El Gobierno confirmó que el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares será parte del temario que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el próximo 10 de diciembre.

Según fuentes oficiales, la decisión de avanzar con el debate apunta a “dotar de mayor claridad jurídica” a un régimen que, desde su sanción en 2010, ha sido objeto de controversias sobre su alcance, particularmente en materia de definición de ambientes periglaciares, zonas protegidas y restricciones a proyectos de inversión.

La Ley 26.639, conocida como Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, establece un régimen de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, con restricciones para actividades que puedan afectar las zonas definidas como estratégicas para la preservación de reservas hídricas.

Diversos sectores productivos —en particular la minería metalífera y algunos proyectos energéticos de alta cordillera— han planteado la necesidad de actualizar la norma para precisar definiciones, evitar superposiciones regulatorias y garantizar seguridad jurídica.

Del otro lado, organizaciones ambientales y asambleas ciudadanas sostienen que cualquier intento de modificación debe garantizar la protección estricta de los glaciares y rechazan cambios que habiliten actividades productivas en zonas sensibles.

Qué se espera del debate

Si bien aún no se conocen los detalles del proyecto que el Ejecutivo buscará discutir, fuentes legislativas anticipan que el Gobierno podría impulsar una revisión de:

+La definición de “ambiente periglacial” y sus criterios de delimitación.

+Las restricciones para actividades de exploración y explotación minera.

+Los alcances de la autoridad de aplicación nacional frente a las provincias.

+Los estándares para el inventario de glaciares y su actualización periódica.

La intención oficial sería generar un marco normativo “más claro y operativo”, en línea con estándares adoptados por otros países cordilleranos, sin perder los objetivos de conservación.

Desde cámaras empresarias y gobiernos provinciales se observa el avance con cautela pero también como una oportunidad. Jurisdicciones con fuerte potencial para el cobre, la plata y el litio en alta cordillera señalan que contar con un marco “moderno, claro y previsible” es clave para atraer inversiones de largo plazo.

También argumentan que la existencia de inventarios con definiciones amplias o superpuestas ha generado incertidumbre, paralización de permisos y conflictos judiciales que buscan resolverse mediante una actualización normativa.

Con la inclusión de la Ley de Glaciares en las extraordinarias, el Gobierno incorpora uno de los proyectos más sensibles de la agenda ambiental y productiva. El debate promete tensiones entre provincias cordilleranas, sectores económicos, organizaciones ambientales y bloques legislativos, y podría convertirse en uno de los ejes centrales de la actividad parlamentaria durante el cierre del año.