El upstream minero en el Perú se encuentra bajo un escenario de alta sensibilidad operativa y regulatoria debido a las asimetrías generadas por la expansión de actividades extractivas fuera del marco normativo formal.

De acuerdo con el dictamen técnico presentado por Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el país requiere un rediseño de su estrategia sectorial para consolidar la competitividad de las inversiones fijas corporativas (Capex) frente a la proliferación de economías informales que amenazan la estabilidad de los distritos mineros y comprometen los canales de suministro globales de metales básicos y preciosos.

La evaluación gremial de la industria resalta la necesidad de que el Estado asuma un rol activo en el resguardo de la seguridad jurídica y física de las concesiones mineras, acelerando la aprobación de las evaluaciones ambientales y los permisos de exploración profunda. En su análisis difundido a través de la columna del Semáforo Minero, Ortiz fijó la postura institucional del organismo, manifestando: “El Perú tiene una oportunidad excepcional para consolidar su liderazgo minero, atraer nuevas inversiones y generar mayor bienestar para la población. Para ello, es indispensable fortalecer la competitividad del sector, brindar estabilidad jurídica y acelerar el desarrollo de proyectos”. Bajo esta línea conceptual, la entidad considera imperativo que la declaración de la minería como recurso estratégico se materialice en políticas gubernamentales que reduzcan las trabas burocráticas y garanticen un entorno previsible para los operadores de capital privado.

El vector de mayor preocupación para el mercado de capitales mineros radica en las métricas de expansión de la extracción ilícita, un fenómeno que ha pasado de ser un problema sectorial a constituir un factor de riesgo de seguridad nacional. Ortiz puntualizó que las denuncias vinculadas a operaciones mineras ilegales computaron un incremento neto del 53% en el transcurso del presente año fiscal, evidenciando la sofisticación de las estructuras de comercialización transfronteriza de mineral. Ante este panorama, el titular del IIMP remarcó: “Combatir la minería ilegal ya no es únicamente un desafío para el sector minero; es una prioridad nacional vinculada a la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo del país. Solo fortaleciendo las instituciones, promoviendo la inversión y defendiendo la legalidad lograremos que la riqueza minera se traduzca en prosperidad y bienestar para todos los peruanos”.

Para neutralizar los canales de financiamiento de estas redes criminales, el IIMP respaldó la reciente incorporación de herramientas de inteligencia financiera por parte de los entes reguladores estatales, orientadas a auditar la trazabilidad contable de las plantas de beneficio y los despachos en terminales portuarias. La estrategia corporativa del gremio técnico sostiene que la respuesta gubernamental debe integrar de forma simétrica el control físico del territorio, una fiscalización administrativa rigurosa, la persecución penal efectiva y el bloqueo sistemático de las líneas logísticas de compraventa de mineral de procedencia no verificada.