Un conjunto de proyectos busca actualizar marcos regulatorios y acompañar el desarrollo productivo de las provincias. En el marco del Consejo de Mayo, las provincias argentinas avanzaron en la elaboración de un paquete de proyectos legislativos que será elevado al Congreso de la Nación. El objetivo central es modernizar normas clave vinculadas a energía, bosques, acuicultura y explotación de recursos naturales, con la intención de “impulsar una etapa de desarrollo productivo federal y sostenible”.

Según el documento “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”,  las iniciativas incluyen modificaciones de leyes vigentes y la derogación de marcos regulatorios considerados obsoletos, que hoy generan trabas para la inversión o superposición de competencias.

Los principales proyectos que se enviarán al Congreso

1. Modificación del Régimen de Zona Fría

El paquete propone reformar la Ley 27.637, que establece beneficios tarifarios de gas para zonas de bajas temperaturas.

La propuesta plantea sustituir el artículo 3° de la ley para mantener los beneficios exclusivamente en las regiones mencionadas por la normativa, pero delegando en el Poder Ejecutivo la facultad de determinar modalidades de aplicación. Asimismo, se propone derogar los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la ley vigente.

2. Actualización de la Ley de Bosques (26.331)

Se trata de uno de los bloques de reforma más extensos. Los cambios apuntan a:

Ajustar los procedimientos de autorización para desmontes y manejo sostenible, manteniendo la prohibición de intervenir bosques de Categoría I (rojo)

Exigir planes de manejo y aprovechamiento elaborados por profesionales habilitados y avalados por autoridades de aplicación provinciales.

Establecer obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental para desmontes y para aquellos manejos sustentables que puedan generar impactos significativos, detallando criterios ambientales, sociales, culturales y paisajísticos para su análisis

Impedir autorizaciones a personas físicas o jurídicas con infracciones ambientales pendientes de cumplimiento

Estas modificaciones buscan modernizar un régimen que, según sostienen las provincias, debe adecuarse a estándares productivos actuales y a la necesidad de fortalecer controles provinciales.

3. Reforma de la Ley de Acuicultura (27.231)

El Consejo de Mayo propone ampliar el marco regulatorio para acompañar el crecimiento de la actividad.

Entre los cambios planteados:

Reconoce que la producción acuícola puede desarrollarse tanto en ámbitos naturales como en infraestructuras artificiales, incluyendo estanques, jaulas, balsas y futuros desarrollos tecnológicos

Reafirma que Nación y provincias serán responsables de establecer parámetros de explotación sustentable, especialmente la capacidad de carga o de soporte de los sistemas acuáticos utilizados para producción

Ratifica que los permisos y concesiones deben otorgarse según la jurisdicción correspondiente, fortaleciendo el rol de las provincias en la habilitación y control de la actividad.

A su vez, se propone derogar artículos específicos de la ley y referencias normativas para simplificar el marco regulatorio actual.

4. Derogación de la Ley de Gas Licuado de Petróleo (26.020)

La derogación total del régimen regulatorio del GLP constituye una de las medidas más estructurales del paquete.
El documento propone eliminar la ley completa, argumentando la necesidad de actualizar un esquema normativo que ya no responde a las dinámicas actuales del mercado energético

Un movimiento coordinado entre Nación y provincias

El Consejo de Mayo, integrado por gobernadores, representantes de sectores productivos y autoridades nacionales, busca consolidar una agenda legislativa federal. Según el documento, el compromiso de las provincias es avanzar en el uso de sus recursos naturales bajo un esquema de sostenibilidad, trazabilidad y mayor eficiencia administrativa.

Los proyectos serán presentados ante el Congreso como un paquete integral de reformas para su discusión en sesiones ordinarias o extraordinarias, según determine el Poder Ejecutivo.

Qué implica este paquete de reformas

De aprobarse, los proyectos modificarían marcos clave en: Regulación energética; Manejo forestal; Actividades acuícolas; Control ambiental; Competencias Nación–provincias

Para las provincias productoras, el impacto potencial es significativo: permitiría destrabar inversiones, mejorar herramientas de control ambiental y adecuar normativas a las necesidades actuales de desarrollo regional.