El Gobierno argentino expresó este jueves su más enérgico rechazo al anuncio de las petroleras Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (de origen israelí) sobre la decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento offshore Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, en un nuevo capítulo de la histórica disputa de soberanía con el Reino Unido. 

En un comunicado oficial difundido por la Cancillería Argentina, la cartera que conduce Pablo Quirno Magrane calificó el anuncio como una acción “unilateral e ilegítima”, al considerar que las compañías avanzan en actividades de exploración y explotación sin contar con la autorización de la autoridad competente argentina. El Gobierno recordó que la disputa por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes está reconocida por varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a ambas partes a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales en el territorio en disputa. 

El comunicado subraya que toda actividad petrolera en esas áreas, “renovable o no renovable”, debe contar con el permiso de las autoridades argentinas, algo que, según Cancillería, no se ha cumplido, lo que convierte los actos anunciados por las empresas en contrarios al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional. Además, la nota oficial advierte que Argentina no reconoce la jurisdicción de autoridades distintas a la propia para habilitar exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina ni en las áreas en disputa. 

La reacción gubernamental también advierte que tanto Rockhopper como Navitas Petroleum han sido sancionadas con anterioridad por operar sin permisos. Según el texto, Rockhopper fue declarada “clandestina” en 2012 y sancionada con inhabilitación para operar en Argentina por 20 años en virtud de una resolución de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas enfrentó medidas similares en 2022 por desarrollar actividades sin habilitación. 

El comunicado argentino rechaza todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto Sea Lion, incluidas concesiones de explotación, contratos con proveedores de servicios y decisiones asociadas con las operaciones hidrocarburíferas en el área. Asimismo, el Gobierno se reserva el derecho de adoptar acciones administrativas, legales y judiciales para salvaguardar sus derechos soberanos y desalienta la participación de terceros en dichas actividades. 

El anuncio de las empresas

Por su parte, las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum hicieron público un comunicado conjunto en el que confirmaron la decisión final de inversión (FID) para desarrollar la Fase 1 del yacimiento Sea Lion, tras obtener los aprobaciones y consents necesarios y acordar los planes de financiamiento para avanzar con la explotación.

Según el texto difundido por Rockhopper, la FID ya fue tomada y cuenta con el respaldo financiero y contractual para proceder con la ejecución del proyecto, que tendrá una vida útil de al menos 35 años y se desarrollará en fases. La compañía informó que espera que el financiamiento total requerido para alcanzar el primer petróleo ascienda a aproximadamente US$1.800 millones, con un proyecto completo valorado en alrededor de US$2.100 millones.

La primera fase del desarrollo del campo petrolero, que se espera produzca el primer petróleo en 2028, está diseñada para recuperar un volumen significativo de recursos y se prevé que utilice acuerdos de deuda senior y aportes de capital conjunto con Navitas. El plan también incluye contratos clave para la provisión de infraestructura, equipos de perforación y flujos logísticos esenciales para la operación. 

Impacto político y diplomático

La decisión de avanzar con Sea Lion aviva tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, un conflicto histórico que ha marcado las relaciones bilaterales por décadas. La Cancillería recordó en su comunicado las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que instan a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva al diferendo. 

Organismos provinciales como el gobierno de Tierra del Fuego también han expresado su rechazo al avance del proyecto, calificándolo de “ilegal, unilateral y provocador”, y advirtiendo sobre la vulneración de los derechos de soberanía argentinos al explotarse recursos en territorio considerado parte de la plataforma continental nacional. 

Este nuevo cruce se produce en un contexto en el que Argentina busca fortalecer su posición diplomática e impulsar reclamos de soberanía en foros internacionales, mientras que las empresas petroleras y las autoridades de las Islas Malvinas mantienen su estrategia de desarrollo energético con inversiones multimillonarias.