El gobierno de la Nación dio un nuevo paso en su plan para reactivar la industria hidrocarburífera al anunciar acuerdos con provincias productoras que eliminan las retenciones sobre la exportación de petróleo convencional. En sendos actos, se suscribieron convenios con las provincias de Santa Cruz y Neuquén, tras la firma inicial con la provincia de Chubut.

La medida prevé suprimir los derechos de exportación al crudo convencional, lo que representaba una carga de impuestos para empresas productoras.

Las provincias involucradas — Santa Cruz, Neuquén y Chubut — se comprometieron a revisar regalías y cánones para acompañar la medida. 

Las empresas, a su vez, deberán mantener los niveles de producción y ejecutar inversiones para garantizar la continuidad de la actividad hidrocarburífera. 

En palabras oficiales, la eliminación de retenciones busca “preservar la actividad en cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo” en las regiones productoras. 

El foco en el petróleo convencional responde a la preocupante situación de las cuencas maduras, muchas de ellas en declino, que requieren estímulos para reactivar pozos, reactivar equipos y sostener la producción. 

Desde el Ejecutivo destacaron que el esquema pretende revertir la caída sostenida en regiones tradicionales, brindar un marco de estabilidad para productores, y asegurar que las divisas del petróleo continúen aportando al abastecimiento interno y a la economía nacional. 

En la provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa firmó el acuerdo acompañado por los ministros nacionales, subrayando que la medida “acompaña el esfuerzo” provincial para sostener la actividad hidrocarburífera. 

El gobernador destacó además que, dentro del marco de la “Mesa para la Reactivación de la Producción Convencional”, ya se habían implementado incentivos previos: reducción de regalías (de 15 % a 12 %) y la exención del gravamen de Ingresos Brutos para actividades convencionales. La quita de retenciones aparece como “una herramienta adicional” para consolidar ese objetivo. 

Desde el sector privado, la expectativa es que la medida mejore la rentabilidad de los proyectos, motive nuevas inversiones en campos maduros y ayude a evitar despidos en empresas vinculadas con la producción y explotación de crudo convencional. 

Para el Gobierno, la eliminación de retenciones forma parte de una política más amplia de desgravación al sector energético, con el fin de atraer inversiones, reactivar pozos maduros y garantizar empleo.

Se espera que el alivio fiscal incremente la producción nacional de crudo convencional, lo que podría reforzar la oferta energética interna y mejorar la balanza comercial de hidrocarburos, especialmente en un contexto global de precios fluctuantes e incertidumbre en los mercados.

Al mismo tiempo, tanto las provincias como las empresas asumen un compromiso: los fondos que se dejen de recaudar por retenciones deben reinvertirse en la actividad hidrocarburífera para asegurar su sostenibilidad. 

Con la firma de estos acuerdos entre Nación, provincias productoras y empresas petroleras, el Gobierno argentino redefine el régimen impositivo para el petróleo convencional. Al eliminar las retenciones y ofrecer certidumbre fiscal, se busca revitalizar un sector clave, proteger empleos y sostener la producción en cuencas maduras. La medida —vista como un “nuevo impulso” — podría marcar un punto de inflexión para la industria hidrocarburífera tradicional en Argentina.

El desafío ahora será que las partes cumplan con sus compromisos: inversión, producción sostenida y reinversión de los beneficios derivados de la quita. Solo así podrá evaluarse si la medida logra su objetivo de reactivar un sector clave sin comprometer los ingresos estatales ni la sustentabilidad del sector.