivo.

“Argentina tiene una oportunidad histórica para consolidar una industria proveedora competitiva a escala internacional. Pero para eso se necesitan reglas comunes, incentivos y una visión federal”, señalaron referentes que participan del proceso.

Hacia una propuesta consensuada para el Congreso

La intención del sector es que la propuesta pueda presentarse formalmente al Gobierno nacional en las próximas semanas, con la expectativa de que ingrese al Congreso durante 2025 como parte de la agenda de desarrollo de la industria minera.

Mientras tanto, el borrador continúa recibiendo aportes técnicos, en particular sobre esquemas de financiamiento, innovación tecnológica, normas ambientales para proveedores y mecanismos para impulsar exportaciones de servicios mineros argentinos, especialmente en perforación, ingeniería, transporte y mantenimiento industrial.