El posicionamiento estratégico y la defensa de las estructuras normativas del upstream metalífero en Chile ingresaron en una fase de evaluación técnica ante las autoridades corporativas y regulatorias del sector.

La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) llevó a cabo su Asamblea Anual de Socios para presentar la Cuenta Pública correspondiente al periodo 2025-2026, una instancia orientada a auditar los avances de la gestión gremial en las áreas de permisología, amparo minero, inversión y reformas legislativas. La agenda del organismo se centró en coordinar una hoja de ruta técnica capaz de contrarrestar los indicadores de pérdida de competitividad que afectan de forma transversal a los estamentos de la pequeña, mediana y gran minería que operan en las diversas regiones del territorio chileno.

Durante las sesiones de análisis técnico, el presidente de SONAMI, Jorge Riesco, puntualizó los ejes de la gestión institucional: “reiterar los temas en los cuales nos hemos centrado; como revisar algunas normativas en la ley de patentes mineras, la ley de áreas protegidas, y además de insistir en la necesidad de contar con medidas que puedan incrementar la producción, incrementar el aporte que la minería hace al país, siempre pensando en una minería sustentable y en el largo plazo”. En consonancia, el vicepresidente de la Mediana Minería de la entidad, Luis Manuel Rodríguez, precisó formalmente los requerimientos de estabilidad jurídica del sector: “como directiva queremos principalmente dar certeza a nuestros asociados, certezas jurídicas, que haya procedimientos y tramitaciones legislativas en que se respeten nuestros derechos como gremio, la propiedad minera, y trabajar en el seguimiento de lo que es el desarrollo del país y de las regiones mineras”. El debate regulatorio sumó la intervención de directivos locales, entre ellos el presidente de la Asociación Minera de Ovalle, Cristopher Ardiles; el presidente de la Asociación Minera de la Araucanía, Carlos Medrano; y el presidente de la Asociación Minera de Arica y Parinacota, Raúl Muñoz.

En el plano legislativo y de control de costos, la directora de la institución y presidenta de la Asociación Minera de San Felipe, Patricia Beiza, evaluó el balance del año 2025 y urgió a concentrar las capacidades técnicas de la corporación para adecuar los marcos jurídicos vigentes, señalando: “en el mediano y en el pronto plazo se puedan revertir algunas leyes que son urgentes, como la ley 21.621 y la 21.420, que es a lo que tenemos que enfocarnos en este momento”. La urgencia de estas reformas técnicas e incentivos a la inversión fue ratificada por las métricas provistas por el Centro de Estudios Mineros de la SONAMI, cuyos informes revelan que Chile ha experimentado una contracción en su protagonismo minero global, registrando un descenso en su cuota de mercado del 37% al 23,2% debido a una pérdida sostenida en sus niveles de extracción física. Frente a esta tendencia de contracción del volumen mineral, el vicepresidente de la Pequeña Minería del gremio, Joel Carrizo, fijó los lineamientos de mercado, concluyendo que “el gran desafío que tiene el sector en este momento es aprovechar los precios de los minerales y metales. Tenemos que ver la manera de sacar provecho, ya sea en producción, inversión y empleabilidad”.